Expertos aseguran que la Ley de Pensiones no tiene efectos positivos en pensionados
Expertos señalan que esta Ley de Pensiones no cuenta con los estándares necesarios para mejorar el sistema de Seguridad Social
La Asamblea Nacional de 2020 aprobó el 7 de mayo la Ley de Protección de Pensiones, pese a los llamados de atención que especialistas y entidades del sector privado, como Fedecámaras, hicieron al parlamento sobre el impacto perjudicial que esto podría causaría.
Desde la administración de Nicolás Maduro se asegura que la recién promulgada ley, que entra en vigencia el próximo 4 de julio, tiene como objetivo proteger a la tercera edad.
Sin embargo, los expertos señalan que esta sanción no cuenta con los estándares necesarios para mejorar el sistema de Seguridad Social ni brinda garantías a corto, mediano y largo plazo a los pensionados.
¿Impacto en los pensionados?
Absalón Méndez, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Coordinador del Postgrado Integrado en Seguridad Social, aseguró a la ONG Provea que la Ley de Protección de Pensiones está lejos de amparar a la comunidad jubilada del país.
«El propósito principal de esta Ley no es ni proteger, ni modificar, ni reformar, ni amparar a los pensionados. Entre otras cosas porque, contrario a lo que debe ser una Ley de Pensiones, no se advierte para nada el régimen que va a resultar modificado. En este caso, el régimen del Seguro Social, el único que otorga pensiones por vejez, invalidez, y sobrevivencia. Para que fuera, al menos, un complemento de la Ley de Pensiones, la Ley del Seguro Social se requeriría montarse sobre el régimen de pensiones del Seguro Social ¿Qué va a modificar: el método de cálculo, el monto de la prestación, cotizaciones y aportes, ¿requisitos para la obtención de la pensión? No dice absolutamente nada. Tampoco se dice nada sobre las pensiones aprobadas, las pensiones en curso o las pensiones futuras«, manifestó.
Méndez también agregó que la metodología impuesta para el cumplimiento de esta ley desvirtúa su fin original, pues al estar vinculado a una contribución tributaria pierde su «carácter de parafiscalidad».
«Se trata de un tributo y los tributos van a conformar una masa indivisa de la Tesorería Nacional lo que se llama la Unidad del Tesoro. Estos no están destinados a un fin en particular, sino los utiliza el Estado para los gastos públicos. En cambio, las parafiscalidades, que también son tributos, están destinadas a un fin determinado, como pago de pensiones, por ejemplo».
En este sentido, advirtió que al estar administrado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, no hay un «destino cierto». «Siendo un tributo, lo va a terminar pagando el pueblo, el consumidor final porque el empleador va a transferir como transfiere todas las cargas fiscales y los impuestos a la nómina laboral».
Otros factores preocupantes
Desde el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) se rechaza la ley y se llama a emplear sus recursos en mejorar el monto de las pensiones.
«Ninguna de las pensiones ha sido igualada al salario mínimo de acuerdo a lo establecido en la Ley del Seguro Social y otros factores como pérdida del poder adquisitivo y base salarial imponible. Nunca se ha ajustado el porcentaje de cotización en relación con las tablas salariales. Los recursos obtenidos de dicha Ley deberían ser empleados en mejorar las pensiones contributivas y no contributivas», reza un artículo de la ONG.
La institución recuerda que si la administración de Nicolás Maduro se concentrara en aprobar el proyecto de ley vinculado al régimen prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas, no habría que recurrir al sector privado.
«Si hubiera la voluntad de aprobarse, perfectamente podría manejarse todo lo concerniente a pensiones dentro de los parámetros legales y no recurrir a instancias ajenas a lo que debería ser un Sistema de Seguridad Social ni al sector privado. Otro factor de preocupación y gravedad del asunto es que el gobierno no se dio la tarea de revisar la ley del Seguro Social, en donde se pudo haber ajustado las cotizaciones y aportes con destino al Fondo de Pensiones administrado por el IVSS«.
Por su parte, Andrés Guevara, economista, advirtió que esta ley también podría desencadenar una serie de despidos, pues para el empleador se puede convertir en una carga parafiscal, según alegó a El Diario.
«El empresario necesitará una mayor cantidad de ingresos para poder cubrir las nóminas. Eso recae en que se pueden crear más despidos o una mayor informalización de la relación laboral para poder ser sostenible».
