Neoestatismo salvaje

1. ¿Neoliberalismo en Venezuela?

En su intenso periplo por los medios de comunicación en las últimas semanas, Hugo Chávez ha insistido en que durante los cuarenta años de democracia prevaleció en el país un modelo neoliberal salvaje, que fue generando desigualdad, exclusión y miseria en un amplio sector de venezolanos. El Presidente, dado al lenguaje de cliché, que estigmatiza, pero no conceptualiza, demuestra una ignorancia supina de la historia económica de la segunda mitad del siglo XX. Tal vez es que se ha entretenido demasiado tiempo siguiendo las aventuras de Ezequiel Zamora y de Maisanta.

Después de la caída de Pérez Jiménez, el patrón de crecimiento que se impone en la mayor parte de Latinoamérica, incluida Venezuela, tiene su eje en las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Dentro de este esquema ocupaban un lugar preponderante la industrialización por sustitución de importaciones y los elementos que le eran concomitantes: protección arancelaria, existencia de mercados cautivos, otorgamiento de créditos blandos para el agro, la industria y la agroindustria. En el caso de Venezuela, la concepción cepalina quedó sintetizada en la célebre frase “compre venezolano” con la cual se identificaba a Pro Venezuela. La década de los años 60 y hasta mediados de los 70 las políticas públicas en el campo económico tienen un fuerte sesgo interventor y proteccionista. Una parte importante de la acción de los gobiernos de Betancourt, Leoni y Caldera se orienta hacia la creación de un empresariado (burguesía) nacional y de un mercado interno con capacidad para adquirir los bienes que esta clase social debía contribuir a crear. Betancourt, Leoni y Caldera reorientan el modelo capitalista de Estado implantado por Pérez Jiménez. Lo liberan de sus elementos más estatizantes y desarrollistas. Promueven una participación más activa de los empresarios. Caldera, con mayor visión que los empresarios criollos, los fuerza a aceptar la incorporación de Venezuela al Pacto Andino. La Corporación Venezolana de Fomento (CVF) se utiliza para estimular el desarrollo de la pequeña y la mediana industria.

2. El relanzamiento del capitalismo de Estado

El patrón moderadamente interventor y estatista de lo tres primeros gobiernos de la era democrática sufre un cambio drástico con a partir de 1974 con la primera administración de Carlos Andrés Pérez. La inmensa masa de petrodólares que entran al país después del embargo petrolero decretado por los árabes, y de los acuerdos de la OPEP para impedir que los países consumidores del crudo siguieran comprándolo a precios viles, fue utilizada por Pérez para subrayar los aspectos estatizantes que durante los tres quinquenio anteriores habían tenido un perfil moderado. Durante la administración de CAP además de la nacionalización del hierro y el petróleo, el Estado se convierte en propietario de una gran cantidad de industrias y empresas que sus dueños habían llevado a la quiebra fraudulenta o que simplemente no habían sabido administrar. El Estado adquiere centrales azucareros, fábricas de tornillos, hoteles y bancos, entre una variedad muy amplia de empresas de bienes y servicios.

CAP retoma la línea trazada por Pérez Jiménez en la década de los 50: crear un Estado todopoderoso, principio y fin de toda la actividad económica. Es cierto que durante este período el Gobierno busca favorecer la emergencia de un sector de la burguesía distinto al tradicional; ése que había sido protegido por los gobiernos precedentes. Sin embargo, esa burguesía emergente tuvo una fuerza minúscula frente al inmenso poder de un Estado, que además de la industria petrolera, era dueño y señor de las actividades económicas más importantes del país. Con CAP el Estado se sobredimensiona. Adquiere proporciones de Leviatán.

En el campo laboral se aprueba la Ley de Despidos Injustificados, se consagra la retroactividad de las prestaciones sociales, al tiempo que se les da status de derecho adquirido. Estas reformas elevan de manera considerable el costo de la fuerza laboral. Por supuesto que tales cambios nada tienen que ver con las características del neoliberalismo salvaje.

