¿Cómo afecta a Venezuela la implementación de las sanciones?

Con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre la dirigente opositora María Corina Machado, quien fue inhabilitada con el objetivo de que no se presente en los comicios presidenciales de este 2024, las reacciones internacionales se hicieron sentir.

Entre los múltiples rechazos que claman que la medida solo refuerza que el país está bajo un régimen autoritario y que viola los derechos de sus dirigentes, fue la manifestación de Estados Unidos la que más se hizo sentir.

Desde el Departamento de Estado, Matthew Miller, manifestó que la medida de la administración de Maduro viola los lineamientos de los acuerdos que la oposición y el chavismo establecieron en Barbados, y que de no dar marcha atrás tomarían acciones al respecto, advirtiendo que las mismas estarían vinculadas a las sanciones.

El pasado lunes 30 de enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. informó por medio de un comunicado que las empresas estadounidenses que mantuvieran negocios con Minerven, estatal del rubro de la minería y metales, tenían hasta el 13 de febrero para «cerrar transacciones» con la misma.

El martes 31, Miller reiteró que tras el silencio del Gobierno venezolano, «Estados Unidos no renovará la licencia (sobre las sanciones del sector petrolero venezolano) cuando expire el 18 de abril». La postura significaría un revés en los avances de las relaciones diplomáticas de ambas naciones.

¿Hacia una nueva crisis económica?

Ante la advertencia de Estados Unidos, algunos sectores han expuesto sus preocupaciones frente la posible decisión, dejando en evidencia su temor porque la sanción se traduzca en un retroceso económico y el país se encamine a una nueva crisis.

El economista Francisco Monaldi señaló que si bien el país se verá afectado, recordó que lo que está en juego es la Licencia General 44, la cual alivia las sanciones al sector energético de Venezuela; mientras que otras licencias como la de Chevron y Repsol no han sido mencionadas.

«Supongamos que no se renueva la licencia general, pero se dejan las otras. Ahí el impacto solo sería que teóricamente solo Chevron podría seguir exportando crudo de Venezuela a Estados Unidos como estuvo haciendo hasta antes de aprobarse la licencia general (en abril de 2023). Chevron estaba exportando alrededor de 150 mil barriles antes, y después de la licencia no ha habido exportaciones mayores al de esta empresa; de manera que, contrario a lo que se esperaba que era que habría más flujo con la licencia general, pareciera que no», dijo en entrevista a Analítica.

El director del Latin American Energy Program resaltó que la posible medida de Estados Unidos no tendría un impacto masivo en las «exportaciones de crudo a Estados Unidos, mientras se mantuviera la licencia de Chevron».

No obstante, resaltó que «de cancelarse la licencia de Chevron, sí estaríamos hablando de unos 150 mil barriles que van de Venezuela a Estados Unidos que no podrían seguirse exportando«.

«Eso afectaría a Chevron porque no se podría seguir cobrando su deuda, y afectaría a otros refinadores que están comprando el crudo a Chevron», señaló, al tiempo que destacó que Venezuela es realmente el principal afectado, pues dicha empresa logró manejar sus refinerías de manera rentable sin el suministro venezolano.

Igualmente, el especialista resaltó que no se prevé que en corto plazo haya una caída de la producción con el cese de la licencia general 44, por lo que «tampoco esto impactaría el precio del petróleo mundialmente de manera significativa». No obstante, aclaró que sí se «podría generar expectativas en el mercado de que ya Venezuela no va a subir producción y eso afectará de alguna manera».

Recalcó que es gracias a la inversión de Chevron que la producción petrolera venezolana ha aumentado.

«Si se suspenden las otras licencias, sí estaríamos en presencia de que Venezuela empiece a declinar. Tendríamos estabilidad este año y luego empieza la caída».

Sobre esto estuvo de acuerdo José Toro Hardy. El economista dijo a Analítica que eso obligaría a la administración de Maduro a volver a vender petróleo con limitaciones geográficas, con Asia como principal cliente.

“Al tener el gobierno menos ingresos, podría acelerarse la devaluación de bolívar, alimentando la inflación y caeríamos en un círculo vicioso que acabaría con las expectativas de mejora económica”, señaló.

¿Cómo afectaría a la población?

Por su parte, el economista Pedro Palma explicó que el restablecimiento de las sanciones significa que PDVSA tendría que recurrir nuevamente a vender petróleo a China y países aliados a la administración de Maduro con descuentos importantes y que afectan a la economía.

Esto, a su juicio, se traduce en que la expectativa de crecimiento económico que se espera del 2024 «sería menor al que se daría en caso de que se mantengan la flexibilización a lo largo del año«.

«Eso afectaría a toda la economía, pero particularmente afectaría a la empresa privada que se ve muy limitada. Los venezolanos seríamos los más afectados nuevamente», comentó a Analítica.

Reiteró que si bien la administración de Maduro también recibiría un fuerte impacto, «el gobierno ya tiene experiencia sobrada en cómo sobrevivir a las sanciones».

«Se ha demostrado por décadas que estas no tumban gobiernos sino que le dan una oportunidad nuevamente de decir que todas las situaciones negativas que se viven y se seguirán viviendo en puerta de una elección se deben a las sanciones y no son consecuencias de las pésimas políticas públicas a lo largo del socialismo del S.XXI», agregó.

Continuó: «Todo eso se debió a las políticas públicas. Las sanciones institucionales se comenzaron a aplicar en 2017, cuando se prohibió la comercialización de bonos de PDVSA en los mercados norteamericanos y después se sancionó al Banco Central de Venezuela y al Banco de Venezuela; y después en 2019 vinieron las sanciones institucionales, las cuales llegaron a PDVSA y el cierre al acceso al mercado en Estados Unidos. Pero la debacle vino muchos antes».

Aseguró que aunque se agravaron los problemas, las mismas no fueron las causas principales.

Monaldi añadió que no cree que esto reviva una crisis como la de 2017 y la de 2020, solo que el crecimiento económico del país sería más bajo al que se estima con la licencia general 44. «La economía va a seguir en un equilibrio malo, pero no tan malo como la que teníamos con la política de máxima presión en los años 2019 y 2020, sino más parecido al 2022 y 2023«.

Mientras, Toro Hardy acusó a la administración de Maduro de incumplir con los acuerdos que podrían llevar a la reimplementación de las sanciones, un hecho cuyo impacto tendría una incidencia directa en los ciudadanos.

“La población debería estar preocupada porque eso debería conducir a un repunte de la devaluación y de la inflación”, advirtió.