Cortocircuito en la Robustez e Independencia Institucional

La actuación del Estado sobre la economía y los sectores económicos, desde una perspectiva normativa, debería obedecer al resguardo del interés público. Lo anterior significa que las acciones que despliega el Estado deberían velar por el bienestar social. Esta actuación definiría al Estado como uno benevolente que al procurar maximizar el bienestar social, estaría maximizando la suma del excedente de los consumidores y el beneficio de las empresas. Sin embargo, fuera del ámbito normativo, los Estados y sus instituciones son administrados por personas o grupos políticos con intereses propios, lo que expone a la sociedad a un problema agente-principal, en el cual el agente son aquellas personas que administran el Estado y sus instituciones, y el principal, aquellos que finalmente disfrutarían de un bienestar social mayor, la sociedad o el pueblo. Es por esto que la eficiencia económica como elemento que coadyuva a concretar el mayor bienestar social constituye un bien social, que suele ser tutelado por casi toda regulación económica, política pública e intervención pública en la economía.

El problema agente-principal entre las personas que administran el Estado, sus instancias, sus entes o el Ejecutivo Nacional con la sociedad se deriva -especialmente con respecto el Ejecutivo Nacional- de que este último suele tener intereses políticos al representar una tendencia política, una tendencia ideológica, un partido político o un grupo definido de burócratas.

Si bien el desarrollo de cierta actividad económica por parte del propio Estado puede ser considerado como un esquema regulatorio de participación activa, por ejemplo, en los casos de sectores económicos estatizados como el eléctrico en Venezuela, lo anterior lejos de resolver los problemas agente-principal, pueden exacerbarlos. Por ello, en ocasiones la independencia de los reguladores, bien sean instituciones regulatorias o un actor o empresa pública en algún sector económico, si bien no garantiza del todo la resolución al problema agente-principal, si puede coadyuvar a inmunizar el desempeño del regulador o de la empresa pública de comportamientos socialmente no deseables que responden a los intereses políticos de corto plazo y a trasfondos electorales de los Gobiernos de turno.

El ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Araque, solicitó al personal directivo de las filiales más importantes de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) poner sus cargos a la orden. Podría uno preguntarse si la función de los funcionarios a cargo de estas filiales no es velar por el buen funcionamiento de estas empresas o entes filiales. ¿No existiría un riesgo de descapitalización intelectual del sistema eléctrico nacional?

Algunos esfuerzos pueden, en el futuro, instrumentarse para fortalecer institucionalmente y funcionalmente tanto los órganos reguladores como las empresas públicas en Venezuela, para evitar que sean capturadas por la administración pública de turno, presionándolas a actuar de espalda de los intereses colectivos y en contra de objetivos de eficiencia dinámica. Entre otras iniciativas destacan:

1. La más obvia de estas garantías es la de que los gobiernos no puedan cesar a las personas nombradas para estas tareas durante un período determinado.
2. Pero también ayuda el que no sea posible la renovación en estos cargos; si no, en los períodos en que se acerque el momento de la renovación, la presión de los gobiernos sobre los miembros de la comisión es fortísima y son pocos humanos los que la resisten.
3. Resulta importante que tanto la financiación del órgano regulador, como la libertad de la gestión de su presupuesto, no dependa del Ejecutivo Nacional, salvo exigencias a favor del accountability en resguardo de la sociedad y no del Ejecutivo Nacional.
4. Debe existir independencia funcional y fortaleza institucional, que suele reforzarse garantizando el alto nivel técnico y de formación de los funcionarios, así como la consolidación de un capital intelectual y una curva de aprendizaje sólida a lo largo del tiempo, trascendiendo las distintas gestiones de gobierno.

Justamente la contaminación política en el diseño de políticas públicas y en la toma de decisiones en el sector eléctrico constituye parte de la explicación de la crisis energética que atraviesa el país. Primero, previa estatización del sector eléctrico, regulaciones de tarifas de servicios públicos basadas en objetivos políticos de corto plazo y electorales, explicaron estructuras tarifarias carentes de incentivos a la inversión en acometidas de infraestructura que implicaran capacidad instalada y ociosa fuera de los picos de demanda, para garantizar la generación y el suministro de energía eléctrica. Segundo, la administración pública de los servicios de red, con visiones miopes, electorales de corto plazo, no destinaron los recursos para realizar las acometidas de infraestructura y su mantenimiento, dejando deteriorar el parque generador nacional, ni apuntando a una diversificación de la matriz tecnológica de generación de energía eléctrica en Venezuela. Los técnicos habían advertido la situación del sector eléctrico, ellos no son los culpables de que las decisiones de alto nivel político no se hayan tomado. Son otros los que deberían poner su cargo a la orden de la Nación.