Ley contra el Acaparamiento II: ¿Por qué es mejor competir e incentivar la actividad económica privada en vez de controlar, restringir y amenazar?

Una vez demostrado, por medio de la primera entrega, que en renglones potencialmente competitivos, o incluso en sectores de monopolios locales -los cuales constituyen una excelente representación de los agentes comercializadores de alimentos- los controles de precios resultan “pañitos de aguas calientes” que profundizan los problemas de desabastecimiento, queda plantear lo fundamental de una política microeconómica que fomente a la actividad económica privada.

Si efectivamente, el Gobierno sospecha que ciertos actores en la cadena de producción-comercialización despliegan conductas abusivas y extraen rentas extra-competitivas, lo sano sería imprimirle competencia al mercado. Levantar barreras legales al buen funcionamiento de los mercados y fomentar la entrada de competidores coadyuvará al aumento de la oferta y a la reducción de los precios. Por el contrario, la consecutiva imposición de controles y barreras a la actividad económica lo que genera es desincentivo a la entrada y a la permanencia en el mercado, más aun cuando se gobierna partiendo del supuesto de culpabilidad de todo un sector. Lo anterior implica cierta indefensión de los empresarios, ya que si efectivamente existiera algún agente particular que estuviese desplegando conductas anti-competitivas lo lógico sería iniciar una investigación para corroborar la existencia de indicios suficientes para abrir un procedimiento administrativo en contra de aquel empresario particular. Sin embargo, esta no ha sido la tónica, el Ejecutivo parte de la premisa de que los empresarios son malos y por tanto hay que regularlos a todos. Esto introduce fallas gubernamentales a la economía, toda vez que no existirá regulador alguno que pueda garantizar un mejor resultado que las propias fuerzas de la rivalidad en renglones potencialmente competitivos. Adicionalmente, la economía queda expuesta al diseño de normas que buscan crear privilegios y sumisión a favor del Ejecutivo.

Por otra parte, la intervención gubernamental solo podría encontrar soluciones eficientes, por medio del diseño de políticas públicas y regulaciones coherentes, en aquellos casos en los que existen fallas de mercado. Por ello no se justificaría que se impongan sucesivas regulaciones en aquellos sectores o renglones que requieren el levantamiento de barreras legales a la actividad económica privada y a la competencia.

En este sentido el Estado y el Gobierno deberían fomentar la entrada y la ampliación de capacidad de los competidores, por medio del fomento a la actividad económica privada, no solo a favor de los empresarios instalados, sino de todos aquellos que podrían constituir una competencia y se enfrentan a la situación institucional, económica y legal en Venezuela contraria a la entrada.

Puntualmente, el Gobierno debería corregir su política fiscal, monetaria y cambiaria, permitiendo que la inflación se reduzca, se incentive el ahorro y se reduzca el spread entre tasas activas y pasivas, facilitando el acceso al financiamiento a las empresas. Adicionalmente, el Gobierno debería concentrarse en crear una serie de políticas públicas que coadyuven a que los potenciales entrantes tengan acceso al financiamiento, a la creación de un historial crediticio, a construir una reputación que sirva de señal a lo largo de todo el sistema financiero, al financiamiento al capital de trabajo y a la inversión. Ante la actual coyuntura adversa a las actividades económicas privadas, las instituciones financieras estarán motivadas a restringir el financiamiento a capital de trabajo. Venezuela continúa reforzando su caracterización de mercado de corto plazo, las incertidumbres y riesgos son tan diversos y relevantes que es preferible o actuar como una “opción real” y esperar a ver que pasa, o concentrarse en aquellas actividades poco riesgosas o altamente rentables.

¿Por qué más y no menos competencia en el Sector Comercio de Alimentos?:

Si bien en la entrega anterior analizamos que pasaría en renglones potencialmente competitivos, caracterizados como monopolios locales, si los dejamos competir y fijar libremente los niveles de precios. Pudimos corroborar que existen los incentivos para competir entre los actores, aun cuando puedan existir ciertos poderes de mercado.

En esta ocasión, analizaremos que pasaría si se fomentara la entrada de nuevos competidores, incentivando a la actividad económica privada, incluso en aquel caso en el que exista fijación de precios. Obviamente, este tipo de análisis de políticas a favor de la competencia debe suponer que los controles de precios permiten operar a las empresas. Aquel caso en el que la fijación de precios expone a los comerciantes a pérdidas expone a la sociedad a romper con la cadena de producción y comercialización. Es lógico obviar en el ejercicio esta situación ya que no tiene sentido alguno desde el punto de vista social.

Utilizando el modelo y el análisis realizado en la primera entrega sobre la Ley contra el Acaparamiento, determinaremos los consumidores indiferentes en el triopolio. Los comercializadores a y b se encuentran ya operando en el mercado y el comercializador c entra motivado por la remoción de barreras y normas que inhiben la entrada de la competencia. Se ubicarán en 0 el comercializador a, en 0,5 el comercializador c (el entrante) y en 1 el comercializador b ya instalado. Recomendamos al lector interesado en esta sección que revise el artículo anterior donde se introduce el modelo y la metodología de análisis. Igualmente queremos resaltar que aun cuando éste resulte un ejercicio teórico y en extremo simple, las características del modelo se adaptan muy bien a la realidad del sector comercialización y obviamente resulta mucho más riguroso que la fijación de controles y regulaciones de forma ad hoc.

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Economista UCV.