Como la «mente criminal» detrás de los litigios contra el Estado venezolano. Así fue calificado por el Gobierno de Nicolás Maduro, el Procurador Especial de la República, José Ignacio Hernández, designado por el presidente (e), Juan Guaidó, para la protección de activos de Venezuela en el extranjero.
La vicepresidenta del Ejecutivo de Maduro, Delcy Rodríguez, criticó la gestión de Hernández como Procurador Especial y lo acusó de pertenecer a una trama que tiene como objetivo «despojar a Venezuela de todos sus activos en el exterior», la cual, según sus declaraciones, estaría liderada por Guaidó y en la que participa también el embajador ante Estados Unidos, Carlos Vecchio.
Según Rodríguez, Estados Unidos decidió darle continuidad al caso de Crystallex, y «el falso procurador de Venezuela en el exterior, José Ignacio Hernández, fungió como abogado experto del caso».
En febrero pasado, el abogado José Ignacio Hernández fue designado por la Comisión Permanente de Política Interior del Parlamento como procurador especial para la defensa del Estado y de los demás entes descentralizados de la Administración Pública en el exterior.
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Tras ser designado como Procurador Especial, Hernández logró tomar control de todos los litigios en contra de Venezuela en Estados Unidos, toda vez que estos constituyen la gran mayoría de disputas contra el Estado venezolano en el mundo.
Hernández ha dicho que son decenas de juicios y arbitrajes los que pesan sobre Venezuela por un monto que asciende a 14 mil millones de dólares o más y que pone en riesgo todos los activos de Venezuela en el mundo, incluyendo en EEUU.
Es el caso del refinador estadounidense, Citgo, el mayor activo de Venezuela en el extranjero, que por un lado se encuentra ahora amenazado por los tenedores del bono PDVSA 2020, quienes tienen la garantía de más de la mitad de la compañía, y además se encuentra bajo la mirada de la minera canadiense Crystallex, que busca cobrar una deuda por la expropiación de sus activos.
Hernández aseguró durante una entrevista al programa Al Punto y Seguimos, que, al día de hoy, «hemos logrado acreditar la representación del gobierno legítimo de Venezuela en todos esos casos y hemos logrado suspender los casos más inminentes en cuanto a riesgos».
De igual forma, sostuvo que el nivel de complejidad de los mencionados litigios son de una magnitud sin precedentes, pero que es el deber del gobierno encargado proteger los activos «que van a ser necesarios para atender la emergencia humanitaria compleja».
Sobre la acusación de Delcy Rodríguez en su contra, aseguró que la misma carece de fundamento, y pretende distraer la atención. «Los activos están en riesgo como consecuencia de las políticas de Chávez y Maduro», expresó.
En ese sentido, aseveró que «el legítimo Gobierno venezolano ha logrado medidas de protección de activos que el régimen de Maduro, con sus ilegítimos abogados, jamás hubiese alcanzado. Hemos revertido parte del desastre judicial causado por la cleptocracia de Maduro y sus aliados».
De igual forma, reiteró que quienes colaboren con el gobierno de Maduro, pretediendo defender los intereses de Venezuela en Cortes y Arbitrajes, se exponen a medidas de congelación de activos por parte de Estados Unidos. «Colaborar con un régimen criminal y cleptoctático tiene consecuencias», agregó.
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