León Arismendi: En Venezuela estamos viviendo un proceso de destrucción del trabajo

Las políticas generadas por el Ejecutivo en los últimos 10 años para honrar las exigencias de los trabajadores, sobre todo de aquellos que pertenecen a la Administración Pública, se pueden resumir en una imagen: la de una habitación con goteras que no fueron atendidas y que ahora ocasionan el derrumbe paulatino del techo entero de la casa.

León Arismendi, especialista en derecho laboral, profesor universitario y miembro del Instituto Nacional de Estudios Sindicales —un ente que se ocupa de la formación de trabajadores en ese ámbito, además de evaluar las medidas que permean el día a día de los que hacen vida en ese universo— destaca que el Estado lo ha invadido todo y que es imposible creer que pueda garantizar un mínimo de eficiencia en medio de una crisis. La borrachera por los ingresos petroleros—dice— acabó de la peor manera para los trabajadores.

¿Por qué el caso de los trabajadores, el asunto laboral y las condiciones de estos se resume en una recurrente deuda de este Gobierno con el ámbito laboral en los últimos años?

La situación en general es un problema en el que se juntaron demasiadas inconsistencias; las del Gobierno son notorias y con consecuencias terribles, es una especie de barrida de las instituciones, de las costumbres —posicionó unas y evitó que otras se consolidaran— y el resultado es que tenemos un país destartalado, sin confianza, en el que se toman decisiones arbitrarias. Hay unos niveles de incertidumbre muy grandes; la actividad productiva requiere de unas condiciones, se trata de una actividad con riesgo porque quien hace una inversión le puede ir bien o mal, la tarea del Estado es minimizar las condiciones adversas y crear condiciones para que la actividad productiva se desarrolle y en ese marco estamos raspados porque el gobierno no produce la menor certidumbre, y las consecuencias de esas políticas sobre los trabajadores son terribles. En Venezuela, ya lo he dicho, estamos viviendo un proceso de destrucción del trabajo. En la constitución está bien dicho, los factores para que una sociedad progrese son el trabajo y la educación, en Venezuela ninguna de las dos cosas está desarrollándose, sino al revés. Nunca imaginaos que llegaríamos a una situación como esta. El salario de un trabajador, incluso con el reciente aumento, será un poco más de 2 mil 168 bolívares diarios, eso cuesta un desayuno, y lo grupos familiares en el país están constituidos al menos por 4 personas, es una situación dolorosa, porque los sueldos no alcanzan y eso no se puede resolver improvisando.

¿Esa destrucción se ha exacerbado por lo que han denominado una legislación intervencionista, sobre todo por las últimas medidas por parte del Ejecutivo?

El siglo que pasó terminó con el derrumbe del bloque soviético y la gran noticia del fin del siglo pasado fue que las economías estatistas, socialistas, totalitarias, difícilmente resuelven los problemas de las personas, porque unos de los avances políticos más importantes, para lograr un equilibrio entre mercado y Estado, los alemanes dijeron tanto estado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, tratar de encontrar ese equilibrio sigue siendo uno de los grandes retos. El mercado librado a sus propias leyes genera destrucción, pero el Estado es terriblemente ineficaz en producir riqueza, producción. En Venezuela ya teníamos una cultura estatista importante, porque la administración petrolera le da demasiado poder a quien administra, y en ese proceso el Estado se lleva por delante lo que sea. En estos últimos años lo que han hecho es exacerbar los controles y la intervención del Estado, retomando los fracasos de modelos pasados. Expropiaciones, controles de precios, es algo que pareciera un chiste, si no fuera porque lo estamos viviendo, porque aquí se habla de precio justo y la realidad es que una arepa cuesta casi 3 mil bolívares, ese es el resultado de una legislación que exacerbó los controles. En el mundo de los trabajadores y del sindicalismo, en tratar de favorecer y de garantizar que los trabajadores puedan organizarse y asumir ellos mismos, mediante negociaciones colectivas, las mejora de sus condiciones de trabajo. El Estado lo que hizo fue levantar una muralla que cercenan ese derecho y cada día es mas difícil hacer actividad sindical, aquí no hay dialogo, no hay concesos.

Recientemente el ministro de Industrias Básicas manifestó que las discusiones laborales en el caso de empresas como Sidor, que estuvo paralizada desde enero hasta julio, debían aguardar hasta tanto no se restablecieran los niveles de producción óptimos. ¿Qué representa una perspectiva como esa?

