¿Es posible una reestructuración de la deuda venezolana en este momento?
El pasado 2 de noviembre, luego de haber anunciado el quinto aumento salarial del año en medio de una profunda crisis económica, el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que Venezuela reestructuraría y refinanciaría toda la deuda externa del país. El anuncio, como muchas de las acciones del Gobierno venezolano, fue ambiguo y generó más estrés que alivio para las finanzas del país.
De entrada, en un contexto económico hiperinflacionario, la proclama del jefe de Estado de reacomodar la pesada deuda externa venezolana lucía inviable, sin embargo, el Gobierno anunció la instalación de una comisión para la reestructuración de la deuda venezolana, presidida por el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, quien forma parte de una lista que cada vez más amplia que está conformada por funcionarios que el gobierno de Estados Unidos ha sancionado, algunos por violación a los derechos humanos, otros por presunto narcotráfico, como es el caso de El Aissami.
El titular del despacho de la vicepresidencia apareció 24 después de los anuncios de Maduro y convocó a los tenedores de la deuda soberana y de Pdvsa a una reunión en Caracas el próximo 13 de noviembre. En ese momento El Aissami ratificó que la estatal de hidrocarburos Pdvsa había iniciado el proceso de transferencia de fondos a J.P. Morgan para el pago del bono 2017.
El telón de fondo de los anuncios de Maduro y de El Aissami era nada menos que los retrasos en los últimos pagos pesados del año, tanto por parte de Pdvsa como de la República, y que totalizaban poco más de 3.500 millones de dólares.
Transcurrida poco más de una semana desde que Maduro decretara la reestructuración de la deuda externa venezolana y a pocas horas de la reunión con los inversionistas, la pregunta que permanece sobre el tapete de la opinión pública, y de la comunidad financiera nacional e internacional, es si realmente es posible reestructurar la deuda de Venezuela en este complejo momento.
Una escalada de obstáculos
La economista y directora de la firma venezolana Síntesis Financiera, Tamara Herrera, considera que los anuncios de Maduro son particulares, por lo que es necesario saber qué es lo que en realidad quiere lograr la administración de Maduro con una pretensión de reestructurar la deuda venezolana.
“El gobierno busca un reducción de la carga de su deuda, que solo en bonos suman unos 8 millardos de dólares en 2018”, advirtió Herrera en un foro organizado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y que juntó a diversos expertos en materia económica para tratar este asunto financiero de vital importancia para la nación.
De acuerdo con Herrera, Venezuela transita por una ruta de complicaciones que se autoimpuso el Gobierno, como consecuencia de una política económica inconveniente y perjudicial para el país.
La administración de Maduro ha eludido reformas económicas urgentes, ha sido sancionada y no muestra señales de querer propiciar una salida al callejón del conflicto político por el que se mueve la República.
“La política económica está subordinada a lo meramente político en su totalidad. Hemos pasado por reformas cambiarias inconclusas, inútiles, que se han alejado del propósito fundamental, que es la unificación cambiaria. Nunca han demostrado que buscan una estabilidad fiscal y monetaria, solo en este año la masa monetaria crecerá cerca de 900%, con una la inflación que está disparándose constantemente en medio de la depresión económica que existe. Tampoco garantizan que l industria petrolera pueda tener la capacidad, por sí sola, de sostener cualquier propuesta de renegociación que se le haga a los acreedores de la deuda venezolana”, explicó Herrera.
La especialista agregó que el sombrío panorama del gobierno se oscurece mucho más con las prohibiciones económicas de Estados Unidos, que se han erigido como un nuevo obstáculo en lo que respecta a las exiguas posibilidades financieras del gobierno.
“Es un obstáculo gordo para el tema financiero, no para lo comercial, pero todo lo que tiene que ver con el sistema de pago y de financiamiento norteamericano está sujeto a revisión. Eso entorpece los pagos, los cobros, y muchas operaciones. El Gobierno sabe cuáles son las limitaciones y por eso aspira a que los bonistas sean el ariete que tramite cualquier espacio para la negociación”, dijo respecto a lo que pudiera estar detrás de la convocatoria de Maduro para una reunión con los inversionistas, una medida cuyo éxito es dudoso por el propósito de las sanciones económicas.
“Cuesta creer que aspiren a que las sanciones sean levantadas o que los bonistas tengan la posibilidad de éxito, porque las prohibiciones tienen un objetivo político, que es la reinstitucionalización de Venezuela y eso poco tiene que ver con las exigencia de los bonistas”.
