Instan a investigar empresas brasileras en Venezuela
La llamada operación Lava-Jato, adelantada en Brasil por la Fiscalía General en Petrobras, ha tenido como consecuencia la detención de varias decenas de propietarios y gerentes de las más grandes contratistas brasileras, de gerentes de la petrolera y de jerarcas del Partido de los Trabajadores (PT).
Hasta el momento, la operación abarca 23 empresas, que han sido incluidas en una lista negra de Petrobras, que a su vez han sido contratadas por varios países de la región.
A raíz de que la Fiscalía General exigiera al gobierno de Brasil la documentación completa de los contratos de estas empresas en Venezuela, siete países que forman parte de Transparencia Internacional (Venezuela, Panamá, Perú, Chile, Argentina y República Dominicana) decidieron realizar una investigación conjunta sobre la situación brasilera.
Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, indicó que la ONG indicó que cuatro de las 23 empresas brasileras investigadas han sido contratadas por el gobierno venezolano (Queiroz Galvao, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Odebrecht).
Según la investigación, son en total 40 contratos de gran envergadura distribuidos de la siguiente forma: 32 con Odebrecht, cuatro con Carmargo Correa, tres con Andrade Gutiérrez y uno con Quiroz Galvao.
Señaló de Freitas, que a diferencia de Perú y Chile –donde los contratos pueden ser bajados de internet- en Venezuela hay total desconocimiento de los términos de los contratos firmados.
De Freitas dio a conocer que la pasada semana enviaron 15 comunicaciones a distintos entes estatales venezolanos solicitando informaciones de los contratos de estas cuatro empresas.
Específicamente han requerido la publicación de todos los contratos; una investigación exhaustiva y abierta, para descartar que se haya aplicado en Venezuela las prácticas de corrupción que están siendo investigadas en Brasil; el impacto del posible lobby del expresidente Lula Da Silva, que se reunió 36 oportunidades con el presidente venezolano; el status de las obras contratadas; y que el gobierno informe el origen del financiamiento de estas 40 obras.
