Controles y Desabastecimiento: Normar sobre los efectos y no sobre las causas

El Estado, en particular el poder Legislativo y el poder Ejecutivo han normado y actuado hasta más no poder supuestamente en contra del desabastecimiento, con resultados si no pírricos, intangibles. Lo anterior básicamente producto de un tremendo desatino normativo, pretendiéndose normar sobre los efectos y no tendiendo a identificar y corregir las causas de las eventuales distorsiones manifiestas en los mercados.

El proceso de ajustes de precios, que el Ejecutivo Nacional ha permitido sobre de una serie de productos considerados o declarados de primera necesidad y por tanto sujetos a controles de precios constituye el más contundente reconocimiento sobre el potencial, y en este caso efectivo, poder destructor de incentivos a la oferta por parte de estos esquemas de precios administrados.

En economías inflacionarias los controles de precios dejan de poseer cualquier poder o potencia de incentivos a favor del perfeccionamiento de mecanismos de trade-off entre eficiencias y extracción de rentas, como normativamente suele imputársele a los instrumentos del tipo price-cap. De hecho, los rezagos en los ajustes de precios finales ante estructuras de costos impactadas por aumentos de precios en los factores y/o en los insumos no regulados, tienden a pinzar los márgenes de los productores de los bienes finales, destruyendo incentivos a favor del sostenimiento de la oferta.

Más allá, tanto productores multi-productos en el corto plazo, como productores dedicados al producto regulado en el mediano y largo plazo, tenderán a re-destinar sus recursos y factores a la producción de bienes, o hacia segmentos no sujetos a regulación o alternativamente desarrollarán estrategias de diferenciación de productos escapando de la regulación, buscando descremar mercados –price skimming– y evitando la destrucción de utilidades. Así las cosas, los controles y las regulaciones excesivas atentan contra la eficiencia dinámica y comprometen cualquier objetivo de equidad y redistribución de rentas en el mediano y largo plazo.

Si bien lo anterior ocurre por el lado de la oferta en lo referido a la producción, en el ámbito comercial igualmente se crean incentivos oportunistas no deseados. Situaciones de insuficiencia de oferta agravadas por controles de precios constituyen el caldo de cultivo perfecto para que se creen incentivos de captura de rentas de escasez por parte de terceros o informales. Este hecho lo habíamos advertido incluso antes de la instrumentación de los controles de precios y de la imposición de porcentajes o cuotas de producción de productos regulados sobre las empresas multi-productos. Recientemente, el Ejecutivo Nacional, a través de declaraciones emitidas por el ministro Félix Osorio asoma la posibilidad de acciones en contra de los comercializadores informales que tranzan bienes sujetos a controles de precios a valores fuera de la regulación. Sin embargo, tal pretensión ya fue incluida en la reforma de la Ley del Indepabis y si sus resultados son nulos es porque no constituye una amenaza creíble ante un sector comercializador informal atomizado que pondera una eventual detección y sanción con probabilidades muy escasas. Actuando en términos esperados, le resulta, a los comercializadores informales, rentable distraer productos regulados de la red de comercialización formal, transándolos en redes informales con márgenes de rentas de escasez.

La solución no es normar sobre los efectos sino identificar cuáles son las causas de la poca oferta de bienes y servicios y el porqué de la merma de la producción efectiva en Venezuela desde hace ya algún tiempo a lo largo de numerosos rubros. El derecho al acceso a bienes y servicios pasa por aumentar la oferta y no necesariamente por controlar los precios, de hecho un control de precios podría exacerbar la falta de acceso, toda vez que incrementará el gap entre la demanda y la oferta, primero por falta de señales positivas a favor de la oferta y luego por incremento de la demanda.

Regulaciones y controles de precios en situaciones de brechas significativas entre la demanda y la oferta alejan a la sociedad de concretar su máximo bienestar social potencial. La regulación y el control de precios no garantizan que aquellos individuos con mayores disponibilidades de pago y preferencias por los bienes y servicios en cuestión sean los que finalmente los adquieran. Esto por un lado reduce el bienestar social potencial en la medida que deje de concretarse excedente del consumidor y luego se crean incentivos para arbitrar en mercados informales, extendiendo la cadena de comercialización sucesivamente, de forma costosa e ineficiente.

En países en desarrollo, los controles de precios atentan al bienestar social básicamente por dos razones, primero, por los efectos perniciosos de la inflación y los rezagos en los ajustes de los precios administrados como se planteara a lo largo del artículo. Y segundo, porque se ha identificado que el regulador, el poder Ejecutivo en el caso que sea el que impone el control de precios, suele ser de corte populista, buscando maximizar su interés de corto plazo –electoral-, transfiriendo rentas en el corto plazo y perfeccionando entramados regulatorios y de controles de precios de insostenibilidad de la actividad económica o que constituyen señales inequívocas de país hostil a la actividad económica-productiva privada.

Adicionalmente, los reguladores suelen ser imperfectos al enfrentar problemas de información incompleta, que hacen al diseño de la regulación y a la estimación de precios regulados un problema de selección adversa e incluso de riesgo moral si se pretende garantizar el despliegue de esfuerzos que impliquen reducciones en los costos en el tiempo. Esta caracterización aunada a los efectos perniciosos de la inflación, los rezagos en los ajustes de precios y las decisiones populistas, exacerban los conocidos efectos Ratchet, para anticiparse a la extracción de rentas, incluso destrucción de utilidades por parte del regulador.

Master en Economía Industrial. Master en Competencia y Regulación de Mercados. Profesor universitario en Regulación Económica y Regulación Antimonopolio.