De acuerdo con Herrera, el servicio de la deuda externa como porcentaje de exportaciones cobradas subió de 10% en 2008 a 58% en 2016. Ante ese panorama el Gobierno se hizo cada vez más dependiente de los recortes de las importaciones para el pago de la deuda.
Las importaciones no petroleras per cápita alcanzaron 1.800 dólares en 2012, cuatro años después, en 2016, esa cifra cayó a 423 dólares, y Herrera precisó que la firma que dirige estima que en 2017 la cifra de importaciones no petroleras per cápita sería de 325 dólares.
“El gobierno priorizó reducir importaciones, con todos los costos sociales que eso ha implicado, en lugar de hacer las reformas necesarias y urgentes en la economía venezolana”.
Aprobación institucional
Sancionado y con nula voluntad de llevar a cabo las reformas perentorias en la política económica, el gobierno de Maduro apostó por refugiarse en una instancia política sumamente cuestionada en su legitimidad, la Asamblea Nacional Constituyente plenamente oficialista, para terminar de anular al Parlamento, la instancia encargada de aprobar cualquier operación que sea vital para la República.
“No se puede reestructurar la deuda, así de sencillo. En estos momentos, con estas condiciones, no se puede. Con un nuevo esquema económico, que sea aprobado por la Asamblea Nacional, que sea creíble, y que esté bien pensado, es posible el refinanciamiento de la deuda, pero si eso no sucede, no habrá reestructuración de la deuda que pueda ser exitosa”, aseguró el diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, José Guerra.
El parlamentario agregó que al complejo panorama que implica la ausencia de un programa económico, las sanciones y el conflicto institucional, se le suma el elemento jurídico inherente a la renegociación de los distintos tipos de bonos.
Un modelo que se agotó
El director de la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, considera que al gobierno se le agotó la estrategia del pago de la deuda.
“Hasta dónde puede seguir recortando importaciones el gobierno, cuando más de 57% de los fondos para el pago de la deuda proviene justamente de la reducción de importaciones, con todos los costos sociales, dramáticos, que eso ha significado y que seguirán ahí en el futuro”, cuestionó Oliveros.
Según el economista, a la administración de Maduro solo le queda una porción de oro, tras las liquidaciones desenfrenadas de activos de la nación. Pero la opción del oro frente a la caída de las reservas internacionales tampoco es suficiente.
“¿Cómo transformas en flujo de caja el oro del que dispones si existe un marco de sanciones que limitan todas tus operaciones financieras”, dijo Oliveros.
De acuerdo con el director de Ecoanalítica, son tres los elementos que deben considerarse al momento de analizar el anuncio de Maduro.
En primer lugar, no hay un equipo que genere confianza en el proceso de reestructuración de la deuda.
“Esto es un asunto sumamente complejo, por eso necesitas especialistas, un equipo técnico, que de verdad sepa a lo que se está enfrentando. Esto no es una cosa sencilla, esto es algo realmente serio”, dijo Oliveros.
Lo segundo está relacionado con la comunicación. Oliveros cree que el gobierno no comunica lo que realmente quiere, porque sencillamente no es compatible con lo que el país realmente necesita, por eso la ambigüedad de los anuncios, el sí pero no de la administración de Maduro, el seguiré pagando pero mañana tal vez no; una postura que tampoco contribuye a mejorar la reputación del gobierno.
En tercer lugar, coincide con Herrera y con Guerra en que no existe un plan de reformas.
Oliveros añadió un cuarto elemento: los conflictos de intereses de los grupos de poder del chavismo que tienen bonos.
“De cara al 2018, es iluso pensar que esos grupos se van a quedar tranquilos con la situación de sus bonos. Estamos hablando de economía política, porque son grupos que van a tratar de sostener al gobierno y eso hay tenerlo claro».
Un evento de default, dada las características de la deuda venezolana, sería un proceso sumamente engorroso y complejo, que no tiene fácil solución, advierte Oliveros.
“Estamos hablando que el contexto en el que se presenta la posibilidad de un default es un escenario inédito, con una caída de la economía que calculamos de 36% en cuatro años, es una caída de guerra sin estar en guerra”.
Pdvsa, solo una parte de un gran problema
El economista y director de la firma Torino Capital, Francisco Rodríguez, considera que el rol conflictivo de Pdvsa es solo una parte de un gran problema: la economía venezolana no crece y eso es mucho más grave que la deuda de Pdvsa.
