¿Estatizarán la banca en Venezuela?

Conocida cada vez con más nitidez la naturaleza del socialismo del siglo XXI, que el presidente Chávez pretende instaurar en Venezuela y que se traducido en un crecimiento vertiginoso del estatismo en la economía, una de las preguntas que con más insistencia ronda actualmente en el país es la siguiente: ¿se atreverá Hugo Chávez a estatizar la banca? ¿Si se está en una ola de es estatización general porqué no hacerlo con la banca, si ella puede considerarse como una actividad estratégica? Vistos el contenido y la forma en que se estatizó la CANTV y las empresas eléctricas, la respuesta no admite ambigüedad: Hugo Chávez es capaz de eso y otras cosas. Sencillamente es un asunto de tiempo. Como está asentado en la Biblia en el Libro del Eclesiastés: todo tiene su tiempo. Si Hugo Chávez fuese un socialista moderno, la respuesta a la interrogante sería esperanzadoramente negativa. Pero como “por sus frutos los conoceréis”, es obvio, por las acciones que ha emprendido, que el modelo socialista que propugna Hugo Chávez tiene muchas similitudes con los episodios de socialismo real que tantas tragedias humanas y económicas propiciaron y cuya muestra todavía viviente la representa el absolutismo que reina en Cuba y del cual Hugo Chávez es un ferviente admirador. Allí está el prototipo a seguir, obviamente con lo retoques particulares que dicta la experiencia acumulada.

Surge otra pregunta, si ya el Estado venezolano ha logrado articular una red financiera cuantitativamente importante, ¿por qué estaría interesado en hacerse con la fracción del negocio bancario manejado por el sector privado? Ello remite al control de facto que el gobierno ejerce sobre el sistema bancario en Venezuela mediante las llamadas gavetas de crédito, que consisten en la obligatoriedad que tiene el sistema financiero de asignar, a las actividades que imponen las autoridades, 36,5% de los préstamos otorgados, los cuales comprenden el financiamiento a la agricultura, la pequeña y mediana industria, el turismo y la vivienda, a tasas sustancialmente más bajas que las del mercado. A ello agréguese el control de las tasas activas fijadas por el BCV con un máximo de 28,0% para las tarjetas de crédito y 6,5% y 10,0% para las cuentas de ahorro y a plazo, en conjunción con las regulaciones a las comisiones bancarias, lo que refleja un cuadro de creciente intervención del Estado en la actividad financiera privada, que finalmente no solamente termina afectando a los banqueros, sino principalmente al público que mantiene sus fondos en los bancos y que naturalmente se interroga sobre la capacidad de esos bancos de devolverle el dinero depositado, en caso de que el Estado siga dando pasos en la dirección anteriormente descrita.

Si de incertidumbre se trata, la nota la puso el superintendente de bancos, Trino Díaz, quien sacó no se sabe de donde la tesis de que el sistema bancario debería conformarse con una utilidad de 10,0% sobre el capital y el resto repartirlo, como si en este país no existiese una ley de impuesto sobre la renta. Al unísono, el recién estrenado ministro de Finanzas argumentó que las ganancias de la banca había que regularlas. Al parecer se le olvidó el pequeño detalle que él había sido presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional cuando en Venezuela el gobierno emitió deuda pública sin justificación a lo largo de 2005 y que además con su venia Nelson Merente propició la negociación de los bonos argentinos y notas reestructuradas asignadas, buena parte de ambos instrumentos financieros, a ciertos bancos que como era de esperarse utilizaron el diferencial cambiario para hacer una jugosa ganancia. De esta manera quienes promovieron esas ganancias extraordinarias, ahora las quieren controlar, ¿quién los entiende?

Existe la fundada presunción de que el modelo de socialismo del siglo XXI necesita nuevas dosis de dinero fresco que hasta el presente no le han regateado el petróleo y los impuestos no petroleros, principalmente el IVA. Si estos tributos lucieran insuficiente, la primera línea de financiamiento del gobierno serían las reservas de un BCV menguado y cuya liquidación legal es cuestión de meses. Pero ello entraña un peligro: la inflación, en vista de la pérdida de respaldo del dinero circulante, como ya se ha evidenciado. Sería preferible decretar la actividad financiera de interés público y se facilitaría su estatización. ¿No sería mejor para el gobierno, de una vez, tomar los bancos privados para contar con recursos abundantes que permitan hacer frente a necesidades fiscales que no conocen límite? ¿Quién se opondría legalmente a ello ante el Tribunal Supremo de Justicia una vez que su presidente llamó a respaldar la Ley Habilitante y la Reforma Constitucional? En esa instancia legal no habría posibilidades de ganar un litigio, una vez que la banca sea declarada bien de utilidad pública en el contexto de la Ley Habilitante o de la Reforma Constitucional.

