Gestión Chávez: Un paquete engañoso y una Poison Pill
No sólo en materia económica, sino igualmente en materia de política social, las actuaciones y las políticas públicas, económicas y regulatorias del Gobierno han sido cuando menos desatinadas, de espalda a la teoría económica y regulatoria, así como a la doctrina, la jurisprudencia y a las buenas prácticas.
Según las promesas pre-electorales, el gobierno ofreció la construcción y/o entrega de 150.000 unidades habitacionales durante el año 2011. Al cierre del primer semestre del año 2011, según cifras oficiales, se habrían entregado escasas 18.000 unidades habitacionales, lo que representa 24% de meta semestral y 12% de la meta del año.
Habría que acotar que parte de estas unidades habitacionales no habrían sido desarrolladas, ni construidas a partir del anuncio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, sino que se trataba de unidades habitacionales ya avanzadas, e incluso desarrolladas por el sector privado que luego son expropiadas. Lo anterior resulta lapidario a la hora de estimar si efectivamente el Ejecutivo Nacional a futuro va a poder superar los precarios resultados del 12% de la meta de un solo año, teniendo en cuenta que se ofrecieron 2.000.000 de unidades habitacionales (cifra que no considera el crecimiento vegetativo de la población). Esta última cifra, al ritmo de construcción anual mostrado a lo largo de los últimos doce años –cuando se construyeron 297.000 unidades aproximadamente-, sería completada dentro de 80 años.
El escenario anterior lo complica el hecho que tanto el sector de cabillas como el de cemento, ahora estatizados, han sido víctima de mafias, corruptelas, mercados negros, sobre-precios y escasez. Este tipo de desempeño resulta una típica falla de Gobierno que se presenta una vez un sector económico ha sido estatizado.
En la literatura de la teoría económica, específicamente en la teoría de la regulación y en la teoría de empresas, existen dos definiciones y expresiones anglosajonas que pueden fácilmente ser aplicadas cuando se intenta describir a la actual gestión de Gobierno: deceptive package y poison pill. La primera expresión, proveniente de la literatura de la regulación del sector financiero, en específico el de compañías de seguro, se encuentra referida a aquella situación en la cual una compañía por querer hacer ver su oferta al público más atractiva, es capaz de fijar niveles de primas que atentan contra los requerimientos mínimos de los cálculos actuarialmente exigidos para hacer viable la actividad de transferencia de riesgos hacia las compañías de seguro.
La oferta realizada por el Ejecutivo Nacional de construir 150.000 unidades habitacionales este año y 2.000.000 de unidades en los próximos 6 años, constituye una oferta engañosa o un paquete no viable que se le está ofreciendo al país. Por su parte, la segunda expresión, Poison Pill, se refiere a la estrategia que suele desplegar un presidente ejecutivo de una compañía, o su administrador, basada en una serie de decisiones que intenta entronizarlo en el cargo, buscando crear dependencia o evitar que sea prescindible el mismo a los ojos de los accionistas –especialmente ante la amenaza de un takeover-. El alto Ejecutivo Nacional ha querido hacer ver que sin él, el país no podría seguir una ruta viable de paz. En este sentido, se han creado milicias pretorianas, se han financiado grupos de adeptos políticos, se han entregado fraudulentamente emisoras de radio a grupos de adeptos, se han estatizado empresas y abultado sus nóminas con fichas del partido oficialista, etc.
Sin embargo, la ciudadanía venezolana ha podido ir identificando quienes son los verdaderos responsables de la ausencia de planificación y eficiencia en las políticas públicas. Más allá, cada vez queda más claro quién debería ser el responsable de garantizar y coadyuvar a la provisión y oferta de bienes públicos, sobre los cuales no existen incentivos suficientes para su oferta por parte de privados. Los venezolanos, por ejemplo en el caso de la inflación indetenible, han entendido que resulta un impuesto hambreador y regresivo que golpea a los más pobres, por ser éste el grupo poblacional que destina mayor parte de sus ingresos a los alimentos y servicios básicos. Las promesas de solución al problema energético, resultaron falsas. Actualmente Venezuela, el país “energético” por excelencia, presenta problemas con los combustibles fósiles, la energía y la electricidad. Los venezolanos, como reconoce la teoría económica de la regulación, se están reconociendo como residual claimants o víctimas finales de las malas políticas públicas, de los prejuicios y del desconocimiento del Ejecutivo Nacional. Los resultados de las dos últimas contiendas electorales son evidencia inequívoca de ello.
Economista. Master in Industrial Organization and Markets. Master in Competition and Market Regulation. Especialización en Economía de los Sectores Energía, Telecomunicaciones, Transporte, Farmacia, Agua y Banca. Profesor universitario en las asignaturas de Regulación Económica y Regulación de Competencia.
