Economía

El socialismo del Presidente

En guerra avisada…..

Quienes seguimos el debate, muchas veces encapuchado en la ANC, sobre la nueva constitución pudimos distinguir la naturaleza y el sentido ideológico – de rancia matriz marxista- con la que se recubrirían las relaciones económicas y el régimen económico con la nueva constitución.

La constitución propuesta por el Presidente, finalmente aprobada por la ANC, restringe agudamente la economía de mercado a través de un conjunto vital de normas constitucionales que en su oportunidad generarían leyes y otros instrumentos jurídicos dirigidos a limitar los mecanismos de reforzamiento de los derechos de propiedad, requisito sine qua non para el progreso y el crecimiento económico en una economía de mercado.

Enajenación de la gente de su propio hábitat

Normas constitucionales prohíben expresamente a la gente, a los individuos, la explotación de economías en áreas donde Venezuela dispone de abundantes ventajas comparativas; hidrocarburos, agua, electricidad y otros recursos en el subsuelo, finanzas provisionales, y servicios públicos; en conjunto con del debilitamiento sistemático de los derechos de propiedad en áreas de la economía donde el capital privado, de la gente, individuos y empresas, emprende competitivamente; salud y educación, y servicios de seguridad personal.

En el propio Preámbulo de la nueva constitución se expresa literalmente el deseo del constituyente en desnaturalizar el régimen económico basado en la propiedad privada: el capitalismo. El régimen propuesto y en curso de economía social – eufemismo por socialismo en el discurso oficial de esos días y que hoy da paso a un concepto más definido, el de socialismo a secas– recoge espíritu y letra de instrumentos legales, los cuales, una vez aprobada la constitución estarían construidos para restringir los derechos de propiedad y mediatizar el funcionamiento de la economía de mercado.

El rentismo de las élites: el síndrome de la autodestrucción.

La inteligencia venezolana, sus élites, la económica, las política, la cultural, fueron incapaces de ofrecer el necesario debate ideológico en esos días de asamblea constituyente; comportamiento que reflejó ciertamente una posición cobarde ante la historia, sobre todo porque el tiempo de cambio político que se llevaba a cabo al ritmo constituyente no era comprendido en su complejidad.

Incapacidad y cobardía se coaligaron bajo el influjo rentista, expresado en pocas palabras por un patriarca de la democracia, el ex-presidente Caldera quien en referencia a lo que ocurría dejo caer su reflexión sobre la voluntad del sector empresarial de querer comprar “el proceso”, a confesión partes relevo de pruebas. Así se dejó transitar el desafió político a la democracia liberal, único orden institucional capaz de sostener y defender los derechos de los individuos.

Sin embargo, y sin que medie alguna dosis de cinismo, ese comportamiento, podría quizás “justificarse” aunque no por ello recibir la sanción de la historia, dado su ascendente rentista fundado y desarrollado en una relación incestuosa entre los grupos de interés políticos económicos y militares con el petroestado constituido por la democracia inaugurada en 1958.

Las instituciones democráticas fueron demolidas en la ANC, el cambio político permitió que las instituciones de la democracia representativa cayeran una a una, lo cual después de todo, nos permitía ver que durante cuarenta años esas élites no pudieron crear un sistema democrático fuerte sostenido sobre la defensa de los derechos individuales.

La democracia bucólica

La fragilidad de las instituciones dejo de ser una abstracción teórica o un exquisito gusto intelectual, la revolución política en curso, con una propuesta rezagada en tiempo, ciertamente antihistórica, impuso su lógica de cambio hacia un régimen político y económico no controlable y sin contrapesos y balances en los poderes. El posterior proceso de ingeniería legal iría montando instrumento jurídico tras otro, dando vuelta al –independiente del marco de inseguridad jurídica prevaleciente en todos estos anos de democracia desde 1958- capital social construido en los últimos cincuenta años.

Esas élites creyeron, por vía de sus incentivos rentistas, ingenuamente que la propuesta ideológica del régimen económico que traía en el vientre “el proceso” seria más de lo mismo del menú socialdemócrata o socialcristiano presentado durante décadas por el liderazgo político de los viejos partidos: ¡histórico error! Leyes, decretos, y una buena dosis de autoritarismo han fortalecido el marco de inseguridad jurídica, debilitando los mecanismos de arbitraje del mercado en la economía, con lo cual se mediatizan los derechos de propiedad restando con ello fuerza al proceso de acumulación de capital y crecimiento económico.

Al cabo de unos seis años, el resultado está a la vista; la sociedad venezolana ha alcanzado ciertamente mayor grado de igualdad, fenómeno que puede explicar claramente un simple calculo matemático basado en el evidente crecimiento de la pobreza; la ecuación del socialismo opera de la siguiente manera: ¡¡más pobreza mayor igualdad!!

Un solo socialismo……el dominio de la propiedad estatal

El socialismo que hoy el Presidente propone no es distinto en esencia al socialismo tipo soviético, chino, cubano, o camboyano, o libio, o iraní, naciones –del socialismo islámico- estas ultimas, en virtud del dominio de la propiedad estatal que llega inclusive a confundirse como capitalismo de estado. Esos socialismos, del cual el “bolivariano” pertenece a la misma cosecha, reproduce el incentivo rentista ejercido por una estructura social particular – la nomenclatura- que dirige un creciente número de empresas públicas y de servicios públicos del Estado sin necesidad de los mecanismo de arbitraje y eficiencia que ofrece el mercado.

El socialismo es uno solo, así lo es el propuesto por el Presidente, es una representación social del dominio de la propiedad estatal sobre, en nuestro caso de una menguante propiedad privada que por despojo, confiscación o por debilidad jurídica. Dadas las restricciones al mercado y al debilitamiento “endógeno” de los derechos de propiedad que se materializa en leyes y decretos, se impone una relación económica que “requiere” también la perdida de libertades civiles en una lógica socialista donde la perdida de las libertades económicas y debilitamiento de los derechos de propiedad necesita de la pérdida y debilitamiento jurídico de las libertades civiles individuales. Las leyes de medios y el nuevo código penal inscriben esta cruda realidad del socialismo de la revolución bolivariana.

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