Desgraciadamente los trabajadores son los más afectado por estos experimentos, porque este es un gobierno que se declara de los trabajadores y termina aprisionándolos para que acepten medidas que otras circunstancias jamás aceptarían, por eso uno escucha a los sindicalistas del sector justificando medidas como apaga fuegos, porque esa es la tarea que les han asignando y los sindicatos fueron sometidos a la autoliquidación por la aceptación de esas acciones por parte del propio gremio. Un dirigente sindical va a exigir que se mejoren los salarios porque esa es su labor diaria, pero hay una conciencia de que si no se mejoran las condiciones y se establecen medidas antiinflacionarias, los ajustes de salarios terminan disolviéndose. La corrección de los factores de la economía es una tarea del Estado, no del movimiento sindical. Las empresas básicas en general, Sidor, Venalum, Alcasa, están, desde hace mucho tiempo, en una situación desastrosa, porque no producen lo que requieren para atender su propia problemática laboral, y esos trabajadores de esas empresas tienen que exigirle a las empresas, lo que el gobierno propone es que se queden tranquilos, que las cosas mejoren y después veremos, y eso no funciona porque hace falta una agenda, unas políticas sugeridas, qué vamos a hacer, cuál será la planificación, y para eso hay que crear condiciones de inversión, algo que el sindicalismo mundial recomienda, y eso brilla por su ausencia en la actualidad porque estamos hablando de un gobierno sordo y mudo. La crisis de las empresas del Estado es que habían entrado en un proceso de recuperación y las recientes políticas lo que han hecho es devolverlas, retroceder.

Ante este panorama es lícito preguntarse cuándo fue que esta administración—autodenominada revolucionaria—tuvo el apoyo de los trabajadores como un gran colectivo?

Yo tengo la percepción, más bien empírica y más allá de la orientación de encuestas en la que todos los indicadores son muy malos, de que los trabajadores del sector formal siempre vieron al gobierno con bastantes reservas, y el publico del cual se nutrió el experimento chavista fue el de la pobreza en general, porque en el mundo de los trabajadores, de los profesionales, el chavismo fue más bien minoría, aunque no niego que hubo un apoyo evidente. La plata o el dinero, sobre todo cuando se anuncia una repartición, siempre genera expectativas positivas y la gente estima que de ese reparto algo le va a corresponder; bueno, esa fiesta terminó y de la peor manera. Efectivamente hubo un goteo de recursos petroleros hacia los sectores más pobres, pero en paralelo se iba destruyendo el aparato productivo, y el drama nuestro es que se acabó el goteo y no hay aparato productivo que pueda atender una crisis como esta. Por eso la necesidad de un gran acuerdo nacional de gobierno de unidad nacional, de salvación, porque ya hemos padecido bastante como para admitir que esta confrontación no conduce a nada; tampoco la repartidera y el asunto de la exacerbación de las diferencias entre los venezolanos.

¿Es posible equiparar la actuación del Estado con el desempeño del sector privado? Sobre todo si consideramos que desde el propio Estado se sataniza la actividad privada y este no cumple con lo que exige a los sectores particulares.

Volvemos a las inconsistencias. El discurso y las acciones se llevaron por delante lo que había del sector productivo. Lo que queda en Venezuela son empresas muy debilitadas. El tamaño del sector privado, productor de bienes y servicios, es realmente pequeño. No se puede equiparar una cosa con la otra, porque aquí el Estado ha engordado y lo ha invadido todo. El señor Pérez Abad, que estuvo vinculado al sector privado, estuvo haciendo algunas cosas elementales, para que el sector privado pudiera encontrar alguna luz, pero es obvio que las empresas ocupadas no dieron resultado. Sensatamente el gobierno debe asumir un fracaso y eso es parte de la problemática que debemos resolver, por eso me refiero a que es necesario un consenso, porque ¿puede una economía operar con un Estado tan ineficiente? Eso es parte de un espejismo que hemos vivido, creer que con el ingreso perlero se hacía magia; lo que la realidad nos indica es que no es así.

Levantar una empresa requiere dedicación, esfuerzo y visto desde la perspectiva de los trabajadores, que haya políticas laborales sensatas, que los trabajadores se sientan bien, que sientan que progresan ellos, sus familias; que hay una seguridad social que les garantiza la vejez, que hay hospitales que funcionan. Eso es lo que dice el programa de trabajo decente de la OIT. No es destruyendo un pedazo de la sociedad para construir otro.

En 2012 se estableció la mora electoral, una medida que establecía la no negociación con organizaciones sindicales cuyos períodos estuviesen vencidos. En los últimos diez años se ha hablado de todas las excusas por parte del Ejecutivo para atender los reclamos laborales. Ahora con las recientes medidas, denunciadas por federaciones, gremios y un sector realmente mayoritario de la fuerza laboral, continúan las mismas excusas exacerbadas con políticas de fondo, que no permiten apartar esos pretextos del Ejecutivo que tanto denuncian.

