Una nueva avalancha de mecanismos regulatorios se espera para los próximos días. En medio de la hiperinflación por la que atraviesa la economía del país, que acumula un incremento 2.674,1% en lo que va de año, el gobierno de Nicolás Maduro instruyó a la Vicepresidencia del Área Económica a publicar permanentemente la lista de precios acordados de los productos básicos que consume la población venezolana.
En momentos de gran presión política interna y externa, los precios habían sido aparentemente liberados bajo cuerda y, en los últimos meses, se habían desmontado parcialmente los controles. En consecuencia, y sin anuncio oficial por parte del Ejecutivo nacional, el costo de los productos y servicios ha experimentado un alza significativa con respecto al poder adquisitivo actual de los venezolanos.
El incremento ha sido tal, que la inflación en agosto alcanzó su punto más alto en siete meses, pese a las medidas «antiinflacionarias» que se han aplicado a través del Banco Central de Venezuela (BCV), con las cuales también se pretendía frenar el tipo de cambio, el mismo que supera hoy los 20.000 bolívares por dólar en medio de una fuerte iliquidez y restricción crediticia.
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«Señor vicepresidente, lo encargo para que establezca de manera permanente, con información al pueblo, el sistema de precios acordados y justos actualizado, es una orden de pleno cumplimiento y de protección al pueblo», expresó el gobernante Nicolás Maduro durante una inspección a la fábrica de Pasta Capri ubicada en el estado Miranda.
El gobernante argumentó que, mediante el acuerdo de los precios, se alcanzó un equilibrio entre el costo de los productos de consumo básico y la capacidad adquisitiva de los venezolanos, pero que el «alza descontrolada de los precios debido a la especulación y la falta de contraloría perjudicó el equilibrio alcanzado».
Sector privado: los culpables
A juicio del economista Jesús Casique, los controles de precios son totalmente inviables en hiperinflación y aumentan el riesgo de desabastecimiento de los productos que demanda la población nacional.
En ese sentido, Casique sostuvo que fiscalizar, supervisar o atacar al sector privado perjudica a las empresas, provoca cierres de santamarías y los consumidores sufren las consecuencias, producto de la escasez.
El gobierno siempre busca culpales; en este caso, es el sector privado, en lugar de reconocer los errores que vienen cometiendo desde 1999.
Jesús Casique, economista.
El experto en el ámbito financiero recordó que, en 2016, la recién instalada Asamblea Nacional (AN) rechazó el Decreto de Emergencia Económica propuesto por el Ejecutivo, el mismo que posteriormente fue aprobado por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Desde entonces, hasta la fecha, el país lleva a cuestas 21 prórrogas de dicho decreto, pese a que el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece solo una.
El salario mínimo del venezolano solo alcanza para adquirir el 2% de la canasta alimentaria
No obstante, tras 21 prórrogas del decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, el Gobierno no ha logrado enmendar los grandes desequilibrios económicos que hoy en día se traducen en la mayor caída del consumo vista en la historia del país, el salario más bajo y la inflación más alta de la región.
Consecomercio también encendió las alarmas ante la inminente escasez que, aseguran, acarrea la política de controles. El presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Felipe Capozzolo, advirtió que un nuevo control de precios generará desabastecimiento.
Es una medida que no va contribuir a que el ciudadano tenga potenciado su poder de elegir el producto donde, cuando y bajo la presentación que quiera comprarlo, dijo Capozzolo en entrevista para Unión Radio.
En ese sentido, el representante del gremio comercial hizo un llamado a las autoridades que decidirán en esta materia a que “desistan de cualquier intención de regular precios porque no va a contribuir a resolver la situación tan delicada en materia de abastecimiento que estamos viviendo en este momento en Venezuela”.
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Durante las últimas semanas, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) ha vuelto a imponer regulaciones en distintos subsectores privados, en un contexto en el que la crisis económica se ha agravado al punto en el que presenta la contracción más grave que se haya visto en la historia del país, pues acumula una caída de 42,6% solo en lo que va de año y de más de 52% en los últimos cinco años.
A la caída de la economía se suma la desconfianza en la moneda local, que ha hecho que los consumidores hayan desplazado casi totalmente al bolívar en la búsqueda de protección de sus ingresos ante los desequilibrios económicos, cambiándolos a moneda dura.
Mientras tanto, Maduro ha ratificado que, en la medida en que se avanza en el equilibrio de la producción, el costo de los productos y el poder de adquisición de la población, el Gobierno brindará protección social mediante el Carnet de la Patria y el Sistema de Misiones y grandes misiones.
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Así lo hizo el pasado viernes, cuando inició la entrega de un Bono Especial Complementario de 250.000 bolívares a través del Carnet de la Patria, el cual equivale a 12 dólares según el tipo de cambio oficial y que son insuficientes para adquirir el 20% de la canasta alimentaria, dada la alta volatilidad de los precios como consecuencia del alza en la tasa cambiaria.
