La empresa pública y su razón de ser

Decíamos, recientemente, en nuestro articulo denominado ¿DEBEN CONTINUAR LOS ASTILLEROS VENEZOLANOS EN EL SECTOR PUBLICO?, editado, por cortesía, el día 24 de Mayo de 2000, en la sección de Economía y Petróleo- Opinión y Análisis, por VENEZUELA ANALITICA, que abordar la política de privatización de las empresas públicas es una cuestión complicada y exponíamos nuestros criterios al respecto.

Pues bien, nos proponemos en este artículo, establecer, de la forma más concreta, breve y objetiva posible, cuales son, a nuestro criterio, los objetivos que deben cumplir, alcanzar y por tanto, justificar la razón de ser del sector público empresarial.

Estimamos que no existe ningún Estado que no sea empresario. Estados Unidos de América, nación que podemos considerar estandarte de la política económica liberal, tiene un Estado Empresario, porque, a su servicio y trabajando, para él y con contratos laborales de uno u otro tipo, tiene a cientos de miles de personas. (Funcionarios, Fuerzas Armadas….)

Ciertamente, tiene una avanzada tecnología propia que puede exportar y las grandes y principales empresas industriales son privadas., pero muchas de ellas trabajan para la Administración, incluyendo astilleros, fábricas de aviones, armamento etc…Esto genera, lógicamente, pequeñas y medianas empresas que trabajan, a la vez, para las primeras. En consecuencia, no nos estamos encontrando ante nada excepcional, es decir, el Estado tiene que ser empresario, puede serlo sin ánimo de lucro, pero es empresario.

Hablábamos, también, de todos los detractores que tiene la empresa pública, especialmente, en los Estados Occidentales, llegándose a nuestro entender, a confundir o mezclar el concepto de rentabilidad con el de competitividad. En esta confusión caen muchos empresarios y no es Venezuela ni España una excepción.

Pero ni Venezuela ni España, son naciones, tecnológicamente desarrolladas, como para poderse permitir el lujo de prescindir del sector público empresarial y por tanto, afirmamos, con modestia, pero, sin dudarlo, que el planteamiento realizado por estos empresarios está viciado en su misma base, porque, muchas veces, son ellos, los que tienen empresas que trabajan para empresas públicas y si éstas desaparecieran desaparecerían ellos.

Quiero recordar desde mi desempeño como Asesor Técnico de ASTINAVE, cómo empresas pequeñas y medianas, trabajaban para este astillero. Ahora, está inactivo. ¿Para quién trabajan?. ¿No habrán desaparecido muchas de ellas?. España, en esto, tampoco es una excepción.

Por tanto, afirmar que el sector público empresarial es la rampa de lanzamiento de muchas empresas privadas, es algo que, por su evidencia, es innegable. He aquí, pues, una razón básica. Pero, quizás no parezca suficiente. Preguntaríamos a todas aquellas personas que ponen en tela de juicio la existencia de las empresas públicas por qué, ellos no absorben estas actividades empresariales y demuestran que, en efecto, la empresa pública no es necesaria en determinados sectores empresariales. Nos responderían que es necesaria una inversión inicial muy considerable, que el riesgo es muy alto, que la tecnología que se necesita no la tienen, que no da los beneficios que ellos desean obtener y terminarían, tal vez, diciendo que eso es cosa del Estado, cayendo así en la propia contradicción a la que nos tienen acostumbrados.

Por tanto, toda evaluación político-económica sobre la razón de existir de la empresa pública, debe hacerse bajo un prisma social de desarrollo económico y social de una determinada nación, en su globalidad, o bien, de una determinada región geográfica de esa nación, que está deprimida económicamente, que sufre una alta tasa de paro y todo ello, engendra falta de preparación profesional de sus habitantes. Es el Estado quien, inevitablemente, tiene que intervenir para solucionar esta difícil situación, pues es inversión a cambio de desarrollo social lo que se busca y la iniciativa privada no entra en ese terreno.

Venezuela, como nación emergente, con fuerte potencial económico, debido al petróleo que exporta, a las materias primas que posee (que ya hemos enunciado en nuestro anterior artículo), con su ubicación geográfica, con una extensión de casi un millón de Km2, ( el doble de España), una población que oscila en los 20 millones de habitantes, (la mitad de España), muy desigualmente distribuida, necesita, ineludiblemente, la intervención estatal y por tanto, la empresa pública es indispensable en el desarrollo social de Venezuela.

El ratio: CAPITAL INVERTIDO/PUESTOS DE TRABAJO CREADOS, tenderá a ser, sin duda, muy superior a la unidad y eso la empresa privada no lo admite. Por tanto, el fin social de la empresa pública, es ineludible, pero la empresa privada no se perjudica de ello, puesto que obtiene trabajo de la misma.

