El Futuro del Sector Telecomunicaciones en Venezuela: Una Visión de Competencia

Introducción:

Una vez concretada la estatización de la CANTV, la motivación que nos ha llevado a preparar este briefing sobre eventuales situaciones en el sector, radica en realizar las advertencias sobre amenazas y oportunidades para los actores presentes en el sector.

Ante el hecho de que el Estado manejará la empresa dominante y que a su vez administrará la regulación de estructura (regulación económica del sector telecomunicaciones en Venezuela) y la regulación de conductas (regulación antimonopolio), el primero concentrará los roles de “juez y parte”.

De esta manera, proveedores de tecnologías, proveedores de contenido, empresas de valor agregado, competidores en telefonía móvil, competidores en el servicio de Internet, competidores en telefonía residencial, clientes, consumidores y cualquier otro agente que se desenvuelva en el sector telecomunicaciones, estarán expuestos a riesgos idénticos previa estatización y a otros nuevos y mayores.

Asimismo, aun cuando es debatible y podría existir mucho escepticismo sobre si efectivamente esta fue la motivación para la nacionalización: cambiar el paradigma o modelo regulatorio, la misma cuenta con algún asidero teórico sin dejar de estar expuesta a tremendos riesgos de ineficiencia y burocratización. Este cambio de paradigma regulatorio, planteado por el ministro Chacón, consiste en rebatir y disciplinar el benchmark regulatorio de oligopolio que comúnmente ha sido utilizado en países desarrollados a la hora de regular el sector de las telecomunicaciones, especialmente el de telefonía móvil e Internet. Debemos reconocer que lo planteado por el ministro sobre disciplinar el mercado por medio de un actor público en mercados concentrados es factible, siempre y cuando se blinde la gestión pública de las comunes amenazas de ineficiencias, corruptelas e incluso de objetivos políticos. Es decir, si se logra blindar la regla de acción del regulador-actor, la CANTV-MOVILNET estatizada, como un regulador benevolente, ciertamente existe la posibilidad de incrementar el bienestar social.

Sin embargo, acciones extremadamente “disciplinadoras” podrían poner en juego la sostenibilidad de sectores típicamente oligopolísticos que actúan y producen en niveles de insostenibilidad del sector (lado derecho de la escala mínima eficiente), poniendo en riesgo la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Lo anterior es lo que ha justificado en el mercado de la telefonía móvil los sistemas concesionales o de subastas con concurrencia limitada. Así las cosas, es perfectamente imaginable el despliegue de conductas por parte del nuevo actor público, que puedan ser tipificadas como desleales y anticompetitivas.

Este documento, pretende en el mejor de los casos iniciar un intenso debate en el seno del sector telecomunicaciones, en el que los actores y participantes expongan sus visiones e intereses y pueda robustecerse los mecanismos regulatorios, tanto sectoriales como de competencia.

El devenir inmediato de las telecomunicaciones demanda de capital humano especializado en economía de la regulación de servicio públicos y de economía de la competencia que permita identificar el despliegue de conductas o estrategias que lesionen a los participantes y al consumidor final y que aporten al necesario rediseño de los instrumentos regulatorios sectoriales y de competencia.

Implicaciones de Competencia de la Estatización de CANTV-MOVILNET en el sector Telecomunicaciones:

Posiblemente lo que el ministro Chacón estaría apostando es a romper con un eventual equilibrio que siguiera una tendencia de catch-up o quisiera disciplinar equilibrios oligopolísticos no-cooperativos. Sin embargo, los modelos regulatorios a nivel mundial consideran a los resultados oligopolísticos como el benchmark. Adicionalmente, el ministro lo que busca es quebrar la dinámica de la competencia y trasladar el modelo de negocio y competitivo de uno más parecido al americano hacia uno más parecido al europeo (mayor penetración de mercado y menor extracción de excedentes exclusivamente a los clientes con mayores precios de reserva).

