Economía

El corto aliento del “socialismo petrolero”

“Este es un socialismo petrolero. No se puede concebir el modelo económico que queremos construir en Venezuela si no incluimos la gota petrolera. (…) Con el petróleo haremos la revolución socialista”

Hugo Chávez, Aló Presidente del 29 07 07

En ese mismo “Aló Presidente” a que se refiere el epígrafe, el presidente Chávez mostró extrañeza por la multa impuesta por el CNE a Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo y presidente de PdVSA, por aquél discurso “rojo, rojito” a sus empleados, en plena campaña electoral. “Tendrán que multarme a mi también” dijo , identificándose con esta violación flagrante del artículo 145 de la Constitución.

Es decir, el petróleo y los ingresos que de su explotación se derivan no son de la nación venezolana, sino de una parcialidad política que, con el pretexto de un “Socialismo de Siglo XXI”, pretende su usufructo para perpetuarse en el poder. La confesión presidencial también precisa lo que ya todos sabíamos en torno a su proyecto: Se trata de un socialismo de reparto, que no tiene nada que ver con el “desarrollo de las fuerzas productivas” que pregonaba Marx. Si bien el viejo alemán se equivocó de plano con el papel de los incentivos en la mejora de la productividad, Chávez simplemente se desentiende de ello. Mientras los precios petroleros continúen por la estratosfera, hay abundante renta para ser distribuida discrecionalmente, conforme a sus necesidades de legitimación.

Sin embargo, los numeritos no parecen convalidar esta afirmación. Como lo revelan las cifras del BCV (gráfico), el principal destino del gasto público lo constituyen las transferencias, tanto corrientes como de capital. Tradicionalmente, éstas eran conformadas por la distribución del Situado Constitucional, y la asignación a los estados por concepto del FIDES y la LAEE, así como cualquier subsidio. Ahora se han incrementado los subsidios al consumo a través de PROAL (que suple la red de Mercal), y se han sumado las asignaciones por becas a los misioneros y a los consejos comunales, la reposición de las pérdidas de los entes financieros del Estado, la capitalización de cuánta empresa pública nueva se le ocurra crear al esclarecido y bienamado líder, y las transferencias a Fondespa, Fonden, y otros. Adicionalmente, debe mencionarse la generosa “solidaridad internacional” desplegada para granjearse lealtades en los foros regionales. La mayoría de los nuevos conceptos de transferencia escapan del control presupuestario, si es que hubiere algún interés de esa Asamblea Nacional “roja, rojita” de fiscalizar al Ejecutivo. Estas transferencias pasaron de ser el 40,8% del gasto total del sector público consolidado restringido en el último año del gobierno anterior (1998) a ocupar un 62,2% del mismo en 2006, en total, cerca de Bs. 96 billones ese año.

Esta enorme “bola de billetes” es, como confiesa el propio presidente, la base del “Socialismo de Siglo XXI”. Con ello puede darse el lujo de arrinconar al sector privado, asumir directamente el control de una gama creciente de actividades productivas y asegurar la dependencia financiera de los venezolanos de quien tendrá la potestad cuasi exclusiva de decidir discrecionalmente su distribución. Al igual que en la mineralizada y primitiva Cuba, el sueño de Chávez es que todos pasemos a depender del Estado, es decir, de él.

El problema con estas pretensiones es que el portentoso incremento en los ingresos petroleros está perdiendo la carrera con los desbocados compromisos que viene asumiendo el presidente en sus ansias de legitimación. Según las cifras de la publicación anual del BCV, las transferencias corrientes y de capital del sector público consolidado (restringido) superaron en un 47,8 % el superávit operacional de la industria petrolera en 2006, de donde sale el ingreso fiscal petrolero (del Gobierno Central) y el financiamiento de la inversión en la propia industria. Como los recursos no alcanzan, PDVSA ha venido endeudándose crecientemente. Las estimaciones de un nivel de deuda en torno a los USA $15 millardos no dejan de ser alarmantemente indicativo de la precariedad financiera que parece entronizarse en la primera empresa del país. Por otro lado, la capacidad del sector no petrolero de cubrir hacia el futuro una porción creciente de este maratón de gastos es altamente dudosa -a pesar de la eficiente gestión mostrada por Vielma Mora en el Seniat-, si Chávez sigue empecinado en destruir al sector privado. Es decir, va a ser cada vez más difícil que las cuentas “socialistas” cuadren.

Por último, es pertinente reproducir aquí la argumentación de Ramón Espinaza, experto petrolero, presentada recientemente en el evento anual de Conindustria. Afirma el mencionado especialista que la capacidad de producción del petróleo viene cayendo de manera sostenida y que ello podría agravarse con la disminución de la participación de empresas extranjeras en la los proyectos de mejoramiento de crudo pesado de la Faja del Orinoco. Encima, el mercado interno viene absorbiendo cantidades cada vez mayores de esa producción petrolera mermada, disminuyendo el excedente para la exportación. Además de que en el mercado doméstico los precios son subsidiados, los costos internos de distribución son considerablemente superiores que los de la venta simple del crudo afuera: es decir, PdVSA pierde. Sostiene, asimismo, que es lógico esperar una reversión en el ciclo de precios petroleros internacionales. Finalmente, asevera que, en general, vienen aumentando los costos de producción de PDVSA. De manera que un escenario de reducción de precios del 9%, combinada con una caída de exportaciones en volumen del 15%, podría traducirse en una caída del ingreso petrolero del gobierno de alrededor del 50% para el próximo año.

Desde luego, al Gobierno siempre le queda el expediente de una fuerte devaluación. De hecho, la economía necesita de la corrección en el valor externo de su moneda, fuertemente sobrevaluada. Sin embargo, el costo político asociado al empobrecimiento de los venezolanos que traerá esa medida no la hace muy popular, por los momentos, a los ojos del oficialismo. Peor aun, difícilmente se auguran los efectos positivos que normalmente se asocian con esta medida, como es la reactivación del sector productor de bienes y servicios transables, dada la cantidad de restricciones a su actividad y la inseguridad jurídica y política reinante.

¿Entonces que le quedará al proyecto estatista de Chávez? O bien liberar las “fuerzas productivas”, restaurando un sistema de garantías que incentive la inversión y le dé confianza a la iniciativa privada -difícilmente compatible con su prédica anti-capitalista-, o apelar a la tarjeta de racionamiento, al estilo cubano, bajo el argumento moralista de igualarnos a todos por abajo, por aquello de que “ser rico es malo”. Ello parece más consistente con la prédica de un “Hombre Nuevo”, austero, solidario y poco motivado por las apetencias personales, con que se intenta justificar el “Orden Superior” que se quiere construir. Desde luego, como lo revelan las experiencias nacionalsocialistas y estalinistas, avanzar en este propósito implica necesariamente la regimentación de la sociedad, sometiéndola a través de la imposición ideológica y la represión. Así, en nombre del “Socialismo de Siglo XXI” se estaría reeditando las peores experiencias totalitarias del siglo XX.

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