El presupuesto de 2007 (I)

Cumpliendo con el ritual de ley, el ministro de Finanzas presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto correspondiente al año 2007. En la Exposición de Motivos se aprecia una continuidad y a la vez una profundización respecto al presentado el año anterior al enfatizarse el tránsito hacia una economía socialista. Aunque los estilistas del Ministerio de Finanzas y la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) parecieran no entender adecuadamente de qué hablan cuando se refieren al socialismo del siglo XXI, lo cierto es que a lo largo de la parte expositiva de este instrumento legal, la referencia a esta doctrina es abundante. Todavía más, afirman que el etiquetado “socialismo del siglo XXI” se inspira en el pensamiento bolivariano y que este presupuesto que entrará en vigencia en 2007 responde a esos criterios conceptuales. Semejante atrevimiento, el de igual bolivarianismo con socialismo, cuando se sable que Simón Bolívar fu un connotado liberal, que no tuvo a su alcance el pensamiento socialista utópico ni mucho menos el marxista, solo es posible en un proceso político y en un Gobierno donde reina una mezcla peligrosa de confusión e ignorancia.

Según la Onapre, el proyecto de Ley de Presupuesto se diseña en armonía con los Lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007, lo cual es totalmente falso toda vez que en el citado plan que la opinión pública desconoce, no se habla del socialismo del siglo XXI sino más bien de un cambio estructural de la economía, entendiendo por tal una economía más diversificada y menos dependiente del petróleo, de ahí no pasaron los propósitos de ese plan, ahora archivado, a la cual intentan denominar como Nueva Etapa de la Revolución Bolivariana.

Cuando se definen los preceptos del socialismo del siglo XXI, la generalidad se transforma en simpleza. Así, de acuerdo con la Onapre, las bases económicas y sociales de ese socialismo serían: la utilización razonable de los recursos naturales y la reactivación sustantiva del campo, la necesidad de ordenar la economía y la sociedad para que no prevalezcan las fuerzas del mercado y la democracia protagónica, entre otros elementos. Todos esos propósitos éticos pueden alcanzarse o suscribirse sin mayores problemas sin necesidad de adosarle el epíteto de socialista a una sociedad. Lo relativo al nuevo modelo de economía socialista se articula en torno a tres elementos. En primer lugar, un sistema de propiedad social conformado por cooperativas y empresas de producción social del cual se derivan una institucionalidad financiera que a través de entidades financieras públicas apoya esa supuesta estructura productiva nueva. En segundo término, Las cadenas productivas, la sustitución selectiva de importaciones y la promoción de las exportaciones y finalmente los llamados grandes proyectos estructurales y los ejes de desarrollo regional como el ya olvidado “eje Orinoco Apure”.

Un análisis algo más detallado del proyecto de Ley de Presupuesto sugiere que en el fondo no se busca la estructuración de formas de producción social sino más bien de reforzar el capitalismo de Estado que actualmente prevalece en Venezuela. En realidad de lo que persiste detrás del monumental gasto público que está ejecutando el Estado venezolano es el reforzamiento de la propiedad estatal sobre los medios de producción. Ello se expresa en erogaciones previstas para 2007 que superan en 32,0% el gasto acordado para 2006, concentrado primariamente en el financiamiento de empresas de propiedad Estatal que nada tiene que ver con la socialización de la propiedad, la cual no pasa de ser una consigna sin contenido. Una prueba fehaciente de ello lo representa el hecho de que en las empresas de los proyectos energéticos que pretende adelantar el Gobierno de Venezuela en forma comanditaria con empresas igualmente estatales o para estatales de los nuevos socios, no aparece para nada la propiedad social. De esta manera cuando el Gobierno se habla de socialismo del siglo XXI en los hechos se está refiriendo a la ampliación del ámbito del Estado en la economía, dejando a las empresas cooperativas y de producción social labores económicamente marginales por su importancia en el valor agregado de la economía, como el ornato, los servicios de vigilancia, la recolección de escombros y la limpieza y reparación de aceras y cunetas.

Cuando se examina la orientación económica del presupuesto y su pretendida articulación con el proyecto socialista se descubre una vocación parroquial de la economía que, al basarse en empresas estatales, cooperativas y empresas de producción social, está imposibilitado de concurrir al mercado mundial para aprovechar las ventajas que se derivan de un contexto global donde el ingreso no cesa de crecer. Esas oportunidades las está captando China, India y en nuestro continente Brasil, México y Chile, quienes con paso firme incursionan en el comercio mundial. Por ello, se trata de una estrategia de crecimiento hacia adentro como la que predominó en América Latina durante los sesenta y setenta y que significo un freno a la expansión de la economía por cuanto no contemplo como su horizonte de crecimiento el mayor de los mercados, el mercado mundial.

En lo relativo a la política fiscal, el presupuesto para 2007 continúa con su perfil expansivo para lo cual los ingresos fiscales petroleros y no petroleros se hacen insuficientes y por tanto hay que seguir recurriendo al endeudamiento público aunque en menor escala. En lo relativo a la política monetaria, a quienes redactaron el proyecto de Ley de Presupuesto se les olvidó mencionar que bajo las actuales condiciones de control sobre las transacciones externas y tasa de cambio fijo, en Venezuela la política monetaria en sentido estricto simplemente no se puede aplicar. Finalmente, el mayor de los desaciertos se aprecia en materia de política cambiaria. El empeño de sostener un tipo de cambio fijo lejos de resolver los problemas de inflación que enfrenta Venezuela los está acumulando peligrosamente, porque ese sistema de paridad fija sin modificaciones está causando una sobrevaluación de la moneda nacional que afecta seriamente la competitividad del sector industrial y agrícola y que tarde o temprano tendrá que sobre ajustarse, con sus consiguientes efectos inflacionarios, como siempre ha ocurrido en Venezuela.