La “razzia” petrolera
En Diciembre de 2002 y por más de sesenta días se extendió en Venezuela un paro que ha tenido repercusiones tremendas en la sociedad venezolana.
La Constitución aprobada en 1999 tiene previsiones para que la sociedad demuestre su inconformidad con lo que sucede en la política nacional. Estas previsiones están contenidas en el artículo 350, que dice textualmente:
Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
Muchas de estas situaciones ya existían en aquel momento.
Dentro de esos lineamientos, las fuerzas sociales que se oponían al régimen, conducidas por sectores dirigentes de distintas áreas del acontecer nacional, convocaron a una huelga general que comenzó en los primeros días de diciembre y se prolongó hasta bien entrado febrero del año siguiente.
Dentro de los distintos sectores que se adhirieron a la huelga convocada, tuvieron actuaciones de primer orden tanto los trabajadores de la industria petrolera como los marinos que operaban las naves que transportaban el petróleo venezolano hacia otros destinos.
Cuando cesó esta huelga, el gobierno tomó la decisión de despedir a más de diez y ocho mil trabajadores de la industria que de acuerdo a cálculos suministrados por trabajadores de la industria, representaron una pérdida de más de doscientos ochenta mil años de experiencia y veintiún millones de horas hombre de adiestramiento.
Muchos de los trabajadores despedidos, especialmente los de mayor experticia, se encuentran trabajando para países que son nuestros competidores y ellos, los países, se han ahorrado el dinero que costó la preparación de esos venezolanos.
Los países que se han aprovechado en mayor grado de esta situación son: Brasil, Chile, Canadá, España, el Reino Unido, México, el Medio Oriente, Estados Unidos de Norteamérica y Trinidad. La lista se completa con quince otras naciones.
Amén de esta debacle y lo que ha significado para las empresas que nos suministran el sustento, nos encontramos con otra situación realmente impensable.
A los trabajadores despedidos en el primer trimestre de dos mil tres, es decir, hace más de tres años, no solo no se le han cancelado sus prestaciones sociales que de acuerdo a la legislación venezolana son derechos irrenunciables e inalienables, sino que tampoco se le han entregado las cantidades muy importantes que tenían ahorradas en sus respectivos fondos de las diferentes empresas adonde trabajaban. Insólito.
Por otra parte, nos resulta importante anotar que también se destruyó tanto a CIED como a INTEVEP, organizaciones que se dedicaban a la preparación y entrenamiento de los trabajadores de la industria y lugares donde se desarrollaba una intensa actividad de investigación y desarrollo, imprescindibles para la supervivencia de una industria de alta competencia como es la petrolera.
Todo esto ha sucedido con la anuencia de las autoridades del Ministerio del Trabajo y el silencio cómplice de las autoridades judiciales que deben brindarle apoyo y defensa a todos los trabajadores venezolanos.