La piratería ha sido muy grande. Yo recuerdo que en los inicios, cuando se planteó en la Asamblea Nacional Constituyente, la organización de las elecciones sindicales por parte del Consejo Nacional Electoral, advertí que era un disparate, porque el Estado no tiene que meterse en los sindicatos, que son organizaciones libres, y que es lo que estable el Convenio 87 de la OIT. Los trabajadores tiene derecho a constituir las organizaciones que consideren convenientes, ese es el meollo de la actividad sindical. El estado debe garantizar la libertad. La mora electoral fue el producto de un gran desconocimiento de la actividad, por eso es un problema de piratería, y se creyó que se iba a democratizar el sindicalismo desde el Estado, cuando lo cierto es que la democratización tiene que ser obra de los propios trabajadores, son ellos los que deben exigir elecciones, no el Estado, por eso la mora electoral es un castigo que algunos pensaban que afectaba a los dirigentes sindicales nada más y el tema es que los contratos colectivos se congelan, no se pueden revisar, y el propio Estado ha usado eso como excusa para no negociar convenciones colectivas. Ahorita todo el mundo está en mora, porque el CNE se demora y pone trabas; las elecciones sindicales pasan a un segundo plan. Es algo que es contrario a la libertad sindical. De hecho, las confederaciones y las organizaciones sindicales hicieron sus elecciones por última vez en 2001, luego son pocas las que han repetido ese proceso; la propia Central Bolivariana de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad, el Campo y la Pesca, que creó el difunto Chávez, le designaron sus dirigentes, no fueron electos.

¿Y es un mecanismo que sigue vigente?

Por supuesto, porque lo incorporaron a la Ley Orgánica del Trabajo de 2016, antes lo habían metido en el reglamento, en 2006. Todas esas normas son inconstitucionales por violatorias al convenio 87, porque cercenan la libertad sindical, el libere derecho de negociación. El Estado no negocia con sus propios trabajadores invocando la mora. Por eso estamos trabajando en un proyecto de ley orgánica de libertad sindical, que permita rescatar una legislación que quite las trabas del Estrado, y que esté acorde con lo que plantea la OIT.

¿Cuántos sindicatos u organizaciones participarían en esa propuesta?

Es una iniciativa de la Unidad de Acción Sindical y Gremial, que es un agrupamiento en el que están todas las centrales sindicales. Hoy en día en Venezuela existen seis centrales, aparte de organizaciones con mucha tradición y trayectoria; se trata de un conglomerado de organizaciones que tienen en sus programas propuestas de reforma. No queremos que se repitan los mismos errores, por eso presentaremos esa propuesta en la Asamblea Nacional, se harán consultas, para que los sindicatos de base puedan opinar, incluidos los del gobierno, se trata de dar un paso trascendental, porque tradicionalmente nuestra legislación ha sido muy intervencionista. Las políticas sociales y laborales deben ser discutidas y no secuestradas por el Estado.

¿Cómo evalúa las dos medidas más recientes por parte del Ejecutivo? Por una parte, la Resolución 9855 y por otro lado el anuncio de un incremento salarial que dilapida prestaciones y beneficios laborales

Lo de la Resolución es un autogol, además de uno de los mayores disparates. La humanidad resolvió poner al margen cualquier trabajo forzoso y el gobierno, invocando un decreto de emergencia, impone un trabajo forzoso para recuperar la actividad productiva; pero lo tragicómico es que eso se hace mediante una resolución del Ministerio del Trabajo, y yo conozco a Oswaldo Vera, una persona a la que aprecio, y bueno yo me preguntaba cómo es que Oswaldo se presta para hacer eso y establecer unas reglas que ningún sindicato en el mundo aprobaría. Después sale un diputado y dice que fue error de imprenta, que la cosa era voluntaria, de modo que crearon un ridículo, un disparate que alguien pensó, creyendo que se podía establecer un régimen en el que se podía sacar trabajadores de una empresa para llevarlos a otra. Es algo que invade las libertades de trabajadores y empleadores, además de que genera un impacto económico negativo En dónde está la abundancia de trabajadores para sacarlos de unas empresas y asignarlos a otras sin que se produzca un caos, para reflotar unas empresas que el propio Estado destruyó. Eso retrata la situación que estamos viviendo. Un gobierno que es incapaz de ver que si hace algo generara un rechazo inmenso, hasta de ellos mismos.

Lo de la fijación unilateral del salario mínimo es patético. El gobierno ha tratado de convencer al mundo porque supuestamente están interesados en un diálogo, pero dicta la Resolución 9855 de manera arbitraria y sin dialogo, y ahora fija de nuevo un salario mínimo con una política que destroza las prestaciones sociales, porque lo que queda del ingreso de los trabajadores, solo 35% es salario, todo lo demás son subsidio, bonos. Los ingresos no salariales son dos veces mayores que el propio ingreso salarial, por lo tanto los beneficios se ven reducidos en la misma proporción. Las prestaciones están liquidadas, porque la inflación va por un lado y ese ahorro está represado, sobre todo en el sector púbico. Se empobrece a los trabajadores por un ahorro forzoso y la retribución de ese ahorro hasta junio, según cifras del BCV, es de 20%, es decir que el ahorro de los trabajadores es retribuido con ese porcentaje y la inflación es de 700%. Tanto la Resolución 9855 como el aumento unilateral son materias para dialogar, pero lamentablemente no hay nada de eso.