Irak y el nuevo juego petrolero

Luciano Reni27 noviembre, 2002

En un artículo de agosto pasado – Irak y la nueva Estrategia Energética de los Estados Unidos – tratamos de demostrar que la imperiosa necesidad de asegurarse el suministro futuro, seguro, de petróleo constituía la razón determinante por la cual la administración Bush se aprestaba a declarar la guerra contra Irak. Ello no se ha materializado todavía debido a la firme oposición opuesta principalmente, en las primeras de cambio, por los gobiernos de tres países muy importantes que son, a su vez, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se trata, como es ya ampliamente conocido, de Francia, Rusia y China. Esa oposición, aún cuando se ha ido suavizando en el transcurso de las últimas semanas, logró que la resolución, unánimemente aprobada por el mencionado Cuerpo, estipulase que ningún ataque deberá tener lugar contra Irak, en forma automática y sin la aprobación previa del Consejo de Seguridad, aún en el caso de que dicho país se niegue a cumplir de inmediato las condiciones impuestas por el organismo multilateral, tendentes a practicar su desarme total en los campos nuclear, biológico y químico.

La actitud asumida por los tres países antes citados nos ha movido a reflexión, al igual que a dos periodistas del Washington Post especializados en materia petrolera internacional. Dan Morgan y David Ottaway lograron enterarse, a través de informaciones obtenidas tanto de algunos ejecutivos de compañías petroleras norteamericanas como de los líderes iraquíes en el exilio – opositores del régimen de Saddam Hussein – de cual es la verdadera razón principal que motiva dicha actitud, asumida enérgicamente al principio, especialmente por Francia y algo menos por Rusia y China, pero considerablemente mediatizada al final. Dicho motivo no es otro que el de saber que la intención (léase compromiso) de un futuro gobierno iraquí, una vez depuesto el actual dictador, es la de favorecer abiertamente la entrada masiva a su país de compañías petroleras norteamericanas y de declarar nulos los contratos de explotación firmados por el gobierno actual, después de 1991, con una serie de países, tales como China, y con algunas firmas francesas y rusas. Esos contratos, aún vigentes, se encuentran desde entonces en estado de suspensión hasta tanto sean levantadas las sanciones impuestas por las Naciones Unidas a Irak.

Lo anterior ha sido naturalmente desmentido por algunos de los personeros de mayor jerarquía de la Casa Blanca, quienes negaron reiteradamente que el tema petrolero represente el punto focal de la problemática considerada actualmente por la administración Bush con relación a Irak. No obstante, resulta muy interesante conocer las declaraciones ofrecidas por James Woolsey, ex director de la CIA y connotado partidario de deponer a Saddam Hussein por la fuerza. Dicho funcionario habría declarado ante los periodistas: «Rusia y Francia poseen compañías petroleras e intereses en Irak. A los gobiernos de esos países se les debería advertir que sólo si ellos colaboran en la instauración de un gobierno decente en Irak, nosotros haremos lo que esté a nuestro alcance para asegurarles la colaboración del nuevo gobierno y de las compañías petroleras americanas. De lo contrario, sería difícil o imposible convencer a las nuevas autoridades iraquíes que les permitan operar en su país».

Para apoyar esas declaraciones, se reportan las expresadas por Faisal Qaragholi, ingeniero petrolero quien dirige la oficina londinense del Iraqi National Congress, organización ésta que reúne varios grupos de oposición en el exilio apoyados por los Estados Unidos. Este personaje asegura que los contratos existentes serán sometidos a una revisión exhaustiva y definitiva y que la futura política petrolera será determinada exclusivamente por un gobierno iraquí elegido por el pueblo. Por su parte, Ahmed Chalabi, máximo exponente del Congreso antes citado, fue más allá al declarar, a título personal, que el nuevo gobierno favorecerá la creación de un consorcio liderado por los Estados Unidos, el cual tendrá el privilegio de desarrollar todos los yacimientos petroleros iraquíes.

Finalmente, de no resultar las declaraciones anteriores suficientemente convincentes para algunos escépticos, Greg Hitt reporta, en el Wall Street Journal del pasado 25 de noviembre, que George W. Bush tranquilizó públicamente al gobierno ruso, al declarar el día anterior en San Petersburgo, en una entrevista con la televisión rusa, que los intereses de Moscú en Irak serían protegidos y las obligaciones, de ellos derivadas, serían honradas en el caso de estallar una guerra contra ese país. Bush se refirió explícitamente al cumplimiento del contrato suscrito en 1991 entre Irak y la compañía estatal Lukoil de Rusia por 3,5 millardos de dólares, destinado a la explotación de un enorme yacimiento petrolífero y también al pago de los 10 millardos de dólares que Irak le adeuda a Rusia. El mandatario norteamericano no dudó en definir ese compromiso, así como el reciente envío de petróleo ruso a su país, con miras a aumentar sus reservas estratégicas, como de ejemplo simbólico de la relación cada vez más profunda entre los Estados Unidos y Rusia en materia energética.

En vista de los argumentos esgrimidos e iniciativas emprendidas, cabe preguntarse si son razón suficiente para explicar el ablandamiento de la resistencia ofrecida inicialmente por Francia, Rusia y China al proyecto de resolución contra Irak, originalmente propuesto por los Estados Unidos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En todo caso, es evidente que la presión hábilmente ejercida por la primera potencia económica y militar del planeta puso a sus amigos y aliados en una disyuntiva. En efecto, si esos países hubiesen aprobado, con mucha facilidad y ligereza, los planes inicialmente anunciados por los Estados Unidos, la extinción del actual régimen iraquí hubiera dejado a sus empresas sin contratos y, por ende, excluidas de la futura adjudicación para la explotación de nuevos yacimientos petrolíferos en Irak. Análogamente, de haber mantenido una posición intransigente, inflexible, en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU y si, a pesar de ello, la administración Bush hubiese decidido llevar a cabo sus propósitos bélicos, las compañías francesas, rusas y chinas hubieran sido igualmente vetadas o excluidas por el nuevo gobierno iraquí. En consecuencia, se debía imponer, como en efecto sucedió, una negociación tácita que culminó en un quid pro quo. De tal manera que, después de depuesto Saddam Hussein, esos países recibirán alguna participación en el nuevo gran negocio petrolero que se aproxima.