Empresas Polar, los Controles de Precios y el Bienestar Social
En la prensa nacional, el día 09 de diciembre se reseñó el rechazo de empresas Polar a la acción de retención de 21 toneladas de arroz blanco por parte de la Superintendencia de Silos. Aun cuando la nota de prensa no detalla la motivación, si destaca que el departamento de Asuntos Legales y Regulatorio de Polar manifestó que “actualmente la ley no prevé cuotas obligatorias de productos regulados, debido a que la Constitución Nacional permite a todos los ciudadanos y empresas dedicarse a la actividad económica o laboral de su preferencia…”. Adicionalmente acotó que “según lo dispuesto en Gaceta Oficial N°38.867 con fecha 11 de febrero de 2008, las diversas presentaciones de arroz saborizado, instantáneo y parbolizado, no sólo son rubros cuya producción y comercialización están permitidas y constituyen actividades legítimas, sino que también están expresamente excluidas del control de precios y de la fijación del Precio Máximo de Venta al Público (PMVP)”.
Aun cuando repetitivo, insistir en este tipo de casos puede coadyuvar a la sociedad a entender que los controles de precios, así como los mecanismos legales de cumplimiento y castigo están creando distorsiones severas en los mercados de consumo masivo, en términos de desaparición y desabastecimiento de ciertos rubros.
Primero que nada debe tenerse claro que en una economía con relativa recuperación del poder adquisitivo (según voceros oficiales) y gran porcentaje de ciudadanos ubicados en los estratos socioeconómicos medios y bajos, toda empresa privada, especialmente productora de bienes de consumo masivo y perecederos, poseerá incentivos privados para atender especialmente a estos estratos socio-económicos. De esto están enteradas las empresas productoras, toda vez que son las primeras interesadas en atender a los mercados de masas.
Sin embargo, una visión miope de regulación de corto de plazo, que no resguarda el bien social generalmente tutelado y protegido por las regulaciones económicas, la eficiencia económica, y contaminada con objetivos de corto plazo de equidad, sin considerar que estos no son los mecanismos regulatorios y de políticas públicas apropiados para resguardar estos objetivos, y que adicionalmente están lesionando la eficiencia dinámica, termina distorsionando y destruyendo los mercados bienes de consumo masivo, especialmente los de alimentos.
Lo anterior no significa que los objetivos de políticas públicas como la equidad y la eficiencia económica no sean conciliables. Por el contrario, distinto a la visión del Ejecutivo, estos objetivos no son excluyentes, pero deben ser utilizados los instrumentos de política correctos en cada caso.
La insuficiencia de oferta, en un escenario de ausencia de regulación y controles de precios podría levantar sospechas sobre el ejercicio de poderes de mercado en contra del bienestar social y particularmente de los consumidores.
Sin embargo, en un escenario de control de precios, con precios fijos y marcados desde planta, y leyes extremadamente punitivas y contradictorias como la de Acceso a los Bienes y Servicios, exacerba la destrucción de incentivos para atender a aquellos renglones que naturalmente deberían constituir mercados atractivos para las empresas (los mercados de los estratos socio-económicos medios y bajos).
Lo que ocurre es que las acciones regulatorias e intervencionistas del Estado están destruyendo incentivos, creando otros a favor de desplegar conductas de descreme del mercado, exclusivamente explicadas por las intervenciones públicas. Las empresas multiproducto recompondrán sus líneas de producto a favor de aquellos que le reporten beneficio o viabilidad económica. Lo anterior no constituye sino una respuesta estratégica por parte de las empresas, estrategia que sería desplegada incluso por aquellas empresas que no posean ni posición de dominio en el mercado ni poder alguno sobre este. De esta manera, si se está creando alguna lesión al mercado, al bienestar social y particularmente a los consumidores, especialmente en aquel caso en el cual se está produciendo menos de lo deseado por los consumidores, el responsable sería el Estado y sus desatinadas políticas regulatorias.
Adicionalmente, en el caso particular de bienes de consumo masivo y alimentos, para los cuales no solo su demanda es continua sino que igualmente su oferta, implica que las posibilidades de arbitraje no solo que son viables, sino que el efecto sobre el bienestar social es negativo. Una vez que los controles de precios y las leyes creadas para imponer esta regulación aumentan la diferencia entre la oferta y la demanda, existirán enormes incentivos para arbitrar en el mercado informal, creando una situación de doble-marginalización que exacerba los problemas de desabastecimiento, destruyendo eficiencia económica y lesionando al bienestar social y al interés público.
Nuevamente, pueden coexistir políticas de inclusión sin destruir los incentivos a la actividad económica, de lo contrario, ¿Qué repartiremos?
