Clínicas, colegios y estacionamientos arrasados por ola de sanciones de la Sundde
Una nueva ola de sanciones compromete la sostenibilidad de diversos subsectores del ámbito privado. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), basada en la Ley de Precios Justos, ha vuelto a imponer medidas contra instituciones educativas, clínicas y estacionamientos, luego de una aparente flexibilización de precios.
Por los presuntos delitos de especulación y cobros en divisas, un total de 95 clínicas privadas fueron sancionadas por la Sundde con multas de entre 20% y 40%, tras recibir denuncias de la ciudadanía a través de diversos canales de comunicación.
En concreto, 89 clínicas fueron penalizadas con una sanción económica de 20% de sus ingresos anuales estimados al cierre del último ejercicio fiscal, mientras que otros seis centros asistenciales privados: la Clínica Sanatrix, la Clínica Ávila, la Policlínica Metropolitana, el Hospital de Clínicas Caracas, el Centro Médico Docente La Trinidad y la Clínica Santiago de León, fueron castigados con multas de 40% porque ya tenían abierto un procedimiento sancionatorio, por lo que el porcentaje de la sanción es mayor, según indica un comunicado de prensa de la institución pública.
«Con acciones como estas el Gobierno Nacional garantiza la salud como derecho fundamental, la prestación de los servicios a precios justos y sin condicionamiento», indica la nota de la Sundde.
Al respecto, Andrés Korchoff, vicepresidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, afirmó que el cobro y pago de consultas está ubicado dentro del campo del libre ejercicio profesional y que «se trata de una competencia personalísima entre el profesional de la salud y su paciente».
En ese sentido, el representante del sector aseguró que nunca las instituciones de salud se han involucrado con los aspectos personales de los médicos que trabajan en ellas, pues dicha relación está sujeta a las leyes y reglamentos vigentes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Sin competencia en colegios
Los centros educativos también han sido blanco de las políticas de control de precios impuestas por los entes gubernamentales. En julio, un total de 189 colegios privados en todo el país fueron objeto de una medida preventiva por parte de la Sundde que ordena congelar los precios de las matrículas hasta tanto sea evaluada y aprobada por el organismo estatal la respectiva estructura de costos.
Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep), manifestó que “el único ente encargado de ejercer control sobre las cuotas de escolaridad y el precio de la inscripción en los colegios privados es el Ministerio de Educación (ME), según lo establecido en la Ley Orgánica de Educación (LOE)”.
Lea también: ME debe supervisar precios de matrículas escolares, no la Sundde, alertó Andiep
A su juicio, «el ente regulador se está metiendo en donde no tiene que hacerlo», por lo que hizo un llamado al ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Isturiz, a que asuma la responsabilidad que tiene ante la LOE y ante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Según el representante de este sector, la ejecución de estas medidas causa «intranquilidad» en lo que respecta a todo el personal docente, administrativo y obrero que labora en las instituciones educativas, pues los incrementos de los montos corresponden tanto al mantenimiento de los planteles como al pago de los salarios.
Estacionamientos en riesgo
La crisis económica también ha impactado de forma negativa en los garajes y estacionamientos, que han tenido que aumentar considerablemente sus tarifas debido al alto costo de los insumos necesarios para mantener en funcionamiento estos establecimientos.
Hasta la semana pasada, la tarifa plana por un estacionamiento oscilaba entre 8.000 y 15.000 bolívares, dependiendo de la zona en la que estuviera ubicado.
Pero la Sundde intervino, y desde el pasado 9 de agosto, los estacionamientos se vieron obligados a disminuir sus tarifas a un monto que no corresponde con la realidad económica del sector ni está acorde con su estructura de costos.
Estacionamientos como el del Centro Comercial San Ignacio, en Caracas, han vuelto a fijar un monto por hora de 900 bolívares, lo que equivale a apenas 7 centavos de dólar que, tal como indican en su comunicado, «no cubren los gastos del estacionamiento ni permite brindar el servicio que los usuarios reclaman».
Lea también: Anpage rechaza regulación de tarifas impuestas por la Sundde
Otter Jeristón, tesorero de Anpage, alertó a través de un comunicado sobre el riesgo inminente de pérdida de empleos y la desmejora en la calidad del servicio del sector.
El representante de gremio señaló que los estacionamientos no escapan de la grave crisis económica por la que atraviesa el país, y que deben hacer frente a grandes dificultades para la adquisición de insumos como bombillos, tickets, repuestos para los equipos, pintura, entre otros, cuyo precio se fija en divisas o su equivalente en bolívares.
En momentos de gran presión política interna y externa, los precios fueron aparentemente liberados bajo cuerda y, en los últimos meses, se habían desmontado parcialmente los controles. En consecuencia, y sin anuncio oficial por parte del Ejecutivo nacional, el costo de los productos y servicios ha sufrido un alza significativa con respecto al poder adquisitivo actual de los venezolanos.
Sin embargo, la Sundde ha vuelto a imponer regulaciones en un contexto en el que la crisis económica se ha agravado al punto en el que presenta la contracción más grave que se haya visto en la historia del país, pues acumula una caída de 35% solo en lo que va de año y de más de 52% en los últimos cinco años.
A la caída de la economía se suma la desconfianza en la moneda local, que ha desplazado casi totalmente al bolívar pues los ciudadanos buscan protegerse ante los desequilibrios económicos cambiando sus ingresos en moneda dura, como una forma de hacerle frente al fenómeno hiperinflacionario.
A juicio de los representantes de los diferentes sectores, las medidas sancionatorias, lejos de garantizar la prestación de servicios a la población, comprometen el buen funcionamiento de los mismos y aumentan el riesgo de pérdida de capital humano calificado.
