Devaluación y pinzamientos de márgenes
Una decisión de política económica, analizada aisladamente podría parecer neutral, como la devaluación de la moneda, toda vez que podría responder a corregir, las distorsiones generadas por la sobrevaluación de la moneda producto de un dilatado control de cambio y un tipo de cambio fijo, la pérdida de competitividad relativa de los productos internos, porque podría implicar mayores fuentes de financiamiento al erario público, aun cuando licua sus deudas en bolívares destruyendo el poder de compra de los nacionales –nunca verdaderos propietarios de la renta petrolera-. Sin embargo, a la luz de los resultados de los 12 años de Gobierno, tal política podría ser alarmante si uno se pregunta el por qué y para qué de dicha política de devaluación.
Que el alto Ejecutivo nacional haya anunciado un paquete económico –independientemente de que se haya echado atrás parcialmente- “idéntico” al instrumentado por CAP –devaluación, aumento del IVA, impuesto del débito bancario- y que le costó a este dos golpes de Estado por parte de quienes hoy detentan el poder, más allá de la desfachatez política en lo económico, no tendría que ser alarmante, si no fuese por el uso que se ha hecho y se hará de los fondos públicos extraordinarios producto de una devaluación que hace a los venezolanos más pobres y al Ejecutivo nacional más rico.
La actual gestión de Gobierno resulta un absoluto y rotundo fracaso en lo que a las responsabilidades de un Estado democrático se refiere, puntualmente en garantizar, fomentar, estimular, proveer y/o procurar de la oferta de bienes públicos. Por el contrario, los recursos financieros e institucionales han sido utilizados para proveer precariamente bienes privados, nunca generando nueva riqueza y actividad económica, sino confiscando, expropiando, tomando y sustituyendo a la oferta nacional privada de bienes y servicios privados; haciendo de la actividad económica privada y pública, no actividades complementarias sino sustitutas, parte de un juego de suma cero con el objetivo de desaparecer al sector privado.
La devaluación como política para ingresar más bolívares por petro-dólar vendido, licuando las deudas en bolívares por parte del Estado y empobreciendo a quienes percibimos ingresos en moneda nacional resulta perversa. Sin embargo, más perversa podría resultar la estrategia política del Ejecutivo nacional ante su decisión empobrecedora y ante su impacto sobre los venezolanos.
La estrategia oficialista de devaluación de la moneda al desaparecer el tipo de cambio oficial a 2,60 Bs.F/$ parte de denominarla “unificación” y no como se define cuando un tipo de cambio, administrativamente pierde valor, una devaluación.
En una segunda instancia el jefe del Estado, así como el responsable de la cartera de Industrias Intermedias han declarado que no permitirán especulación ni ajustes de precios ante la devaluación. Si bien gran parte de estas declaraciones forman parte de la consciente demagogia oficialista, implica un riesgo regulatorio y un riesgo de pinzamientos de márgenes y desabastecimiento.
El extinto tipo de cambio oficial a 2,60 Bs.F./$ se dirigía principalmente al sector alimento y farmacéutico, sobre el cual ha existido una difusa política de control de precios. Siendo importados gran parte de los componentes, insumos e incluso bienes terminados de estos dos sectores, la desaparición del 2,60 Bs.F./$ por el 4,30 Bs.F./$ implica un 65% de devaluación que dependiendo del peso relativo sobre la estructura de costo unitaria tendría que ser trasladado parcial o totalmente al consumidor final.
Ante la existencia de controles de precios, sin ajuste dado el impacto de la nueva devaluación de 65%, los márgenes de estos productos podrían pinzarse al punto de simplemente desaparecer la oferta, pudiéndose generar episodios de desabastecimiento.
El Ejecutivo nacional buscará subsidiar los precios en los establecimientos comerciales públicos –MERCAL, PDVAL, BICENTENARIOS, etc.- buscando reducir el impacto inflacionario de la devaluación sobre ciertos grupos poblacionales sobre los cuales el Ejecutivo tiene especial interés político-electoral.
Sin embargo, una vez que el Ejecutivo realice mayores ingresos por la devaluación y subsidie los precios en su red oficial, alguien tendría que haber financiado cruzadamente estos subsidios. Nuevamente la clase trabajadora y la clase media serán quienes percibirán todo el peso de la devaluación y subsidiarán cruzadamente vía impuestos y precios mayores fuera de la red comercial oficial.
¿Pero resulta sostenible este financiamiento, dado que al final de cuentas son los trabajadores y la mermada clase media la que financiará nuevamente al fisco y a sus subsidios? ¿Hasta cuándo es viable esta política si la revolución se ha encargado de igualar a todos hacia abajo? ¿Qué pasaría si ya no hay la suficiente clase trabajadora y clase media para financiar al Gobierno más ineficiente de la historia?
