¿Inversiones en Venezuela?
Para tener éxito en la difícil tarea de reactivar la economía nacional, será necesario, como se ha dicho en innumerables ocasiones, atraer cantidades considerables de inversiones directas extranjeras (IDE). Su suma anual no debería ser inferior al 10% del PIB, lo cual representaría, en la actualidad, alrededor de 10 millardos de dólares. Unicamente así, podríamos aspirar a un crecimiento de nuestra economía que se podría situar entre el 7 y 8% lo cual, en términos reales per cápita, equivaldría a cerca del 5% interanual. Ese es el nivel de crecimiento, sostenido a través de muchos años, que nos podría poner verdaderamente en vías de desarrollo. Ello representa, no obstante, un reto de grandes proporciones, debido a los enormes obstáculos que nuestro país debe comenzar a superar sin más demora y en forma acelerada.
Las acciones de las cuales se pudieran esperar resultados positivos, tangibles a más corto plazo, cabe mencionar tres, a saber, la modernización de unas infrastructuras físicas actualmente insuficientes y obsoletas, el establecimiento de un ambiente de seguridad jurídica y la cosagración definitiva y clara de la garantía de los derechos de propiedad, comparable con la de los países emergentes que nos llevan mucha delantera. Entre ellos está Chile el cual se ubica, en ese campo desde hace muchos años, a la altura de las naciones más industrializadas. Solamente así, podríamos aspirar a mejorar substancialmente lo que en economía se denomina productividad total de factores (PTF). Las acciones antes citadas son de vital importancia para lograr un rápido proceso de reducción de nuestros costos de transacción, cuyo nivel, hoy inusitadamente elevado, ha sido alcanzado en forma continua y creciente a partir de los años 70.
En cuanto a la falta de seguridad personal que aflije cada vez más a todos los habitantes de nuestro país, aun reconociendo su carácter obviamente negativo y sin ánimo de restarle importancia a sus repercusiones igualmente negativas en materia de atracción de capitales foráneos, ocupa, en nuestra opinión, un lugar menos importante que los antes mencionados. Ejemplo de ello lo encontramos en el hecho de que un país como Brasil, con índices de delincuencia y muertes violentas parecidos o posiblemente aún más elevados que los de Venezuela, logra atraer cada año IDE en cantidades incomparablemente superiores a los nuestros.
El otro sector, cuyo fuerte favorecimiento tanto cuantitativo como cualitativo, es susceptible de crear una base sólida indispensable que permita optar por una tasa de crecimiento elevada y sostenible a largo plazo, es lógicamente el de la educación, especialmente la primaria, secundaria y técnica. Ello no significa de ningún modo el restarle importancia a la superior universitaria. Por el contrario, una mejor educación secundaria permite la formación de mejores profesionales universitarios, lo cual se traduce, entre otras ventajas, en una capacidad gerencial más abundante y de mayor calidad, característica de los nuevos países industriales (NPI)como Taiwan y Sur-Corea .
He querido intencionalmente abordar de último un conjunto de medidas, factibles de ser tomadas a muy corto plazo, sin las cuales, en mi opinión, las enunciadas anteriormente tendrían un efecto insuficiente hacia el logro de nuestro propósito, cual es el de propender a un crecimiento económico alto y sostenible que permita mejorar substancialmente el nivel de vida de nuestra población en general, reduciendo las desigualdades a través de un aumento de oportunidades.
Como primera medida, propongo incentivar, a través de una protección arancelaria razonable, asistencia técnica adecuada y financiamiento « blando » cuidadosamente supervisados, la producción masiva, en determinadas regiones del país, de aquellos renglones agrícolas para los cuales existan condiciones técnico-climáticas favorables. Una vez satisfecho el consumo interno, los excedentes podrían sumarse a nuestras exportaciones no tradicionales. Frente a posibles objeciones, formuladas por los más liberales, en materia de globalización o liberalización de mercados, se les recuerda que tanto los Estados Unidos como la Unión Europea y el Japón subsidian fuertemente su sector agrícola.
La segunda medida consiste en identificar, a través de un estudio minucioso, los sectores industriales que, mediante la instrumentación o restablecimiento de una política de protección temporal y decreciente, ofrezcan las características necesarias, es decir, las ventajas comparativas y potencialmente competitivas para que, una vez eliminada la protección otorgada, puedan competir de igual a igual con productores del exterior. Para lograr los resultados esperados, el Estado deberá fijar claramente las reglas de juego desde el principio. A su vez el empresario deberá anticipar que dichas reglas no serán modificadas en el camino ni podrán ser mucho menos evadidas. Los sectores y empresas beneficiarias de un tal programa se comprometerán, como condición previa, a realizar, a través de financiamientos en condiciones privilegiadas, las inversiones necesarias para la modernización de sus instalaciones y facilidades productivas. Este esfuerzo, llevado a cabo según un programa preacordado y bajo la estricta supervisión oficial, es indispensable para asegurar el logro de la meta propuesta en el período de tiempo concedido.