Dos piezas resultan claves para entender el futuro de la banca son la valoración del curso del mercado petrolero y la correlación de fuerzas en el seno del gobierno. En primer lugar, si los precios continúan débiles y siguen perdiendo terreno, el crujido de las finanzas públicas puede forzar al gobierno a una aventura para obtener los fondos que requiere para alimentar una maquinaria estatal acrecentada. En segundo término, una vez que el gabinete ministerial ha sido reacomodado y el sector militar y el marxista leninista dogmático y ortodoxo han ganado terreno, es previsible una mayor radicalización del proceso, donde la agitación anti empresarial jugaría un papel no despreciable para aglutinar una fuerza política que al principio carecía de una ideología pero que actualmente luce más definida a favor de las formas tradicionales de socialismo, al estilo soviético. Este sector es firme creyente en la estatización de los medios de producción incluyendo los financieros porque ven en ellos la bisagra fundamental para llevar acabo su plan. Por lo pronto, todo indica que el gobierno va a obligar al sistema financiero a aumentar los préstamos a determinadas unidades como las cooperativas y las empresas de producción social con lo cual afectaría la rentabilidad y viabilidad financiera de la banca. Hugo Chávez ha mostrado suficiente flexibilidad táctica para no apresurarse indebidamente a tomar una acción tan atrevida como la estatización de la banca y la prueba de ello es su espera del momento oportuno con las empresas que operan las asociaciones estratégicas de la Faja Petrolífera del Orinoco, que después de haber sido cortejadas para que vinieran a Venezuela e invirtieran, son objeto de nacionalización, cuando ya habían hecho grandes erogaciones y se encuentran en plena capacidad productiva. Todo es asunto de tiempo, todo cuanto va a ocurrir debe esperar, como dice la Biblia.

La inflación en México y Perú

Tanto México como Perú mantienen tasas de inflación bajas: 4,0% en México y 0,6% en Perú en enero de 2007. En estos países no existen controles de cambio, ni de precios, tampoco se otorgan subsidios masivos como los concedidos en Venezuela con Mercal. Perú tuvo una larga tradición inflacionaria que culminó en los noventa con un proceso hiperinflacionario el cual fue cortado de raíz a fuerza de disciplina fiscal y monetaria, gracias a la existencia de un banco central independiente concentrado un la estabilidad de precios. México, por su parte, después de la crisis del tequila en 1994, se encaminó en una senda de estabilidad que le ha permitido un crecimiento sostenido con baja inflación. Cuando estos países sufrieron de inflación no anduvieron buscando culpables en el sector comercial e industrial, sino que más bien los gobiernos asumieron su responsabilidad y optaron por privilegiar los equilibrios macroeconómicos y dejar de estar ensayando con la economía. En Venezuela cada vez que la inflación sube se culpa a los comerciantes para de esta forma eludir la causa del problema. La inflación es un fenómeno causado por factores económicos y como tal debe enfrentarse, no con medidas represivas como las que se están aplicando en Venezuela.

Control total

El Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio se metió en un laberinto al exacerbar los controles de precios para la carne en todo el circuito de producción y distribución. En un esquema de controles un control lleva a otro control y muy difícilmente ellos puedan instrumentarse eficientemente sin causar desabastecimiento. Al regular el precio de la carne o el pollo se les olvidó establecer regulaciones para los insumos que hacen posible la producción de eso rubros, como los alimentos concentrados, las vacunas, entre otros. Además aspectos estacionales como la temporada de lluvias o de sequía también afectan los precios. Los controles de precios son tan viejos como el Edicto de Diocleciano del año 303 donde se estableció una lista de precios máximos al cual debían venderse los productos y desde la antigüedad no han funcionado los intentos por controlar los precios. En Venezuela en 1974 en el primer gobierno de CAP se intentó una regulación de precios y ello acabó en un rotundo fracaso. Ahora sucederá lo mismo con este que anunció el gobierno chapista.