El atajo de los controles
Pocos son los que creen que el Gobierno no terminará imponiendo un control de cambios. Cierto que ello tendría un alto costo no sólo económico sino también político, pero como dicen, está en la “lógica de las cosas”. Algo de aritmética, de macro y de economía política son la base para esta apreciación.
Desde la perspectiva fiscal el problema es bastante sencillo. Una baja del ingreso petrolero, prevista por todos menos por el Gobierno, acompañada por una política fiscal irresponsable que “secó” las fuentes de financiamiento en dos años de acelerado endeudamiento interno, y con un tipo de cambio claramente sobrevaluado; han colocado al Gobierno ante una brecha fiscal no financiable. A esto se le agrega un alto deterioro institucional, muy poca capacidad técnica y el intento de pasar a una economía comandada por el Estado, basada en el “rentismo”petrolero.
Las familias y empresas han reaccionado como era de esperarse. Se protegen estructurando sus portafolios en activos externos, no obstante el bajo rendimiento actual. Privan las razones del riesgo cambiario y de seguridad. De hecho, la pérdida de reservas internacionales en enero fue de 1,3 millardos de dólares, a pesar de las altas tasas de interés.
La magnitud de la brecha fiscal o de las necesidades de financiamiento del Gobierno Central estimada en el presupuesto es de 11.000 millones de dólares, aproximadamente 8%-9% del PIB, magnitudes de por sí muy altas. La estimación estuvo basada en un precio promedio de la canasta de exportación de 18,5 dólares el barril y un volumen de 2,87 millones de barriles diarios, es decir, una exportación de más de 19.000 millones de dólares. La recaudación tributaria interna se fundamentó en el supuesto de un crecimiento de la economía de 4,1%. Además, la tasa de interés supuesta para el servicio de la deuda fue aproximadamente de 24%. Nadie cree en esos supuestos. En un escenario no pesimista, las exportaciones petroleras podrían ser inferiores en 4.000 millones de dólares y la economía podría caer en 2%, por el efecto del “ajuste” fiscal, recorte de gastos de PDVSA y altas tasas de interés.
En consecuencia, las necesidades de financiamiento combinadas del Gobierno Central y de PDVSA serían similares a las exportaciones petroleras (14.000-15.000 millones de dólares), y las del Gobierno dependen de cuanto sea la contribución fiscal de PDVSA y cuanto las medidas fiscales (IDB, eliminación de algunas exenciones del IVA, intento de reducción de gastos, etc.) compensen la baja en la recaudación no petrolera por la recesión. Recuérdese que en el presupuesto no existen previsiones para aumento de salarios. Supongamos que las necesidades de financiamiento del Gobierno Central se incrementan sólo a 12.000 millones de dólares.
Las fuentes para el financiamiento son restringidas. Por un lado esta el FIEM, con 6.200 millones de dólares, de los cuales son del Gobierno Central alrededor de 2.000 millones, 1.200 millones de las regiones y 3.000 millones de PDVSA. Supóngase que el Gobierno Central usa 5.000 millones de dólares, excluyendo las reservas de las regiones. Faltaría todavía por financiar 7.000 millones de dólares. ¿Cuánto puede ser el financiamiento externo? Sí se consiguen (por ejemplo, a través de PDVSA) 1.000 millones de dólares, la brecha quedaría en 6.000 millones de dólares. Obviamente el uso de estas fuentes, los recursos del FIEM y el financiamiento externo, tendrían en el actual régimen cambiario consecuencias negativas para las reservas internacionales.
La fuente del mercado interno la “secó” el Gobierno. La banca tiene aproximadamente el 25% de sus activos en papeles del Gobierno Central producto del acelerado endeudamiento interno de los últimos dos años y medio (la deuda alcanza aproximadamente 12.000 millones de dólares) y es poco sensato que aumente su exposición. Este año el Gobierno ha tenido grandes dificultades para renovar la deuda, a pesar de las tasas. No sólo es una bola de nieve, sino puede crear serios problemas al sistema financiero.
Lo que queda es la práctica muy poco recomendable del financiamiento monetario. Claro que existen las restricciones legales al financiamiento monetario, pero el 2001 mostró que esto no tenía “mucha importancia”. El BCV financió al fisco por aproximadamente 2.300 millones de dólares, a cargo de supuestas ganancias cambiarias, y en el 2002 ya se reinició el proceso. La restricción real está en que el financiamiento monetario, bajo el actual régimen cambiario, es la forma más directa de perder reservas internacionales.
Como el Gobierno ha descartado la devaluación, por el costo político de sus efectos (devaluación-inflación), lo más probable es que implante un control de cambios (y quizás otros controles) intentando comprar tiempo y apostando a la recuperación petrolera.
La idea de que el ajuste fiscal más el alza de las tasas de interés podría mantener el actual régimen cambiario y evitar el control cambiario es poco realista, y menos en el actual contexto político. La brecha fiscal es demasiado amplia, el ajuste tendría que ser draconiano (posiblemente socialmente inviable), impulsando una recesión profunda y una caída de la demanda de dinero abrupta, que alimentaría la salida de reservas.
Ergo, a pesar de que inicialmente se intente algún ajuste fiscal, lo más probable es que este sea limitado y se implante el control de cambios. Este “dique” temporal a la salida de reservas internacionales daría mayor espacio para el financiamiento monetario y la colocación, aunque sea forzosa, de títulos de la deuda pública. Con el tiempo, el “dique” se perforará, y el costo de esta política será terrible. Pero, ¿quién se ocupa en el Gobierno de estos temas?