De acuerdo con Torino Capital, la deuda externa de Venezuela es de aproximadamente 137 mil millones de dólares, una cifra que incluye a China y a los proveedores, pero excluye deudas por Cadivi, compromisos por expropiaciones y activos externos.
“Con las reformas necesarias Venezuela podría sostener su deuda, porque de esa forma crecería la economía, tendría un impacto en la confianza de los mercados y ayudaría al intercambio comercial. El problema es que la economía está estancada”, considera Rodríguez.
Sin embargo, el economista advierte que un proceso de reestructuración de la deuda venezolana es complicado, incluso si la República estuviera en condiciones normales.
“Hay fuertes obstáculos en condiciones normales. Pdvsa no está cubierta por inmunidad soberana. Las facturas y los activos están sujetos a embargo y hay dificultades en usar el proceso de protección de bancarrota”, precisa Rodríguez.
Torino Capital agrega cuatro ineludibles obstáculos en la coyuntura actual: la orden ejecutiva 13808; las sanciones individuales contra funcionarios, el riesgo reputacional y la aprobación legislativa.
Legalidad
Hay obstáculos legales, tanto en el marco jurídico interno como en el externo. El abogado Miguel Mónaco alude a los pagos que el estado se ha decantado por honrar, es decir, aquellas deudas en las que existe algunos mecanismos legales para cobrar.
“Si la república es demandada en tribunales venezolanos, pues tiene una ventaja porque los términos son bastantes laxos, es el caso de la deuda por Cadivi o Cencoex, por ejemplo, eso sigue ahí. Pero resulta que los casos que están sometidos a un arbitraje internacional en el caso de esta deuda de la Republica, especialmente de Pdvsa por cómo está estructurados esos bonos, se rigen por las estructuras federales en los Estados Unidos. Esto no es un problema solo de Pdvsa, sino que es un problema de Estado, porque un default agravaría la situación del país”, explica Monaco.
Venezuela se enfrentaría a tribunales en el exterior que serán imparciales y actuarán en ese sentido sin ceder ventaja alguna a las partes
“Hay un contexto que hay que recordar: la deuda argentina. Las cortes de Nueva York demostraron que están dispuestas a actuar dictando medidas en las que los acreedores pueden ejercer acciones de cobro que pueden afectar la pocas divisas que ingresan en Venezuela”.
En lo interno, aunque el Parlamento bajo la mayoría oficialista en 2015 modificó la ley de administración financiera del sector público para no someter ante una nueva Asamblea un contrato de interés público, la Constitución de la República, en el artículo 150, que está por encima de esa ley, sí establece que es necesaria la autorización del Parlamento, porque se trata de un contrato nacional de interés público con sociedad mercantiles extranjeras.
“Adicionalmente, y considerando los obstáculos de la orden ejecutiva 13808 que parecen insalvables para unas reestructuración de la deuda, las transacciones en dólares necesitan una conciliación de cuentas que al final, por el pago en divisas, pasa por el sistema financiero norteamericano”.
En 2018
El panorama al cierre de 2017 luce extremadamente complicado y 2018 no se perfila mejor. Herrera prevé que el Gobierno considere un default selectivo de la deuda soberana, que le permitan al Ejecutivo liberar 5 millardos de dólares en un año electoral y con una crisis económica mucho más aguda.
Oliveros, por su parte, estima que el déficit de 700 millones de dólares de 2017, con un recorte agresivo de importaciones, se multiplicará por cuatro en 2018.
“Pensar que un presidente en ese contexto vaya reelegirse es difícil, todo esto tiene una lectura política. Además, puede haber más sanciones, considerando el talante autoritario del gobierno”, considera Oliveros.
Qué hacer
Cuatro son las recomendaciones para reestructurar la deuda venezolana, según Torino Capital.
- Separar Pdvsa de la República. Entre 2018 y 2019 la empresa debe pagar 6.6 billones de dólares, mientras que la República debe desembolsar 11.7 billones de dólares.
- Uso de las Clausulas de Acción Colectiva, una medida que es aceptable dentro del régimen de prohibiciones.
- Dirigir recursos a importaciones de alimentos y medicina, que requeriría de un mecanismo de verificación.
- Solicitar aprobación de la Asamblea Nacional, pues la OFAC sugiere que podría aprobar una licencia para tal emisión.
