¿Dónde están los reales del petróleo?

Decía el Presidente Castro la semana pasada, que Venezuela estaba mejor preparada que Cuba para resistir(¡!) a los americanos (sic), con lo cual apuntaba a un elemento económico caracterizado por la abundancia de un recurso natural: el petróleo en manos del Estado. Como se puede ver, la sugerencia va mas allá de la simple acotación que Venezuela tiene petróleo, y por ello, como recurso bajo propiedad estatal, podría, eventualmente servir como base de una ecuación política predeterminada. Esa expresión de Castro, en lo económico, constituye la extensión política de lo que se cree se puede hacer con el petróleo, sobre todo viniendo del líder de un país, cuyo fracasado esquema económico estatista – socialista, unido a un absurdo bloqueo económico por parte de EUA, han hecho pasar al pueblo cubano por no pocas penurias. De esta manera, el sentido de lo citado al comienzo de la nota, no es otra cosa que lo mismo que hemos hecho en este país con el petróleo en muchas décadas, pero cabalgando sobre las “supuestas bondades” de un argumento altruista, colectivista y voluntarista y poco efectivo en términos económicos; en resumen, una apreciación errónea de lo que puede hacer el Estado como administrador de riqueza.

La percepción de nuestros gobernantes respecto del petróleo no ha sido muy distinta a la expresada por el Presidente cubano, de allí que, sin distinción, la estrategia petrolera de los últimos años, incluidos los últimos dos de la administración Chávez, es en esencia la misma; por lo que, independiente de la retórica del discurso político, los políticos venezolanos, sean estos de formación socialdemócratas, socialcristianos, comunistas y hasta conservadores y liberales – en el sentido americano de estos términos -, coinciden en que para administrar la renta petrolera, el petróleo debe seguir en manos del Estado; lo cual les “provee” a ellos oportunidades monopólicas para captura y distribución de la renta petrolera, de acuerdo a su propia estructura de incentivos económicos y políticos.

Según esta economía política, el petróleo debe estar en manos del Estado, ya que este, supuestamente garantizaría una manera más igualitaria, la redistribución de los recursos fiscales generados como renta petrolera para la atención de la población por servicios públicos; lo cual, después de mas ocho décadas de explotación petrolera y una experiencia con escasa posibilidad de ser emulada, ha resultado poco mas que una falacia (macro)económica. En los hechos, los gobernantes han tenido en el petróleo una fuente fiscal directa, donde los limites a la tributación estarían definidos en la propiedad estatal sobre esa industria, lo cual le daría a los gobiernos no solo los impuestos sino los dividendos que por desempeño genere la actividad petrolera publica.

La redistribución de la renta petrolera a través del gasto publico es entonces la savia que alimenta esa economía política, eliminando con ello la aplicación de mecanismos de optimización económica en cuanto a la asignación del gasto. Este es el tuétano de la redistribución de la renta. Durante anos se acostumbró a la población a esta forma de redistribución, lo cual requiere dispositivos políticos clientelares para cuando el precio del petróleo suba y el fisco se ponga buchón, o como lo decía el Presidente Lusinchi en su tiempo, cuando la botija esté llena.

Los políticos lo han utilizado como “grasa política” para inducir incrementos de sueldos y salarios de empleados del Estado, para financiar gasto publico – generalmente recurrente – que luego, al caer los precios, fuerzan la imposición de obligaciones financieras al Estado para mantener la economía del gasto y “cubrir” esas deficiencias estructurales de ingreso con deuda publica. En los últimos dos años hemos visto la misma historia; pese al boom petrolero, se ha acumulado mas deuda, en previsión – probablemente – que cuando los ingresos caigan una vez el precio retroceda a niveles históricos, los políticos no tendrían necesidad de ajustar el gasto, los ingresos por endeudamiento les proveerá recursos para redistribuir. Al final no solo no se derrota la pobreza, por el contrario los venezolanos al tener mas deuda que pagar con ingresos menores de los que se disponía antes de la farra petrolera se empobrecerán aun mas.

Durante la era centralista, y en esta descentralizada, con alcaldes, gobernadores electos, y parlamentarios regionales, la política del “barril de puercos” es el mecanismo rentista común para redistribuir la sobrerenta petrolera. Se crean participaciones rígidas y poco racionales en términos económicos – FIDES, LAE- para acceder a la renta petrolera, algo que, según dicen los políticos, es de todos los venezolanos. Aun esperamos por rendición de cuentas sobre esa manera de administrar un recurso de todos. Quizás la nueva constitución permita mecanismos de arbitraje y rendición de cuentas, para que los venezolanos, mientras el recurso siga en manos del Estado, podamos exigir cuentas a quienes administran esa renta.

Los mecanismos del rentismo criollo están allí claramente presentes, todos cabalgando sobre el supuesto voluntarista que políticos y burócratas del Estado poseen la sabia vara que redistribuye esos recursos según quien más los necesite. Quienes están mejor preparados política y económicamente – lobbies –ayer como hoy, para el reparto de la renta son los que al final se la llevan. Los empleados públicos acostumbrados en estos años a negociar contratos con administradores, cuya estructura de incentivos igualan objetivos como empleados y empleadores públicos, siempre toman una buena parte de ese excedente. Paros y huelgas les permite afincar el diente para roer esa renta no distribuida.

Esa amplia nomina de 1.200.000 empleados públicos hacen del estado una mole inerte plena de ineficiencias, y que según algunos, dado el potencial empleador, sigue siendo pequeño(¡!); por otro lado, créditos baratos y que para el “desarrollo”, condenaciones de deudas, financiamiento de empresas publicas quebradas, corrupción, mala administración y despilfarro sin entrega de cuentas ni sanción ninguna, todo ello unido a crecientes obligaciones del Estado para proveer bienes, que aunque privados, el incentivo lo constituye el apetito de burócratas cuya única experticia es crear necesidades de la nada. Pese a los muchos cambios políticos, poco ha cambiado en Venezuela en este nuevo boom petrolero. La regularidad empírica dice que después del boom viene mas deuda y mas pobreza, paradojas del petroestado y nuestra economía política.

La Asamblea Nacional debe reconocer estas distorsiones producidas por la economía política del gasto, a la hora de legislar o cuando habilita al gobierno para que este legisle esquemas redistributivos. Hay que regular las exigencias del gobierno para acumular deuda y crear mecanismos transparentes para rendición de cuentas del burócrata de turno. Solo así se podrá detener esta espiral de endeudamiento y creación de pobreza, que ocurre independiente de los booms petroleros. Poco se aprende de la historia. Por ello la gente se pregunta hoy como ayer: ¿dónde están los reales del petróleo?