Pero decir, que la empresa pública invade el terreno de la empresa privada, al menos, en el caso de Venezuela, no es exacto. La razón ya la he expuesto, anteriormente, el Estado va a implantar empresas públicas, allí, donde no hay actividad empresarial privada. Volvemos a lo ya indicado en nuestro anterior artículo, Paraguaná tiene industria petrolera, centrada en Punta Cardón, pero el resto de esa península no tiene más industria. ASTINAVE, cubría ese vacío. Ahora, la iniciativa privada lo mantiene inactivo. ¿Para qué se privatizó?. ¿Dónde han ido a parar esos puestos de trabajo?.

Privatizar empresas públicas para disminuir la dimensión del Estado en la sociedad y sobre todo en el campo empresarial, tampoco es la solución definitiva a una situación de crisis económica de una determinada nación. La razón es muy simple, normalmente el déficit presupuestario estatal está generado por opciones políticas (recordemos que la Teoría Económica es muy taxativa en este término). Si se opta por una determinada opción política ello conlleva, necesariamente, unos costes presupuestarios que tendrán que sufragar los ciudadanos y que afrontar el Estado con una, también, determinada política fiscal.

Para hacer disminuir o incluso desaparecer este déficit, el Estado podrá vender todas sus empresas públicas, pero si la estructura política adoptada continúa siendo la misma, sólo habrá conseguido maquillar el resultado del ejercicio económico con los ingresos atípicos recaudados por estas ventas, pero la estructura político-administratíva adoptada, continúa existiendo. En consecuencia, el déficit continuará persistiendo. Una vez vendidas todas estas empresas públicas ¿qué más queda por vender?. Creemos que el razonamiento genera una respuesta. No es la solución verdadera. En este caso, pasa, dicha solución, por readaptar la opción polício-administrativa adoptada, a la verdadera capacidad recuadativa de la nación. Este último caso, entendemos que se da en España.

Queda otra posible objeción a la existencia de la empresa pública. Está mal gestionada porque al frente de la misma no hay auténticos gerentes empresariales. Debemos reconocer que esto es cierto. Pero la solución es factible de alcanzar. Gerenciar la empresa pública con los mismos conceptos que la privada y con profesionales, totalmente, ajenos a la política. Pidiéndoles y exigiéndoles resultados y obtención de objetivos que la permitan competir en sus respectivos mercados. Pero no sólo en precio/calidad, también hacerla competitiva porque es capaz de aportar tecnología avanzada propia.

Estimamos que el concepto de competitividad no sólo debe abarcar precio/calidad, si no también tecnología avanzada. Así, si una empresa pública o privada, sale al mercado con una tecnología de vanguardia propia será competitiva porque ofrece un bien útil al hombre y por tanto éste lo comprará porque tiene que satisfacer su necesidad. El precio será, siempre competitivo, porque por encima de éste está la tendencia a satisfacer una necesidad y por ella se paga. Pero basarse, solamente, en que la competitividad está supeditada a la relación precio/calidad es un concepto, que a nuestro entender, ya el mercado no demanda y ha quedado obsoleto en el tiempo.

Terminamos este artículo, diciendo que no todos los empresarios están al día en esto y por tanto su escudo es afirmar que el Estado no tiene por qué intervenir ni en la política económica de la nación ni mucho menos en la actividad empresarial.

John Maynard Keynes, hoy relegado por sus teorías económicas y sustituidas por otras de carácter neoliberal, que dejan todo en manos del ajuste de la Ley de Oferta y Demanda y cuyos resultados vemos, con tristeza, (paro, miseria, desigualdad en el reparto de la riqueza mundial….), le escribía al Presidente Roosevelt, con fecha 30 Diciembre de 1.933, una extensa carta, editada por el periódico New York Times, el día 31 de Diciembre de 1.933.

En ella le decía que en tiempos difíciles no puede esperarse que el ciudadano tienda a gastar más de lo necesario, ni puede esperarse que la actividad empresarial tienda a tener mayores expectativas de negocios, pero sí puede esperarse que el Estado, acuda en auxilio de una economía deprimida para generar actividad empresarial, combatiendo, con ello, el inevitable paro que toda depresión económica engendra.

Finaliza su extensa carta diciendo que cuanto significaría, no sólo para la prosperidad material de EEUU y del mundo entero, que esto último sucediera, sino para las almas al recobrar la fe en la prudencia y el poder del Estado.

Creemos que tras estas palabras nada tenemos ni debemos añadir. Los años han transcurrido, la historia económica ha dejado fe de lo sucedido, desde entonces hasta nuestros días y son los gestores de la cosa pública, los que tienen que decidir qué deben hacer, en bien de los intereses de la sociedad a la que gobiernan.