Consecomercio rechaza que el gobierno sea único distribuidor de alimentos regulados
«El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) rechaza en nombre de sus afiliados y del sector terciario formal la pretensión gubernamental de centralizar la distribución de los pocos alimentos que se pueden producir o procesar en el país».
Así lo informó el gremio comercial en una nota de prensa enviada a nuestra redacción.
Para el máximo organismo gremial de los comerciantes y expendedores de servicios, es evidente que la medida sólo responde a fines políticos y no sociales.
Explicó el comunicado que «sin logística ni organización gerencial capaz de administrar dicha poca disponibilidad de alimentos con un mínimo de eficiencia, dicha canalización no impedirá que el sistema termine convirtiéndose en un empeoramiento de la escasez, y en un afianzamiento de la corrupción».
El empeoramiento estará dado por una canalización y entrega de los productos de manera discrecional, a capricho de los funcionarios. Y, desde luego, por una ampliación del mercado negro y del llamado “bachaqueo”. Todo en el medio de una mínima oferta de alimentos que administrarán los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), y de unas supuestas Comunas influidas o conducidas por los llamados “colectivos”.
Expresó el comunicado que el Gobierno que hoy pretende concentrar la distribución de alimentos en todo el país, «es el mismo que viene de fracasar con el manejo de sus redes Mercal, Pdval y Biicentenario. Indistintamente de que para ocultarlo, ahora quiera convencer a los consumidores de que todo lo harán las juntas comunales y las comunas».
Explicó Consecomercio que «históricamente, los consumidores venezolanos nunca tuvieron dificultades para hacer las compras de alimentos en el comercio formal. Y los problemas para hacerlo comenzaron cuando se expropiaron los terrenos productivos, las industrias procesadoras, y se impusieron los controles de cambio y de precios para debilitar a la empresa privada del país».
La consecuencia de ese erróneo procedimiento ha sido la escasez y el desestímulo a la inversión privada. Además, 30 millones de consumidores en la calle que no saben en dónde comprar, cuándo hacerlo, ni a qué precio, en vista de que la inflación ha sido institucionalizada en el país por el Poder Ejecutivo y el Banco Central de Venezuela, para mantener el funcionamiento de un macroestado manirroto, derrochador e inauditable.
Consecomercio fustigó la medida oficial al asegurar que «la pretensión centralizadora gubernamental de la distribución de alimentos es nociva y discrecional».
También deploró que ante la exigencia de los consumidores de que se les permita satisfacer su necesidad alimenticia, como lo consagra la vigente Constitución del país, «la respuesta gubernamental sea, antes que una solución, la de la agresión y la represión».
