Imputan a organización por malversación en rescate de la línea aérea Plus Ultra
El Juzgado de Instrucción N° 15 de Madrid inició acciones hacia la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el cual se le acusa de desfalcar caudales públicos en el rescate de 53 millones de euros otorgados en marzo de este año por el Gobierno a la línea aérea Plus Ultra.
De acuerdo a la información publicada por el diario El Español, la magistrada Esperanza Collazos reveló que «los hechos denunciados hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».
La investigación empezó con una denuncia por parte del sindicato Manos Limpias, liderado por Miguel Bernard, quien está siendo juzgado en la Audiencia Nacional. La juez decretó esas diligencias contra el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, quien a su vez presidió en el ente que gestiona los recursos de rescate a empresas que están afectadas por el embate causado por el coronavirus.
Hasta el momento, la instrucción judicial está en su fase inicial y la magistrada solicitó la documentación referente a la denuncia sin que haya llamado a nadie en calidad de testigo.
«El responsable de gestionar el fondo de rescate para empresas estratégicas afectadas por la pandemia es un consejo gestor presidido por la persona que ostente la presidencia de la SEPI, cargo que en el momento de aprobarse la ayuda desempeñaba Bartolomé en funciones», reseñó el portal.
El rescate de los 53 millones de euros fue aprobado el pasado 9 de marzo a través del Consejo de Ministros a esa compañía catalogada como «desconocida hasta hace unos meses» y que generó «una tormenta política por la reducida cuota de mercado de la aerolínea y sus vínculos accionariales con empresarios venezolanos considerados próximos a Nicolás Maduro», aseguró El Español.
Luego de conocerse la imputación, la línea aérea Plus Ultra emitió un comunicado donde señala que ha sido transparente con «los datos, procesos y requerimientos de la SEPI para acceder a la ayuda temporal que se le ha concedido» y adicionalmente, indicó que colaborará con el juzgado en todas las «diligencias abiertas» con el objetivo de que se aclaren los puntos que sean necesarios y «con el convencimiento de la correcta actuación de la SEPI y de la compañía en la tramitación y resolución del expediente del apoyo financiero».
