Electricidad: servicio público y empresa privada

Que la electricidad es un servicio público es algo aceptado por la generalidad de la población y muy difícil de refutar. De la electricidad depende la vida de nuestras ciudades actuales, la salud, las comunicaciones, la educación, la conservación de alimentos, el entretenimiento, en fin, no hay forma de que se pueda dar la vida moderna como la conocemos sin electricidad.

Lo que no es cierto es que la electricidad sea siempre un servicio público. La electricidad es energía y como tal es un insumo fundamental en muchas actividades productivas, a la par con cualquier otra materia prima. Esto recomienda que tenga un trato diferenciado en caso de ser servicio público y en caso de ser un insumo en la producción.

En el caso de ser un servicio público la responsabilidad de su atención corresponde al Estado, quien tiene la obligación de velar porque el servicio se preste en las condiciones que se establezcan. Pero esto no quiere decir que tiene que prestarlo el Estado directamente, para eso existe la figura de “concesión”, que lleva implícita la idea de que alguien presta el servicio en nombre del Estado y bajo las condiciones que se establezcan entre el prestador y el Estado en un contrato de concesión.

Por añadidura, la prestación del servicio eléctrico en un área determinada tiene carácter de monopolio. Inclusive, siempre se ha señalado que el servicio eléctrico es un “monopolio natural”. Lo cual obliga a establecer mecanismos de regulación por encima de la condición de servicio público y del contrato de concesión.

De modo que el servicio eléctrico público puede ser prestado por una empresa privada sometida a regulación y bajo las pautas establecidas en un contrato de concesión. ¿Siendo así por qué es tan común considerar a la actividad privada como especuladora y contraria a los intereses del público?

Está claro que los empresarios no son hermanitas de la caridad. Es su obligación ganar dinero y harán todos los esfuerzos en ese sentido. Pero es obligación del regulador, especialmente en una actividad monopólica, establecer una tasa de ganancia acorde con las condiciones del mercado y con el riesgo del negocio. Se puede decir que no hay empresarios malos sino malos reguladores.

Se puede demostrar, que los mayores riesgos en la prestación del servicio eléctrico los pone el mismo Estado como regulador, de modo que una de las funciones de una buena regulación es la de disminuir el riesgo, lo cual se traduce a la larga en una tarifa más baja o su equivalente, un menor costo para la sociedad. Digo esto porque cuando impera una regulación arbitraria que mantiene tarifas bajas artificialmente, la sociedad paga los costos por otras vías: mala calidad de servicio, lucro cesante, pérdida de competitividad del aparato productivo, desempleo, entre otras.

Si el regulador estipula una rentabilidad razonable y acorde con una calidad del servicio establecida, resulta indiferente si presta el servicio una empresa privada o una pública. Porque está claro que la empresa pública también necesita rentabilidad, a menos que se pretenda un servicio dependiente siempre del FONDEN, como el que tenemos ahora, pero debería quedar claro que eso es inviable y no tiene ningún futuro.

Es más, el Estado podría concentrar sus escasos recursos gerenciales en las labores de regulación, normalización, planificación y control, que le son propias y son ineludibles, mientras “concede” la operación a empresas privadas bajo su supervisión.

Contrariamente a lo que algunos piensan el Estado, lejos de debilitarse, se fortalecería. Concentraría su acción en la visión global del sector, la planificación y en el diseño de estímulos que hicieran fluir las grandes inversiones que se necesitan. Sería un Estado más pequeño pero mucho más fuerte. Pero ¡Ay, Con la ideología hemos topado Sancho!