Apoyado en mi experiencia personal de los años 70 y 80, no dudo en sugerir el metal-mecánico como uno de los sectores que se encuentra mejor dotado para cumplir con el programa antes descrito. En efecto, la mayoría de los lectores probablemente desconoce el hecho que buena parte de los equipos pesados (Torres de destilación, columnas de absorción, intercambiadores de calor, tanques y esferas de almacenamiento, etc.) adquiridos por las entónces filiales de PDVSA para la ampliación de las refinerías de Amuay, Cardón, El Palito y Puerto La Cruz, entre otros tantos proyectos, así como por Pequiven para la ampliación de sus complejos petroquímicos de Morón, El Tablazo y Jose, fueron éxitosamente fabricados por una docena de empresas diseminadas por todo el país. Un relato similar puede hacerse con relación a las grandes obras realizadas por EDELCA en Guayana, como lo fue el caso del proyecto Macagua II, para el cual se maximizó la fabricación en talleres venezolanos de 14 enormes turbinas, así como la totalidad de las tuberías forzadas, cuyo diámetro sobrepasa un edificio de tres pisos. Esos proyectos y muchos otros- los cuales, por falta de espacio, no puedo mencionar aquí- representaron un ahorro cuantioso de importaciones para el país que no dudo en valorar en más de 1 millardo de dólares de la época, equivalentes a dos o tres veces ese monto, por poder adquisitivo, hoy en día.
Pero más allá del ahorro de divisas proporcionado por la fabricación de esos equipos y las que se obtuvieron a través de algunas exportaciones importantes que se hicieron al mercado norte-americano, así como el empleo directo e indirecto generado y el efecto multiplicador sobre la economía nacional en general, lo más trascendente para el país lo constituyó la absorción de tecnología sofisticada, la acumulación de capacidades técnicas (« skills ») y de conocimientos (« Know-how ») por los obreros, técnicos, ingenieros y empresarios venezolanos. Una buena parte de todo ese bagaje, lujo para un país sub-desarrollado, se perdió con la quiebra o con la reducción a su más mínima expresión de la gran mayoría de esas empresas, ocurrida progresivamente a raiz de la apertura comercial apresurada y no selectiva realizada en 1989 por el gobierno nacional. Dicho sea de paso, el mismo error se había cometido en Chile quince años antes, con los mismos resultados, cuando los
« Chicago boys » de Pinochet optaron por reducir todos los aranceles, entre 1974 y 1979, de un promedio de casi 100% AD-VAL a sólo 10%. A esa etapa se le conoce en ese país como la de « desindustrialización de Chile».
Una última aclaratoria para el lector escéptico. El artículo XIX del reglamento del GATT, actualmente administrado por la OMC, prevé situaciones como la nuestra. En otras palabras, a través de lo contemplado en dicho artículo, en el caso de que un país miembro compruebe que uno o más de sus sectores productivos se encuentra en graves dificultades que pudieran comprometer su existencia misma, esa organización internacional admite la posibilidad de que ese país reinstaure
« temporalmente » niveles de protección que le permitan al sector afectado recuperarse y así poder hacerle frente a la competencia extranjera.
Una vez salvado el escollo más relevante, se podría abordar el tema del valor de nuestra moneda nacional, comparando su poder adquisitivo con el de la media ponderada de los socios comerciales más importantes de nuestro país. Sin embargo, una moneda estable, lo cual no determina necesariamente su anclaje al valor del dólar norte-americano, aconseja no privilegiar excesivamente a los exportadores a base de devaluaciones periódicas, puesto que éstas propenderían a desincentivar los esfuerzos necesarios para mejorar su productividad y a aumentar la tasa de crecimiento inflacionario que es factor empobrecedor de las grandes mayorías.
Existen otros mecanismos más eficaces para contribuir, dentro de límites razonables, al logro de una mayor competitividad de los productos nacionales en los mercados foráneos. Uno de ellos, amplia y abiertamente utilizado en el pasado reciente por los países desarrollados y también en Venezuela (« draw back » ), consiste en que el Estado siga coadyuvando el esfuerzo exportador, mediante el pago ágil y oportuno de un porcentaje adecuado, sujeto a revisiones o ajustes periódicos según indique la realidad.
En enero del año pasado, PDVSA anunció su plan de incrementar la producción de petróleo venezolano a cerca de 6 millones de barriles diarios para el año 2007, maximizando su refinación en el país. Esa enorme inversión que se ubica en varias decenas de millardos de dólares, representaría una nueva gran oportunidad para revitalizar en forma permanente nuestra economía, siguiendo un esquema del tipo antes descrito.
¡No la perdamos señores del gobierno, es posible que sea nuestra última oportunidad!