3. El neoproteccionismo

Después de las tímidas reformas fallidas del Gobierno de Luis Herrera Campíns para abrir la economía y del leve programa de ajuste implantado por esta administración, orientado a corregir los desajustes macroeconómicos mediante la liberación de precios, el Gobierno de Jaime Lusinchi retoma con furia la senda de los controles. El instrumento clave para ejercer el dominio sobre el conjunto de la economía fue el Régimen de Cambio Diferencial (RECADI). Este mecanismo, además de actuar como un eficiente vehículo para enriquecer a numerosos funcionarios públicos y a “empresarios” cercanos al Gobierno, sirvió para chantajear, amenazar y amedrentar a quienes se negaban a aceptar las condiciones leoninas que los funcionarios públicos establecían.

La bajísima productividad del aparato industrial, así como las perversiones introducidas por los controles de precios, de cambio y de las tasas de interés, al igual que las barreras arancelarias levantadas por el Gobierno para favorecer la industria y el agro, fueron financiadas con las reservas internacionales del país. El Gobierno de Lusinchi, junto al incremento de los controles, profundizó la práctica de los subsidios indiscriminados, los créditos blandos y las exoneraciones.

Ningún gobierno menos liberal o, peor, más antiliberal que el de Lusinchi.

4. Liberalismo sólo por unos años

Después de 1958 sólo unos cuantos años el país ha conocido la aplicación de fórmulas liberales que enfatizan el papel del mercado, la competencia, la productividad y la eficiencia en el uso de los recursos. Esas etapas están comprendidas entre febrero de 1989 y febrero de 1992, con la instrumentación del Gran Viraje durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez; y después del 15 de abril de 1996 –lo que se conoce como el tercer gobierno de Rafael Caldera- cuando, con Teodoro Petkoff a la cabeza, la administración Caldera intentó corregir los garrafales errores a los que el estatismo lo había llevado. A partir de esta fecha comienza la aplicación de la llamada Agenda Venezuela, programa de ajuste económico dirigido a liberar la economía y aflojar los rígidos controles que Caldera había implantado durante los dos primeros años de su (¿último?) mandato.

El Gran Viraje, el programa de modernización económica más profundo e integral de cuantos se han diseñado y aplicado en Venezuela, fue dinamitado por el intento de golpe del 4-F. Después de esta fatídica fecha, Carlos Andrés Pérez comenzó a desmontar progresivamente el plan de apertura y modernización económica del país. Empezó a hacerles concesiones a los factores más conservadores y atrasados de la nación, hasta terminar restableciendo en buena media el viejo esquema interventor, regulador y estatista que se había propuesto superar.

La Agenda Venezuela, sin la coherencia e integralidad del Gran Viraje, trató de superar la recesión sobre la base de la apertura, la eliminación de los controles y el uso de nuestra principal ventaja comparativa, el petróleo. La crisis del sureste asiático a finales de 1997 significó un duro golpe para este proyecto. Los éxitos de la AG durante el 96 y gran parte del 97, no pudieron mantenerse a lo largo del 98. La crisis tan aguda de este último año sirvió de alfombra para que caminara triunfalmente Hugo Chávez y su montonera.

5. El error de Chávez

Cuando Hugo Chávez dice que la causa de la recesión, el desempleo y la pobreza que existe en su gobierno hay que buscarla en la aplicación del modelo neoliberal salvaje aplicado en Venezuela, no sólo da muestras de ignorar aspectos esenciales de la historia económica reciente, sino, lo más grave, apunta hacia respuestas que ya han fracasado en el pasado. Las “soluciones” estatistas que en el pasado dieron Carlos Andrés Pérez (en su primer gobierno), Lusinchi y Caldera (en su segundo gobierno, antes de la aplicación de la AV), no hicieron más que agravar la recesión, paralizar la inversión privada, fomentar el desempleo y propiciar la expansión de la pobreza. El estatismo, el intervencionismo y los controles desmedidos e indiscriminados sólo han servido para profundizar la crisis socioeconómica.

El país de nuevo se encuentra ante el peligro de reeditar las viejas fórmulas estatistas del pasado. El Gobierno de Chávez tendrá los ingresos más altos de los que se tenga memoria. El barril de petróleo se cotizará este año 60% por encima de lo estimado en el presupuesto nacional (USA$ 15). Esto representa un volumen cercano a los 25 mil millones de dólares. Esta cifra podría servir para dinamizar la economía e impulsar el desarrollo. Pero si Chávez continúa creyendo que el enemigo a vencer es el neoliberalismo salvaje, y no el estatismo socializante, éste sí salvaje de verdad, seguiremos perdidos.