Economía, gobernabilidad y elecciones

Reconstruir la gobernabilidad en Venezuela es muy importante. Sí no se reconstruyen la gobernabilidad y las instituciones (normas y organizaciones) las consecuencias pueden ser altamente negativas, aun más profundas que el colapso de los últimos cuatro años. La forma civilizada y democrática de iniciar la reconstrucción es acudir a la legitimación que otorga la consulta popular. Esta sería la vía que tendría menores costos para toda la sociedad, especialmente para los sectores de más bajos ingresos. Por así decirlo, es el inicio del camino deseable para salir de la crisis.

Venezuela ha vivido una prolongada declinación económica que en el último cuatrienio se ha transformado en abrupta caída. No podía retomarse el crecimiento sobre la base de concebir la política y la sociedad como un “campo de batallas” donde es necesario derrotar o aniquilar al “enemigo”, la concepción gubernamental. El colapso tiene esta raíz.

Para salir de la crisis se necesita una visión amplia, considerar la complejidad y heterogeneidad de la sociedad, y un mínimo de aceptación por parte de la población de las políticas públicas; lo cual podría ser impulsado por la legitimidad que otorguen las elecciones.

Declinación y caída

Se estima que este año el producto cayó en algo más del 8%. El efecto del paro del diciembre podría ser de algo más del 2%, lo que indica que sin tomar en cuenta este efecto, las políticas del gobierno han conducido al peor comportamiento de la economía venezolana para un cuatrienio desde 1950, fecha desde la cual existen estadísticas temporalmente consistentes.

Sí se analiza el comportamiento del producto per capita (o producto por habitante) desde 1950 hasta el año 2002, se percibe una trayectoria general de crecimiento positivo hasta 1977-78, donde se produce un quiebre, y luego la trayectoria tiene un comportamiento negativo. El promedio interanual de crecimiento per capita entre 1950-1977 es de 2,8%, y entre 1978-1998 existe un decrecimiento anual promedio de 1%. Con una caída de 8% del producto en el 2002, el promedio de decrecimiento anual per capita del último cuatrienio sería de 4%. En el lapso de los últimos cuatro años, el producto per capita se habría contraído en 17%, una dinámica de empobrecimiento sin precedente y realmente preocupante. La proporción global de caída del producto per capita del cuatrienio es análoga a la de los veinte años anteriores.

Petro-Estado y “rentismo”

Venezuela es una economía petrolera. En aquellos países donde el Estado se conformó bajo el impacto petrolero, se tiende a producir una estructura institucional que la literatura especializada denomina Petro-Estados. Los ingresos externos petroleros se trasmiten a la sociedad vía el Estado y, al mismo tiempo, estos ingresos serían un soporte básico para el funcionamiento del mismo. Ello tendería a extender las atribuciones del Estado y su rol en la sociedad, sin que ello sea soportado por impuestos domésticos que permitiesen estimular los mecanismos de contrapeso y control al Estado por parte de la sociedad.

Como consecuencia de esta asimetría se pueden desarrollar fuertes tendencias a la ineficacia, mala asignación de los recursos, discrecionalidad y comportamiento acentuado de búsqueda de renta (incluyendo la simple corrupción). Estas tendencias se han exacerbado durante el presente gobierno.

Al mismo tiempo, el análisis del comportamiento histórico de la economía venezolana (y en general de los países de la OPEP) indica que el “rentismo”, la política de recortar la producción petrolera para buscar renta destinada el fisco (voracidad fiscal) a través de precios altos, obstaculiza el crecimiento, en el corto y el largo plazo. Un ejemplo elocuente de este fenómeno fueron los ochenta. A finales de los ochenta y los noventa este tipo de política se abandonó y, con el actual gobierno, el “rentismo” se retomó con fuerza. Esta política es una de las razones del colapso económico del cuatrienio.

Política fiscal y fuga de capitales

La posición fiscal del cuatrienio se caracterizó por una situación deficitaria recurrente e importante, a pesar de ingresos por exportaciones petroleras holgados, acompañada de un endeudamiento interno masivo (se quintuplicó la deuda doméstica, básicamente con el sector bancario).

La inversión, pública y privada, tuvo una brusca caída. Ello ocurrió en una situación de balances superavitarios de la cuenta corriente. Esto indica que la limitante de la inversión no fue la falta de ahorro o de divisas, sino ausencias de oportunidades de inversión o aversión al riesgo, especialmente la posibilidad de desconocimiento de los derechos de propiedad. La contrapartida ha sido la transformación del ahorro nacional en activos externos, simple y llanamente la fuga de capitales. Se estima que la fuga de capitales podría alcanzar 28.000-30.0000 millones de dólares, un nivel que supera holgadamente la deuda externa.

Pobreza

Obviamente el pésimo comportamiento económico ha estado acompañado del deterioro del mercado laboral, aumento de la pobreza e incremento de la desigualdad. La pobreza aumentó en 14-16% durante el último cuatrienio, más de 650.000 nuevos hogares. En el 2002 la proporción de familias en el nivel de pobreza podría alcanzar el 67-70%, y del 31-33% de las familias podrían colocarse en la pobreza extrema.

Destrucción institucional

La acción gubernamental se ha caracterizado por una violación sistemática de normas, deterioro o destrucción de instituciones, con el objetivo de control político de las mismas (por ejemplo, PDVSA). Además se han puesto en entredicho los derechos de propiedad y se ha auspiciado la violencia política. Todo ello ha aumentado los costos transaccionales en forma desproporcionada.

Desastre y elecciones

La crisis de gobernabilidad puede exponer a toda la población, especialmente a los estratos más pobres, a una situación extremadamente precaria. Este año podría caer de nuevo la actividad económica en forma muy brusca (dos dígitos) si no se restituye la gobernabilidad en forma rápida. El potencial económico podría quedar seriamente dañado. El gobierno puede tener serios problemas para cumplir con sus compromisos de pagos, incluyendo compromisos de deuda y salarios. Las autoridades podrían acudir a la emisión masiva de dinero (aunque es ilegal), y esta podría estar acompañada de un control cambiario. Un verdadero desastre.

Un proceso electoral podría iniciar la reconstrucción de la gobernabilidad y de la institucionalidad. Existen razones claras para convocar a este proceso. La gravedad misma de la crisis. Además, hay indicios y percepciones según las cuales se intenta imponer a través de un “proceso revolucionario” un modelo económico distinto al esquema basado en los derechos de propiedad y funcionamiento del mercado (¿alguna forma del eufemísticamente llamado “socialismo real”?), cuyas características desbordan el mandato electoral y el marco de la nueva constitución, con graves peligros para la paz social y la democracia. Y en definitiva, la gran mayoría de la población considera que se debe seguir la regla de oro de la democracia: la consulta a la población, con la participación de todas las corrientes políticas, para generar legitimidad y gobernabilidad.