Las Academias Nacionales se pronuncian ante cambio del cono monetario
La reconversión monetaria anunciada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a ser aplicada a partir del 4 de junio consistirá en la eliminación de tres ceros a las denominaciones en bolívares con un cono de nuevos billetes y monedas que se llamarán “Bolívares Soberanos” (Bs.S) para distinguirlos de los actualmente circulantes.
Tal iniciativa no tendrá efecto alguno sobre la terrible hiperinflación que aceleradamente empobrece -hoy día- a los venezolanos. Tampoco acabará con la inaudita escasez de efectivo que perjudica a consumidores y pequeños comerciantes por igual.
La hiperinflación actual tiene su causa en la emisión de dinero sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela (BCV), para financiar un déficit que ha superado el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) durante los últimos ocho años. El ente emisor aumentó en más de 20 veces la emisión monetaria en 2017, lo que explica la hiperinflación de 2.616% registrada por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional en 2017.
En las primeras ocho semanas de 2018 tal emisión monetaria había superado los Bs. 771 billones, un incremento adicional de 540%. De no atajarse cuanto antes este flagelo, el billete de mayor denominación del nuevo cono, el de Bs.S. 500, tendrá para la fecha de su puesta en vigencia un poder de compra similar al que hoy tiene el de Bs. 100.000 Cabe señalar que todo lo referente a emisión de nuevas monedas es de la reserva legal y por tanto, corresponde a la Asamblea Nacional su aprobación.
Lo anterior habrá de agravar las terribles penurias que la hiperinflación impone a los venezolanos, al destruir sus capacidades de sustento. Impide, además, el cálculo económico confiable, genera incertidumbre y fuga de capitales, y arruina aún más a la economía, con severas pérdidas de empleo e ingresos. El necesario redondeo de precios para ajustarse a la nueva escala y el ajuste obligado en el precio de la gasolina podrán repercutir en una mayor
inflación.
El Petro
Se trata de un cripto activo emitido por el estado venezolano y respaldado por activos petroleros. No es en estricto sentido una criptomoneda. Estas no son emitidas por ningún gobierno y las respalda exclusivamente la confianza que otorga la inviolabilidad de su formulación digital. Son medios de pago fiduciarios por excelencia.
El Petro, al ser emitido por un gobierno que ha sido declarado en default selectivo por agencias calificadoras de riesgo, pretende generar un crédito garantizado con recursos minerales del subsuelo para generar confianza, violando así el artículo 12 de la Constitución. Es también un título de deuda pública de írrita legalidad, constituido a partir de una franca usurpación de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional para legislar sobre materia monetaria.
La puesta en circulación del Petro con respaldo del Estado introduciría un bimonetarismo al margen del mandato constitucional que podría degenerar en una dualidad -como ocurre en la economía cubana- entre un medio de pago con convertibilidad externa por su respaldo supuesto en el precio del barril de petróleo, y otro, envilecido por la hiperinflación, sin convertibilidad práctica. Tal distorsión implicaría una discriminación «odiosa» a favor de aquellos que se benefician del intercambio externo y perjudicaría a quienes sólo tienen bolívares no convertibles para sus transacciones.
Las Academias Nacionales insisten una vez más en que la verdadera solución a la pérdida de efectividad del actual cono monetario, de la escasez de efectivo y de las limitaciones financieras que afectan al Ejecutivo Nacional, como a toda la población, depende de políticas que abatan perentoria y eficazmente la terrible inflación que hasta el día de hoy arruina a los venezolanos.
Esto implica sanear las cuentas del sector público, eliminar sus déficits y la necesidad de su financiamiento monetario, unificar y liberar el tipo de cambio con el respaldo de un generoso financiamiento externo, y levantamiento de los controles y regulaciones que asfixian a la economía, en un marco de seguridades jurídicas y de respeto al ordenamiento constitucional que inspire confianza y atraiga inversiones.
