El fracaso
Mucho se especuló sobre la posibilidad de que el Gobierno impusiese el control cambiario. Este optó por la flotación con algunas medidas de ajuste fiscal de corto plazo, obviamente superior al control. Sin embargo, son claras las insuficiencias: Medidas coyunturales y limitadas, que no están inscritas en un programa global que abarque reformas institucionales profundas y modernizadoras. La flotación implicará una maxi-devaluación. El jefe de la oficina de asesoría económica de la Asamblea Nacional la estima en 53%. En buena medida ello depende de cómo se concrete la política fiscal, la cual será presionada por la reacción de los salarios reales, y el nivel de financiamiento que se obtenga.
Esquema económico y “rentismo petrolero”
Económicamente lo que fracasó fue un intento de estabilización basada en altos ingresos petroleros, utilizando el tipo de cambio como ancla nominal de precios (con el tipo de cambio real sobrevaluado) y el gasto fiscal como motor del crecimiento. A ello hay que agregar una “contrarreforma” institucional orientada no sólo a revertir algunas de las limitadas reformas de la última década, sino a ampliar el rol del Estado en la economía y la sociedad. Ejemplos en esta dirección son los decretos-leyes que se aprobaron en el contexto de los últimos poderes habilitantes y la concepción que se ha instrumentado con relación a PDVSA.
Todo ello conforma una concepción de crecimiento o desarrollo: La intención de reeditar, con algunas peculiaridades, el añorado “rentismo petrolero”. El abandono del ancla cambiaria no es sólo el fracaso de un esquema económico, es también el de una concepción que persiste, a pesar de los anuncios del ajuste.
Lo que aquí llamamos “rentismo petrolero” es una concepción basada al menos en dos ideas. En primer lugar, que es posible obtener altos ingresos petroleros básicamente a través de precios elevados, dado el poder de mercado de la OPEP. En segundo lugar, que estos ingresos vertidos a la economía a través del Estado pueden asegurar el crecimiento (inversión adecuada en capital físico y humano), diversificación de la economía, subsidios generalizados y bienestar social. La peculiaridad del actual Gobierno está en el refuerzo del papel de Estado en la propiedad de activos y su regulación, dentro de un enfoque que intenta ser redistributivo, y el aumento de la discrecionalidad. Sintéticamente, la acentuación de los rasgos negativos de lo que Karl llamó el Petro-Estado.
La causa del fracaso económico no se explica por la baja coyuntural del petróleo, aunque la recesión de la economía mundial pueda ayudar a explicar la profundidad de la crisis. El esquema que fracasó requiere tres condiciones mínimas para funcionar en forma aceptable: Ingresos petroleros per capita muy altos, estables en el tiempo, y eficacia del Gobierno para gastarlos. O, evaluando los recursos petroleros como un stock, se requiere un nivel de riqueza alto y creciente a la misma tasa del crecimiento poblacional. Ninguna de estas condiciones se cumple. De hecho, el fundamento petrolero del esquema no se cumple, y la experiencia venezolana e internacional muestra que acentuar el “rentismo petrolero” conduce a incrementar el comportamiento de “búsqueda de renta” y la ineficiencia.
Algunos elementos históricos
El petróleo
Del análisis histórico del aspecto petrolero se obtienen cuatro conclusiones centrales respecto a la viabilidad del “rentismo”. Primero, el valor de las exportaciones petroleras per capita en dólares constantes que tuvo un promedio de 1.646 dólares desde los cincuenta hasta 1969, que aumentó a 1.749 dólares en los setenta; ha descendido a 767 dólares por habitante, aún incluyendo el boom del 2000-2001, como muestra el gráfico 1. El gráfico 2 muestra la evolución del volumen de exportación por habitante, y es claramente perceptible la declinación. Es decir, por distintas razones existe una tendencia a la declinación.
Gráfico 1
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Nota: el dato del año 2002 es estimado suponiendo un precio para la cesta de crudos de Venezuela de US$/bl. 17 y un volumen de exportación de 2,7 millones de barriles diarios.
Gráfico 2
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Nota: se supone un volumen de exportación de 2,7 millones de barriles diarios para el año 2002.
Segundo, la serie de los precios del petróleo no se puede considerar “raíz unitaria”, lo que indica que existe tendencia a la estabilidad o retorno a la media. Análisis relativamente sofisticados de los precios de la energía señalan que la serie histórica de los precios petroleros tienden a la estabilidad en torno a una tendencia no determinística. Ello indica que no existe base para suponer que los shocks positivos (así como tampoco los negativos) de precios petroleros tienen efecto permanente.
Tercero, la volatilidad de los precios del petróleo (evaluada por el comportamiento de la desviación estándar) aumentó en forma importante desde la década de los setenta, luego disminuyó y en los últimos tres años no ha descendido, como muestra el gráfico 3.
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Gráfico 3
Nota: para el año 2002 se supone un precio para la canasta venezolana de US$ 17 y una inflación para EEUU de 1%.
Por último, la evolución del mercado petrolero permite establecer que cuando la OPEP reduce la producción para apuntalar los precios, pierde participación, lo cual debilita el poder de mercado de la OPEP.
Parece una ilusión suponer que la OPEP tenga un poder de mercado tal que le permita garantizar a mediano y largo plazo precios del petróleo muy altos, por encima de las tendencias, como fue una ilusión que los altos precios del 2000 se podrían mantener por que se trataba de un “shock con efectos permanentes”.
