Ley de Costos y Precios: muerte de las libertades económicas
Las libertades económicas, un concepto con cierto sentido esotérico para la cultura económica y política del venezolano, han recibido del Gobierno y sus agentes legislativos un zarpazo casi definitivo. Más allá de la retórica oficial expuesta en la ley, el régimen crea mecanismos legales para penar y culpar al empresario de la persistente inflación producida por el mismo Gobierno por indisciplina fiscal e inutilidad institucional del Banco Central de Venezuela. Ese marco legal, pero inconstitucional, coloca al Gobierno en un campo fértil, políticamente hablando, para una cacería de brujas dirigida a mutilar definitivamente lo que queda de propiedad privada con alguna rentabilidad económica.
La Ley de Costos y Precios destruye cualquier rasgo de marco jurídico, fulmina los derechos de propiedad y crea los mecanismos para ir directamente contra la mediana y pequeña propiedad tanto de artesanos, PROFESIONALES, industriales, comerciantes. Acotemos que estos pequeños y medianos empresarios contra quienes esta ley está directamente dirigida constituyen al mismo tiempo el eslabón de rentabilidad más precario del sistema económico conformado por la propiedad privada en Venezuela.
BCV, Senita, Indepabis, Cadivi, Superintendencia Nacional para Costos y Precios, organismo creado por la Ley Costos y Salarios, constituyen de esta manera la red donde quedan atrapadas las libertades económicas, ellas administrarán la arbitrariedad político-institucional que inhabilitaría la propiedad privada del precario régimen de libertades económicas que existe y que sobrevive a duras penas ese régimen económico e institucional hostil y contra natura -e inconstitucional- para establecer el régimen socialista comunitario, léase comunismo puro y simple.
De esa nueva ley no podemos discutir de efectos perversos, no intencionados, los objetivos de esa ley habían sido trazados en el 2003 cuando el Gobierno decidió destruir el régimen de la libre empresa, así que no debe haber sorpresas, probablemente mala memoria, esa ley había sido anunciada por Chávez varias veces en estos años, similar a la estatización de la educación y la salud, cuyos tiempos aún no terminado de madurar.
De manera que los objetivos de esa ley son los mismos que subyacen al cambio del régimen económico; a saber, destruir y eliminar el principio de subsidiariedad -en lo económico y político- para destruir lo que queda de propiedad privada rentable, es decir, lo que queda de capitalismo. En otras palabras, eliminar las competencias del mercado y de la propiedad privada en el proceso de formación de precios, el cual está en el corazón de las libertades individuales (libertades económicas y derechos de propiedad) para relegarlas a la autoridad central; el socialismo, una vía de expropiación y muerte lenta.
Esa es la razón por la cual el Gobierno impulsó su cruzada para eliminar la propiedad privada, que en boca de unos de los diputados del Gobierno, Dip.
Farías (dixit), recientemente afirmó, y cito, «sí vamos hacia el comunismo». Aprendimos entonces hace años , lo que hoy se establece como objetivo político de la Ley de Costos y Precios como el instrumento político que, en adelante, como una guadaña para mutilar la propiedad privada, esta vez en cacería de la empresa pequeña y mediana, y del ejercicio profesional.
En corto plazo, los efectos de una ley como esa son típicos, caída de la inversión, no solo por inseguridad jurídica, sino por los elevados costos de inventarios y empobrecimiento de los sistemas de información, almacenamiento y administración, reacciones del empresario para reducir los grados de exposición ante la ley. La caída de la inversión trae desempleo, los costos traerán cierre de empresas por caída de los rendimientos y ganancias, el mercado se contrae, y aparecen la escasez de bienes y servicios, en otras palabras, el sistema económico impuesto a los golpes de la revolución trae la pobreza conocida del socialismo. Es importante destacar que esos efectos, no son inesperados, por el contrario están en el cálculo político del Gobierno, y esa es la razón de la legislación que hizo posible la Ley de Costos y Salarios.
Finalmente, es importante aprender que los procesos políticos y económicos tienen consecuencias inducidas y no intencionadas, en el caso de la legislación en estos años de revolución, las consecuencias no intencionadas de leyes y políticas públicas no son el causal dominante. Actos de gobierno, cientos de leyes, y una buena dosis de violencia política, han estado sellados de inconstitucionalidad por depredar los derechos de propiedad y libertades económicas. Al término de este proceso político, habrá que devolver en resoluciones legislativas y de justicia por inconstitucionalidad todo ese entramado cuasi legal dirigido a destruir el régimen de propiedad privada y libertades económicas.
PhD, Economist (London)
www.alexanderguerrero.com
@AlexGuerreroE
