La economía en una Mesa de juegos militares
El paro una acción colectiva “civil”
El paro cívico incluye la suspensión de actividades económicas de producción, agrícola, petrolero y comerciales; en este último, el sector servicios, se mantiene aun operativo el sector de la economía informal, basado esencialmente en la distribución de los inventarios generados para este período del año.
El paro constituye una clara acción colectiva expresada políticamente por individuos, gremios, asociaciones civiles, sindicatos, organizaciones sociales, las que actuando como gran grupo —sociedad civil— toman el riesgo económico y social a cambio de obtener un objetivo dirigido a compensar el costo asumido. En otras palabras, la racionalidad del paro para la sociedad civil reposa en un cálculo de costo – beneficio; cuánto me cuesta, tanto me gano. Su dimensión, establece un punto de partida para comprender el enorme costo económico y social que la gente, empresarios, trabajadores y consumidores se disponen a pagar; de allí, la necesidad que el gobierno comprenda que la negociación es el camino de menor trauma para reestablecer la gobernabilidad.
La militarización y la violación de los derechos de propiedad
Situaciones como estas exigen de los gobiernos una consideración cívica acorde. Sin embargo, la respuesta del actual gobierno ha sido la militarización del entorno económico y social, no solo a través de medidas de facto ejecutadas y dirigidas por Jefes de Guarniciones Militares, sino por decretos y decisiones que han profundizado la debilidad de los derechos de propiedad. La respuesta militar del gobierno, en los hechos y en el derecho, constituye un colosal contrasentido que incrementará los costos de la crisis.
La actividad económica —y mas aun el petróleo— es incongruente con la acción militar, diseñada esta para la guerra; la economía se organiza en redes de producción, de distribución y de consumo, en sentido radicalmente distinto a la sinergia militar en sentido de obediencia vertical y estricta, muy ajena al funcionamiento del sistema económico que como decíamos arriba se organiza en redes.
La economía esta constituida de eventos espontáneos auto-coordinados y descansa en una estructura de incentivos definida por el ejercicio pleno de derechos de propiedad, si estos son afectados, lo que es común denominador en esos años de revolución, la producción, el ahorro y el consumo caen.
La militarización y el impacto sobre la economía
En los días que llevamos de paro cívico ya se observan casos protuberantes de esto. Por ejemplo, la intervención del orden militar en la distribución de combustibles (toma y secuestro de medios de producción y transporte) y en la producción y distribución de alimentos son casos emblemáticos, los daños y costos ya son en esos casos mayores a los que pudiera producir el paro, ello unido al grotesco precedente de la violación de los derechos de propiedad.
Por ello, la militarización, que ha surgido por la incapacidad del gobierno de operar de acuerdo a reglas de juego de contenido institucional, ha profundizado el debilitamiento de los derechos de propiedad, con lo cual, en la ilusión de poner a andar la maquinaria económica de la economía formal, incluido el petróleo, se causarán mayores costos y deseconomías, en virtud del subyacente autoritario que la militarización incorpora a la actividad económica, y por la ruptura de la estructura de incentivos que generan los derechos de propiedad.
Negociación y militares a las barracas
De allí la emergencia con que el gobierno debe comprender esto, lo cual evitaría mayores sacrificios, además que políticamente no beneficia las acciones del gobierno que hoy canaliza “ manus militaris” una acción política a la cual le es inherente un sentido de violencia lo que eventualmente complicara y agravara mas las cosas de la economía.
Es importante destacar y acotar que la acción colectiva del paro cívico y de la suspensión de actividades económicas incluidas las petroleras, trae un subyacente material, dado que en los últimos años el país sufre de un intenso proceso de descapitalización, cierre de empresas, salidas de capitales, deterioro del capital humano y mayores niveles de desempleo, informalización del trabajo lo cual trae como consecuencia la perdida de importantes reivindicaciones laborales, y perdida de capital social, en virtud de que la carencia de gobernabilidad es una expresión de la descapitalización institucional, que trae entre otros la perdida del marco jurídico para hacer negocios y el debilitamiento de los derechos de propiedad, estos últimos agravados por la interferencia que la militarización ha introducido en la economía nacional.
