Expropiación habitacional: ¿Solución mediática?
En una primera lectura, uno no parece encontrar justificativo ni asidero en las acciones gubernamentales de expropiación de una serie de conjuntos y desarrollos habitacionales. Más allá, en el caso de supuestas tipificaciones de prácticas prohibidas por parte de las empresas desarrolladoras de los conjuntos habitacionales, existen instancias administrativas que poseen la facultad, competencia y atribuciones para enterarse del caso y dar respuesta oportuna por medio de un procedimiento administrativo apegado a ley –resguardándose el debido proceso y el derecho a la defensa-.
Sin embargo, en una segunda lectura aparecen las dudas sobre por qué expropiar a los clientes, sin conversar con ellos previamente, si estos serían justamente las victimas de eventuales prácticas abusivas o prohibidas por parte de las empresas constructoras.
Aun así, entre líneas y una vez conocidas una serie de declaraciones por parte de personeros oficialistas, pueden desprenderse algunas ideas sobre el caso de las expropiaciones de conjuntos residenciales y su verdadera intención.
El actual gobierno ha reconocido y manifestado, notoria y públicamente, su incapacidad para dar respuesta al déficit habitacional nacional que se calcula en 2 millones de unidades habitacionales. Incluso, este déficit va aumentando en la medida que la producción de viviendas resulta inferior a la tasa mínima necesaria para compensar las nuevas personas que cada año se suman a la demanda de viviendas a nivel nacional.
Dado que dentro y fuera de sus filas, el oficialismo tiene una percepción negativa en lo que a solucionar el problema habitacional nacional se refiere, y dado el rechazo que eventualmente la figura de la expropiación ha generado en el país, parece haberse articulado una medida mediática, efectista, más no efectiva.
Personajes oficialistas ya han tildado la medida como positiva dado que su objetivo es proteger a la clase media, por cierto, grupo socio-económico en el cual la actual gestión de gobierno acumula un alto rechazo. Más allá, estas personalidades pertenecientes a la actual gestión de gobierno han declarado que serán entregadas las viviendas a sus propietarios originales y/o aquellos que han ido cotizando o cancelando sus compromisos de pago en la adquisición de estos inmuebles. Adicionalmente, se plantea la posibilidad de castigo y multa a las constructoras e incluso la posibilidad de regresar pagos realizados por los eventuales afectados.
Así las cosas, dado que el gobierno es incapaz de garantizar la producción, ni las condiciones propicias para el desarrollo de la actividad de la construcción como para trazar una senda de reducción del déficit habitacional, podría estar pretendiendo “lavarse la cara” vía entrega, “justicia” y hasta venganza en contra de las constructoras.
Sin embargo, ajenos y propios saben muy bien que esta medida no reduce el déficit, ni implica construcción de nuevas viviendas; muy por el contrario existiendo un grupo determinado, con nombre y apellido de eventuales afectados, se toma una medida que constituye una pésima señal en contra de todo el sector.
Es así como el ejecutivo nacional pretende reeditar el episodio de los créditos cuota “balón” y la supuesta o eventual “justicia” que en su momento pudo haberse impartido con una opinión generalizada como positiva.
Lo lamentable de este caso es que forma parte de una nueva actuación de política pública institucionalizada por el ejecutivo nacional de populismo corto placista que destruye un bien público o social, la eficiencia dinámica, así como las condiciones necesarias para que más allá de las decenas de familias que serán adjudicadas con sus viviendas –ya construidas o por terminar-, las 2 millones que esperan por satisfacer esta necesidad vean concretarse tal hecho.
El Artículo 82 de la Constitución de la República que establece el derecho de los ciudadanos a una vivienda adecuada, no genera un deber u obligación sobre el sector privado, sino que constituye una obligación compartida entre los ciudadanos y el Estado, el cual debe garantizar las condiciones para que tal derecho se materialice –justamente resguardando la eficiencia dinámica, la seguridad jurídica y las condiciones macroeconómicas que garanticen, viabilicen e incentiven la actividad económica de la construcción, así como la generación de suficiente actividad económica privada para que se generen empleos y fuentes de sustento y remuneración para la adquisición de las viviendas-.
Se estaría, eventualmente, beneficiando, por medio de este “pote de humo” –entiéndase las recientes expropiaciones habitacionales- a unas pocas familias y condenando, no solo a 2 millones de familias, sino a las futuras generaciones y familias a enfrentarse a condiciones y probabilidades muy bajas y precarias de satisfacer su derecho a la vivienda.
La hipocresía populista de pretender que, un bien durable que demanda en su producción o construcción de un flujo de insumos de costos incrementales y de revalorización en el tiempo, sea vendido a precio fijo, sobretodo en detrimento de la fracción no cancelada, atentaría a la inversión en dicho sector. Recordemos que estamos en Venezuela, uno de los países con la inflación más alta del mundo.
Esta política populista de corto plazo de eventual transferencia de rentas inmediatas hacia un reducido número de venezolanos, condena la sociedad venezolana a destruir su capacidad de generar, recrear y multiplicar las bases materiales y de riqueza para garantizar calidad de vida. Sin embargo, lo anterior no es nada nuevo, esta política se manifiesta en la redacción de la nueva Ley de la Actividad Aseguradora, en las regulaciones y controles de precios, en la inamovilidad laboral, entre otras medidas y regulaciones promovidas por el alto ejecutivo nacional.
