Maduro, el Dipro y el estatus quo, por Blanca Vera Azaf

El presidente Nicolás Maduro creó un nuevo sistema cambiario llamado Divisas Protegidas o Dipro. Sí, lo creó él porque su propio gabinete económico le sugirió que la tasa de menor cotización que se ubicaba en 6,30 bolívares por dólar debía fijarse entre 50 bolívares y 200 bolívares por dólar, pero él se negó. Utilizó el argumento de su asesor español, Alfredo Serrano Mancilla, quien expone que no se puede afectar a las clases de menores recursos imponiendo un precio mayor a las importaciones de bienes esenciales. Pero esa fue solo la fachada. Hay una razón de fondo mucho más indignante, mucho más canalla.

Maduro, inseguro y agresivo, busca sostenerse en el poder en un momento en el que la crisis económica amenaza con profundizarse aún más. Sus aliados son pocos. Sabe que dentro del partido de gobierno, el otrora todopoderoso PSUV, se siente incómodo con su presencia y desearía que el proyecto político que han impulsado por casi dos décadas no feneciera.

El Presidente no desconoce esto, lo sabe y lo incomoda y por ello por la vía del discurso trata de aparentar fortaleza; mientras que por la vía de la acción toma decisiones que benefician de manera ilegal a un circulo de “elegidos”. Perjudicar a la mayoría de la población es un detalle estratégico que a Maduro no le quita el sueño. De allí que el nuevo Dipro que financiará principalmente medicinas, alimentos, e insumos para la manufactura de estos rubros sea oficializado a 10 bolívares por dólar.

En Venezuela vivimos una esquizofrenia cambiaria que ha sido inducida desde el propio Estado. No es obra de los desaciertos en la toma de decisiones, tampoco se trata de un gobierno ingenuo atacado por una guerra económica. !No, Señor! Es una política que puso en marcha el desaparecido presidente Hugo Chávez y que se ha mantenido como sistema de financiamiento y arbitraje de los todopoderosos, de los intocables.

La ganancia que se obtiene al cambiar un dólar que proviene de la autorización del Cencoex o del Banco Central de Venezuela -en el caso de que esa compra externa sea del sector público- con relación a los 1.100 bolívares por dólar o más en los que se cotiza el tipo de cambio paralelo, es la más grande que pueda haber por transacción alguna entre monedas en todo el planeta.

En un momento en el que los precios del petróleo se encuentran en franca caída y el erario público en divisas y en bolívares se ha visto reducido a niveles recesivos, resulta costosísimo para el patrimonio de la nación que cada dólar que se obtiene por la venta de crudo en el exterior sea vendido al BCV a 10 bolívares por dólar. Los recursos que se obtienen a cambio por esta transacción no alcanzan ni siquiera para poder cubrir las necesidades básicas de funcionamiento del sector público central.

Ahora bien, hay que preguntarse si estos dólares protegidos  –como se les llama ahora- se utilizan para pagar única y exclusivamente el costo de las importaciones de bienes esenciales que garantizan un subsidio indirecto a la población. ¿Qué garantía hay de que esto funciones así?

En uno de los últimos informes publicados por la firma Bank of America Merrill Lynch se asegura que la importación de medicinas de Venezuela es las más altas en la región. Indica que en el año 2013 cuando fueron publicadas por última vez las cifras de importaciones por sectores, Venezuela importó 3,7 millardos de dólares en productos farmacéuticos. Este fue el nivel más alto de compras externas per cápita de todas las economías de América Latina, pues se ubicó 2,1 veces por encima del promedio de la región.

El informe también señala que en contraste, la escasez de medicinas en Venezuela se ubica en 80%, según la Federación Farmacéutica Venezolana; mientras que parlamentarios de la bancada opositora han señalado que el desabastecimiento puede acercarse a 91% en medicamentos esenciales.

Con estas cifras por delante, el análisis del banco estadounidense explica que esta situación probablemente se deba a la caída de la manufactura nacional, al contrabando, al control de precios, a las expectativas de escasez de la población que compra más de lo que necesita y por último-nada más y nada menos que debido a las sobrefacturaciones.

