Fedecámaras: Cambiar la Ley de Precios Justos no resuelve nada

El máximo gremio de los empresarios privados criticó  el anuncio de una nueva ola de fiscalizaciones a los comercios debido al regreso del Precio Máximo de Venta al Público, que fue anunciado por el presidente Nicolás Maduro este martes en la noche en su programa televisivo.

“La verdadera raíz de las dificultades está en el modelo económico. Querer centralizar y controlar la actividad privada mediante nuevos organismos reguladores, con fiscalizaciones que se han utilizado más como amenazas que como verificaciones efectivas del cumplimiento de la norma, con un discurso y con acciones hostiles y amenazantes, solo se genera incertidumbre y se alejan las inversiones” aseguró la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en un comunicado público.

Los empresarios privados recordaron, una vez más, que el sector industrial y comercial que no pertenece a las redes públicas es parte esencial de la solución para levantar la producción nacional que se estima desacelerada y en caída, a pesar de que el Banco Central de Venezuela (BCV) lleva nueve meses completos sin publicar las cifras del Producto Interno Bruto.

“Es necesario hacer cambios sustantivos en los esquemas de intervención de las actividades productivas. Es necesario recuperar la confianza, apoyar la producción y esto no se logra criminalizando y exponiendo al escarnio público al empresariado venezolano” apuntó el gremio en su pronunciamiento.

La Ley Orgánica de los Precios Justos que los empresarios privados trataron de vetar con un recurso en el Tribunal Supremo de Justicia será reformada por cuarta ocasión, a través de la Ley Habilitante como lo expresó el Primer Mandatario. Hasta ahora solo se conoce que las sanciones para los comercios que inflen los precios aumentarán con la nueva normativa porque se harán en función de su ingreso neto y no sobre un número de Unidades Tributarias. Igualmente se incrementarán las penas de cárcel para los empresarios que sean juzgados por usura o acaparamiento.

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