Garantía de Suministro: Un Bien Social (Réplica)

Aun cuando hubiésemos preferido que nuestro artículo levantara discusión en el campo de las ideas y no en el de la descalificación, ejercemos un derecho a replica para aclarar algunos comentarios realizados por el opinador Alberto Méndez Arocha en su nota “Calidad (“garantía”) del servicio eléctrico venezolano” publicada en analítica el domingo 26 de octubre.

Nuestro artículo anterior, titulado “Garantía de Suministro Eléctrico: un bien social”, versaba sobre como responsables de políticas regulatorias (por ejemplo el Consejo Nacional de Energía de España ), así como una serie de académicos, como la investigadora Natalia Fabra , se han avocado a analizar la necesidad de diseñar esquemas de incentivos que garanticen el suministro eléctrico. El artículo contextualiza esta inquietud en el sector eléctrico, así como ocurrió con otros sectores proveedores de servicios públicos, a lo largo de los años ochenta, cuando se cuestionó el modelo de negocio y regulatorio imperante. Por un lado, se ponía en duda la necesidad de propiedad pública sobre las empresas proveedoras de servicios públicos y por el otro se revisaba la estructura o forma organizacional de los proveedores (mayor integración versus desintegración).

Así las cosas, la escuela del pensamiento imperante para la época, la escuela de Chicago, aunado a las vicisitudes enfrentadas por las gestiones fiscales en los países desarrollados, fungieron como determinantes para que se iniciara un proceso de privatización, liberalización y re-regulación (privatización y regulación del operador privado) de los sectores de servicios públicos. El modelo regulatorio y el modelo de prestador de los servicios públicos basado en un Estado empresario había sido puesto en duda

Puntualmente, en los años ochenta, los enfoques económicos y regulatorios (desregulatorios) en boga basados en los preceptos de la escuela de Chicago sobre la neutralidad de la red, concepto aplicable a todo sector de servicios que posea un renglón caracterizado como monopolio natural, por ejemplo la distribución y transporte, tanto en energía como en telecomunicaciones, cuestionaban la preocupación sobre un eventual despliegue de conductas abusivas (por ejemplo, conductas explotativas tanto basadas en precios, así como conductas explotativas no basadas en precios) por parte de empresas con poder de mercado o monopolistas instalados (Incumbent ).

Sin embargo, los procesos de privatización y liberalización no resultaron al unísono exitosos a lo largo de los distintos sectores proveedores de servicios públicos, ni a lo largo de los distintos países que los pusieron en marcha.

Por ejemplo, en España se garantizó que aquellos clientes residenciales que formaban parte de la basa de clientes de tarifas reguladas irían migrando, incluso voluntariamente, hacia los nuevos regimenes tarifarios “no regulados”. Aun existe un número considerable de clientes con esta clasificación. Más allá, la opinión pública cuestionó si efectivamente el nuevo modelo regulatorio y de negocio de proveedores privados resultaba socialmente deseable, toda vez que la sinceración de las tarifas implicaba un alto costo político. Aunado a lo anterior, si la sinceración de tarifas a costos variables se enfrentaba a una resistencia política, que habría de esperarse en el caso de expansión de capacidad generadora donde de alguna manera (vía tarifa, impuestos o subsidios) tendría que financiarse no solo los costos variables, sino igualmente las inversiones fijas. Adicionalmente, en sectores con curvas de costos marginales tipo L invertida, donde nuevas tecnologías podrían suponer reducción de costos variables, existen pocos incentivos privados para la renovación de un parque tecnológico ya amortizado. De esta manera, aparece una legítima inquietud social de cómo alinear los incentivos individuales con la necesidad de garantizar el suministro eléctrico.

El artículo escrito por nosotros originalmente, comenta algunos instrumentos o esquemas de incentivos, tanto por el lado de la demanda energética como por el lado de la oferta que intentaban corregir tal problema de coordinación individual y de falta de incentivos individuales. Nuestro artículo pretendía confrontar la idea de que la economía normativa regulatoria sugeriría la inexistencia de problemas agente-principal entre un Estado empresario que llevase adelante la actividad proveedora de servicios públicos y los ciudadanos, sin embargo, la economía positiva ante los últimos episodios ocurridos en Venezuela, eventualmente posee mayor poder explicativo y predictivo sobre la existencia o no de un problema agente-principal.

Nadie puede alegar su propia torpeza e ignorancia, la escuela de Harvard referida por nosotros sobre Gobernabilidad (Accountability) nada tiene que ver con la interpretación pedestre que hiciera el opinador Alberto Méndez Arocha sobre contabilidad (¿), con haber seguido el sentido del texto o en todo caso ilustrarse si se desconoce el término, se habría ahorrado la confusión. Luego, el opinador redacta una nota con ideas inconexas en las cuales ratifica los mecanismos tarifarios y de estímulos que pretenden garantizar los incentivos a la generación, por lo que no se entiende si es una crítica o una certificación de las ideas expuestas por nosotros. Finalmente, acepto y suscribo que eventualmente los anglicismos suelen ser antipáticos, aun así, existen muchos términos que no cuentan con traducción al español y que por reflejar un concepto ahorran espacio a la hora de escribir. Sin embargo, en nuestra defensa ante la tilde de pitiyanqui, solo diremos que jamás encontraran de nuestra parte que cerremos un artículo con frases como: “¡Liberté, egalité, pour nous tous!!” (ver la nota: ¿Quién paga los daños por los apagones? Analítica jueves 4 de octubre autor Alberto Méndez Arocha), al respecto preferimos no opinar porque puede pasarse del plano de las ideas al descalificativo y lejos de herir, aleja al opinador del ámbito profesional y técnico.