Si, sobrefacturaciones. Se trata de empresas que están inscritas legalmente en el Cencoex o son institutos, u organismos del propio Estado que reciben divisas oficiales, cobran facturas por encima del valor, obtiene la liquidación de las divisas, parte de ellas se las embolsillan en cuentas en el exterior o las cambian en el mercado paralelo y logran así una fortuna. Todo esto sucede bajo la anuencia y protección del propio gobierno, créase o no.

Mientras todo esto sucede, en la Caracas azotada por la falta de agua y luz –tal y como sucede en cada rincón del resto del país- si un ciudadano necesita una pastilla para la tensión debe resignarse a no conseguirla. Si tiene algunos ahorritos comprará unos dolaritos en el mercado paralelo a un precio exorbitante para que alguien que todavía tiene el privilegio de salir del país se la compre en el exterior.

Aquel que no tiene cómo adquirir ni un solo dólar tiene dos opciones: Resignarse a pedirle a Dios que le libre de una accidente cerebrovascular, entre otros males; o acercarse hasta la redoma de Petare con los bolsillos llenos de bolívares devaluados y preguntar dónde venden medicamentos bachaqueados.

Con seguridad le informarán que la oferta depende de cuánto quiera pagar. Si el medicamento para la tensión es nuevo, puede alcanzar el precio de 7.000 bolívares la caja en efectivo porque no hay punto de venta. Imagínese lo que son siete mil bolívares en billetes de a cien, la denominación más alta permitida porque a Maduro le puede dar otro ataque de malcriadez si al directorio del BCV se le ocurre sugerirle –nuevamente- que se necesita la aprobación del cono monetario de 200 y 500 bolívares en papel.

Pero si el medicamento está vencido le puede salir más barato. De hecho, mientras más meses vencidos tenga mucho mejor para su bolsillo no sé si para su salud. También lo puede conseguir por pastilla –detallado- como seguramente le sugerirá la bachaquera. Pero ni se le ocurra pedir rebaja porque le van a contestar que colombianos, ecuatorianos y hasta dominicanos, entre otros, cancelan en billetes verdes y chin chin.

Mientras el venezolano tiene que vivir esta tragedia, en el mundo de los enchufados van fluyendo las divisas hacia cuentas en el exterior por órdenes procesadas desde el Cencoex y liquidadas por el Central. En algunos casos las importaciones para las que en teoría se utilizarían tales dólares ni siquiera se realizan sino que son ficticias. Todo una trama delincuencial velada por el gobierno.

Sí, ya sabíamos de este asunto porque el ex ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani lo denunció. Pero no le crea a ese señor que fue el responsable de manejar la economía por una década. Mientras el “reinaba” se cometieron por años todos esos fraudes y él lo sabía pero se quedaba calladito y eso es ser cómplice. Lo que es peor, puede que muchas de esas empresas que supuestamente investigaron hayan desaparecido, pero ahora hay otras. Como la vida, van pasando de generación en generación.

¿Quiénes son los dueños de esas empresas? ¿Cuáles son esos organismos públicos que importan de manera ficticia o sobrefacturan? ¿Por qué no hay registros públicos ni puntos de cuentas con estadísticas oficiales? ¿A quién está beneficiando y protegiendo Nicolás Maduro? ¿Por qué lo hace?

Miedo: Esa es la respuesta. El sector importador está conformado por roscas cívico-militares que manejan grandes cantidades de dinero. Ellos son potenciales financistas que se benefician de un subsidio en dólares que pagamos todos los venezolanos a través del desabastecimiento y la escasez. Ellos son el llamado estatus quo.

Perder el apoyo de este fracción sería para Maduro muy duro, pues en su mente él cree que es ese grupo el que lo puede mantener en el poder; que estas prebendas son las que le garantizan la fidelidad que otros actores -como la base del PSUV- podrían no darle en un momento de alta tensión.

Él sabe que puede cobrar esos favores económicos en un momento en que –con el erario público desmantelado- podría necesitar de la mano de un “incondicional” que saque de sus bolsillos recursos para la compra de voluntades, de silencios, de solidaridades. Mantener a ese estatus quo cómodo le garantiza además que ninguno de ellos se le va a voltear para brindarle apoyo a propuestas de gobierno distintas a la que él representa. Pero por sobre todo le calma la ansiedad que le crea imaginarse que en un momento determinado a los militares les de por ser institucionales.