Aun así, ciertamente existe una posibilidad disciplinadora en mercados oligopólicos como el de las telecomunicaciones, que el Estado actué agresivamente vía competencia. Esta propuesta resulta interesante, pero el Ejecutivo y el Estado tendrán que lidiar con dos temas relevantes que podrían imposibilitar imprimir competencia y mayor bienestar al mercado. El primero, que no se genere un problema agente-principal entre los administradores de la nueva empresa pública de telefonía y el Estado (y a su vez del Estado con respecto al pueblo), y luego que las conductas del operador público no sean desleales y/o anticompetitivos (lo que podría lesionar al consumidor y al bienestar social).

El lector acucioso se preguntará porque podría ser malo el despliegue de conductas predatorias, por ejemplo vía precios, si al final de cuentas beneficia a los consumidores y una vez que la empresa pública siga posicionándose su interés no será sacar rentas extra-competitivas a futuro. Si bien lo anterior podría ser cierto, resulta un análisis parcial. Debe igualmente considerarse que el incremento del déficit tarifario por parte de la empresa pública deberá ser financiado de una manera u otra. Lamentablemente, todo apunta a que sea financiada por ingresos petroleros. En este último caso, lo responsable es determinar si la sociedad pondera a la actividad y al servicio de las telecomunicaciones como prioritaria por encima de actividades como salud, educación, transporte, infraestructura, viviendas, etc.

Por otra parte, existe el hecho que el Estado será juez y parte, una vez que es el operador dominante, propietario del local loop, y a su vez continuará desempeñando la función de regulador. En una situación en la cual el operador dominante es una empresa privada, la revelación de información, posee racionalidad no para regular conductas anticompetitivas o exclusionarias, sino para regular el precio de acceso. En este sentido, la escuela de Chicago, plantea que no existe racionalidad, por falta de incentivos del operador dominante privado en cerrar mercado verticalmente vía precios abusivos o predatorios (obviamente esto requeriría que en el sector de telefonía exista competencia perfecta y nula capacidad estratégica por parte de los operadores de telefonía móvil). En el caso alternativo, en el que el operador privado posee el local loop y aguas abajo existe mercados concentrados, la crítica a la escuela de Chicago, plantea que podrían existir incentivos de cierre de mercado. Así las cosas, podría existir incentivos una vez que exista poder mercado tanto en el renglón donde se es dominante, en la telefonía básica, como aguas abajo, en la telefonía móvil donde se tiene capacidad estratégica. Puntualmente, podría existir la posibilidad de que se desplieguen prácticas de pinzamiento de márgenes o price squeeze, entre otras conductas como: discriminación de precios, empaquetamiento de servicios, denegación de acceso, tácitas dilatorias, subsidios cruzados, aumento de los costos de cambio del cliente.

Adicionalmente, podría existir la posibilidad del cierre vertical de mercado vía manipulación de la calidad de acceso al essential facility. Esta eventual práctica posee mayores incentivos que el cierre vertical vía precios, especialmente si consideramos, que el regulador debe fijar precios de acceso (como mencionáramos, no para evitar prácticas de cierre, sino por tratarse de un monopolio natural). Sin embargo, ahora que el Estado será el regulador de última instancia de los precios de acceso y a su vez el operador dominante. Lo interesante y complejo de la situación futura para las telecomunicaciones, es que si existe una posibilidad de que CANTV pública discipline al mercado, pero debe sortear un campo minado por riesgos de burocratización e intereses de sus administradores y por los riesgos que se abren del despliegue de prácticas anticompetitivas y desleales por parte de CANTV pública.

A continuación presentamos dos modelos que intentan mostrar la fuerza de los incentivos, que posee un operador dominante propietario del local loop, de cerrar el mercado verticalmente. Se presentarán dos tipos de cierres alternativos, uno vía precios de acceso y el segundo vía calidad del acceso a la facilidad esencial.

(%=Link(«http:/media/5198196.doc»,»Bajar el documento anexo»)%)

Economista.

Master en Economía Industrial.

Especialización en Economía del Sector Telecomunicaciones.

Especialización en Economía del Sector Energía.

Especialización en Economía del Sector Transporte.

Especialización en Economía del Sector Farmacia.

Universidad Carlos III de Madrid.

Programa Avanzado en Política de la Competencia.

Instituto de Empresas.

Instituto de Estudios de Economía Aplicada.

Experto-consultor en Derecho y Economía de la Competencia y la Regulación Económica.