Petróleo y crecimiento
La capacidad de las exportaciones petroleras para inducir el crecimiento a través del gasto fiscal ha disminuido. Un trabajo de Schliesser y Silva (1999) utiliza el esquema acelerador-multiplicador de Samuelson para evaluar la capacidad de las exportaciones petroleras per capita para estimular el crecimiento. La conclusión es que al comparar el período 1940-1977 con el período 1978-1995, “se evidencia la disminución y prácticamente la desaparición de la contribución de la renta petrolera para explicar el desempeño económico.” Sí se utiliza un esquema semejante para los últimos cincuenta años y se evalúa el impacto de las exportaciones petroleras sobre el crecimiento del producto no petrolero por habitante, lo que se obtiene es que esta capacidad de inducción fue relativamente importante hasta mediados de los setenta y que posteriormente no ha sido significativa. Resultados similares se obtienen si se analiza el crecimiento utilizando una función de producción estándar y considerando los recursos naturales petroleros como un stock.
Además, todos los indicios apuntan a que el deterioro del contexto institucional y la falta de reformas redujo la calidad del gasto público e incrementó el comportamiento de “búsqueda de renta”. Ello sería consistente con las tesis de la Nueva Economía Institucional. En síntesis, los supuestos básicos del esquema “rentista” no se cumplen.
Aunque parece obvio que la producción petrolera puede ser un elemento significativo en el crecimiento económico y desarrollo venezolano, lo que sugiere el análisis histórico es que se requieren cambios institucionales muy profundos para aprovechar el recurso. Por ejemplo, una apertura importante en el sector, aumento de la producción, garantizar la sostenibilidad fiscal, instituciones que permitan “aislar” relativamente la economía de los shocks externos, y tener un tipo de cambio real más competitivo. El petróleo no puede seguir impulsando el crecimiento en la misma forma ni con la misma intensidad que lo hizo en el ya remoto pasado del “dorado petrolero”.
Los resultados del trienio
Los resultados económicos en este trienio son malos. En forma acumulada el producto no ha crecido en los últimos tres años y en términos per capita puede haber una caída mayor al 5%. El miniboom de finales del 99 y 2000-2001 tuvo poco efecto en el crecimiento. La recuperación modesta del 2000 y 2001 no pudo compensar la baja de 1999. Las exportaciones petroleras de 1999 fueron 16.697 millones de dólares, las del 2000 27.885 millones, las del 2001 21.710 millones. Se supone que las del 2002 podrían estar alrededor de 15.000 – 16.000 millones de dólares, inferiores en más de 25% a las del 2001 e inferiores en un 43% a las de 2000.
La fuga de capitales ha sido gigantesca, posiblemente en un orden de magnitud similar al monto de la deuda externa, lo cual es paradójico para un Gobierno cuyo propósito era redistributivo. El alto nivel de fuga de capitales y la baja inversión en capital físico son particularmente graves porque indican que en condiciones de un boom petrolero no aumentó el stock de capital por habitante. Por tanto disminuyó, por este efecto, el producto potencial. En el 2000 y el 2001 existieron superávits en cuenta corriente considerables (aún existiendo déficit fiscal) y salidas elevadas de capital. Ello implica que el exceso de ahorro sobre la inversión se transformó en activos externos. Las razones pueden ser varias y simultaneas: la volatilidad relativamente previsible del ingreso petrolero, la falta de mercado para inversiones o la inseguridad respecto a la política gubernamental. En todo caso, no se pudo estimular la inversión no petrolera.
Es cierto que se ahorraron recursos en el FIEM durante el miniboom, pero se aumentó en forma muy importante la deuda interna, una contradicción con el sentido de este mecanismo. Básicamente el FIEM debe funcionar como un mecanismo para amortiguar los shocks externos petroleros. Para ello, en presencia de un shock externo positivo en los términos de intercambio, el Gobierno debe ahorrar sin aumentar el gasto fiscal más allá de la sostenibilidad de largo plazo. Se hizo lo contrario, en forma tal que produjo el endeudamiento interno masivo, dificultando enormemente el manejo macroeconómico del presente año.
Desde el punto de vista fiscal se produjo una expansión del gasto real en el 2000 y 2001. El gasto del Gobierno Central se expandió en 25% en el 2000 y 11% en el 2001. Como proporción del producto, el gasto aumentó de aproximadamente 19% en 1999 a 24,5% en el 2001. La peculiaridad de esta expansión es que simultáneamente se redujo la participación de los ingresos fiscales no petroleros (deduciendo de ellos el financiamiento monetario). El gasto no sólo estuvo respaldado por elevados ingresos petroleros que no se podían considerar permanentes, sino que se financió a través de un alto endeudamiento interno y financiamiento monetario. Es decir, no sólo no se buscó mejorar la sostenibilidad fiscal de largo plazo sino que se la deterioró en forma sensible.
El ancla cambiaria tuvo inicialmente éxito para reducir la inflación, pero esta disminuyó en el 2001 y la importante sobrevaluación del tipo de cambio real golpeó al sector transable.
Ahora, en el 2002, la imposibilidad de financiar el déficit proyectado (lo que en buena medida desató el ataque cambiario) obliga a un ajuste, cuyas características centrales serán la maxi-devaluación y medidas de restricción fiscal. Posiblemente se producirá una estánflación significativa. Ello traerá dificultades importantes, tanto políticas como sociales, y no se descarta que no pueda obtenerse una senda estabilizadora. Las medidas propuestas son limitadas y tienen muy poco aliento. Las insuficiencias del ajuste propuesto colocan una pregunta en el aire: ¿No se requiere de una concepción diferente a la que ha prevalecido hasta el presente para conducir el ajuste en forma ordenada e intentar una recuperación ulterior más o menos estable?