Contracorriente Socialista en la Economía

Aunque el socialismo no es una alternativa valida para una mejor calidad de vida, su sustento ideológico, el marxismo, aún sobrevive en ciertos círculos políticos e intelectuales latinoamericanos, constituyéndose en el subyacente ideológico del neonacionalismo económico y de esotéricas propuestas de regímenes autogestionarios,
cooperativistas aupados como «soluciones» anticapitalistas, pero que en la forma el
hecho restringen severamente valores individuales. Sin capitalismo no hay propiedad
privada; sin esta no hay mercado y sin mercado no hay crecimiento económico
sustentable ni democracia representativa que sirva de «piso» institucional a la
distribución (mercado) y redistribución (estado) para la resolución de los problemas
económicos y sociales de este país.

Esas propuestas se basan en la propiedad estatal, creando un marco discrecional de
intervención del Estado que eleva los costos de transacción limitando con ello el
desarrollo socioeconómico e institucional, y reproduciendo los mecanismos de
propagación de pobreza, al hacer al individuo dependiente de la acción económica del
Estado.

Un entorno ideológico por esas líneas, ambiguo y confuso en ocasiones, amalgama la
base ideológica del árbol de las «tres raíces» principales y secundarias, que nutren el
«proceso» y la «revolución» venezolana de estos tiempos. Las raíces «secundarias»,
entro otras fuentes, derivan del marxismo preñan las «raíces primarias», estas
supuestamente constituidas por el ideario de Rodríguez, (%=Link(«http://analitica.com/bitblioteca/bolivar/default.asp»,»Bolívar»)%) y (%=Link(«http://analitica.com/bitblioteca/ezequiel_zamora/default.asp»,»Zamora»)%), quienes
ciertamente en materia económica, no dejaron legado alguno. Quizás por ello la nueva
constitución contenga más del marxismo tradicional y barroco latinoamericano que
inspiración bolivariana.

El terremoto institucional que ocasiono la nueva constitucional y el régimen legal que
emerge han afectado negativamente la economía, dada la expectativa de incertidumbre
que siempre acompaña al Estado intervencionista, empresario y regulador de mercados,
reproductor de economías ineficientes, administraciones corruptas y fiscalmente
irresponsable; esa es la historia del capitalismo de estado o colectivismo socialista, lo
que para sus efectos, es lo mismo. Su reflejo político se aprecia en la cruda politización
de la gestión publica y en la institucionalización del poder discrecional del gobierno para
decidir sobre asignación de recursos y precios. Las instituciones del Estado sucumben
ante el intervencionismo del gobierno. En lo fundamental se aprecia en la propuesta Ley
del Banco Central de Venezuela (%=Link(«http://www.bcv.org.ve/»,»(BCV)»)%) presentada ante el Asamblea Nacional la semana pasada
y que relega al gobierno la gestión económica del BCV en materia de ganancias que este
obtiene por devaluación de la moneda, por ejemplo, y en la perdida de autonomía
funcional al asumir como suyo las metas macroeconómicas, lo cual sabemos, es la
subordinación a las finanzas publicas.

En la calle su contracara lo constituye el uso de la lucha de clases, de pobres contra
ricos, como catalizador de la gestión de gobierno, lo cual crea incentivos perversos a la
naturaleza del hombre, inhibiendo la actividad empresarial y deprimiendo la inversión
privada. Todo ello en un marco restrictivo de libertad económica, y de mediatización del
arbitraje del mercado anulando las sus reglas de juego que exige la actividad económica.

La incertidumbre que se vive y aprecia en el elevado riesgo país explica claramente el
poco crecimiento y el deterioro del ingreso habido durante este boom petrolero, donde
desafortunadamente el crecimiento económico se rezaga del abundante flujo fiscal de
origen petrolero.

El proyecto de educación – y el de salud- esta dirigido a su socialización, a su total
estatización, por razones ideológicas violando reglas económicas, morales y familiares
elementales. La batalla política que espera la discusión publica de ese proyecto de
educación se constituirá en un reactor negativo a la inversión privada, de la gente que
considera que la educación es más una materia de la familia que del Estado, ello por
supuesto no niega la acción del Estado en la educación sobre todo en cuanto a la creación
de los incentivos a la calidad y en el reacomodo del gasto educativo para asegurar que
los fondos lleguen a la educación básica, dejando al ciudadano contribuyente la
profesionalización e inversión en educación superior.

La estrategia petrolera parte de la misma premisa. Al contraer la producción para lograr
altos precios, todo el producto petrolero; es decir, la renta que se crea, fluye al fisco,
generando economías negativas al deprimir actividades conexas al petróleo con perdida
de su PIB y puestos de empleo en aquellas vastas áreas de explotación, refinación y
distribución del producto petrolero. Igual ocurre con la construcción de viviendas
–sector mayor empleador de la economía nacional – donde la intervención del gobierno
para la fijación de precios y ganancias deprimió la construcción de viviendas, siendo
causante directo del escaso numero de viviendas construidas con fondos públicos, para
lo cual se disponía más de un billón de bolívares para construir 99 mil viviendas durante
el 2000, colapsando a unas 13 mil construidas. La construcción de viviendas con fondos
privados se vio limitada severamente por factores institucionales, entre ellos, el retardo
en la aprobación de las normas de la Ley de Política Habitacional y la incertidumbre
generada por (%=Link(«http://www.mf.gov.ve/ «,»Ministerio de Finanzas»)%) en cuanto a la implementación del mercado
secundario de hipotecas. Como se puede apreciar sin dificultad, la depresión del sector
construcción entre 1999 y el 2000 se produjo por la fuerte intervención del gobierno,
que además de sobreregular el sector, se transformo en constructor fracasado.

El efecto final de todo esta manera de dirigir el Estadio es desinversión y
descapitalización, y explica la afluente salida de capitales ocurrida entre 1999 y 2000, la
destrucción de empleos formales, el crecimiento de la informalidad hasta copar cerca del
56% de la fuerza de trabajo activa y el deterioro del capital humano.

Para evitar que estas perversiones recurran en el mediano plazo, el gobierno esta
obligado a una corrección de 180 grados en su estrategia económica y legislativa,
aceptando el mercado como principal agente distributivo y relegando al Estado a la
acción redistributiva que no comprometa el crecimiento económico.

Economista. E mail:(%=Link(«mailto: [email protected] «,» [email protected] «)%)