El presidente Hugo Chávez fue hábil con la palabra, y con los fondos del Estado venezolano que utilizó para promover su movimiento socialista en la región. Mientras generaba fervor en las masas, lavaba su imagen en el seno del «imperialismo».
Durante los catorce años que gobernó Venezuela, Chávez gastó 10.682.137,68 dólares en realizar actividades de cabildeo o lobby en Washington para promover su mensaje político, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Oficialmente, existen 15 empresas registradas en esta entidad que actúan en nombre de Venezuela: siete se encargan de relaciones públicas y distribución de material POP (5.980.304,14), tres realizan cabildeo (3.030.582,86), dos son consultores de política estadounidense (1.108.621,64), y tres son afines a Petróleos de Venezuela, Pdvsa (562.632,07).
Cuando Chávez llegó a la presidencia, Bill Clinton ocupaba la Casa Blanca. En esa época, Venezuela gastó 1.888.236,39 dólares en promocionar al Gobierno chavista, consolidando su mensaje y proyecto político.
En el periodo de mayor beligerancia entre Caracas y Washington, en la presidencia de George W. Bush (2001-2008), se invirtieron $7.862.679,74. En ese mismo tiempo, Chávez enfrentó mayor resistencia interna: un golpe de Estado, paro nacional y un referendo revocatorio.
En 2008 rompe relaciones bilaterales, y EEUU cambia de mando con Barack Obama en enero de 2009. El lobby disminuyó sustancialmente: de 2009 al primer semestre de 2013 se gastaron $931.221,65 para el mismo fin (ver infografía).
Apoyando causas extranjeras
Pdvsa, principal fuente de ingresos del país, pagó 5,2% de los fondos de cabildeo.
Sin embargo, a través de su filial Citgo Petroleum se inyectaron 5.183.993 dólares (1999- 2014) fundamentalmente en temas de hidrocarburos. Desde 2011 han empleado dinero venezolano a favor de Irán, Norcorea y Siria, según OpenSecrets.org, un Centro de Responsabilidad Política de EEUU.
La filial venezolana ha hecho lobby en las principales instituciones estadounidenses -el Departamento de Justicia, el Congreso, la Casa Blanca, el Departamento de Energía, la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Servicios Humanos y Sanitarios- para disminuir la percepción negativa sobre Teherán, Pyongyang y Damasco.
Bajo la presidencia de Nicolás Maduro -en el primer semestre de 2014- Citgo ha invertido $650.000 en cabildeo, cifra más alta registrada en los últimos 16 años -108.000 dólares por mes, en promedio- de acuerdo al portal (ver infografía).
Aunque el Centro de Responsabilidad Pública no detalla los fondos utilizados para cada acción de cabildeo de Pdvsa, sí especifica el caso y su objetivo.
Este año, Pdvsa hizo lobby por una ley de Prevención nuclear de Irán, texto H.R. 850. En 2013, lo hizo por la Responsabilidad de no proliferación de Irán, Norcorea y Siria, texto H.R. 893. El interés era «monitorear el impacto de las sanciones contra Irán y la legislación relacionada a la acción antimonopolio contra la OPEP», dice.
En 2012 y 2011, Venezuela apoyó una ley de Consolidación de Sanciones a Irán, Norcorea y Siria, texto S. 2101; una ley de Reducción de la Amenaza de Irán y Siria sobre la Ley de Derechos Humanos, texto H.R. 1905; y una ley de Consolidación de las Sanciones hacia Irán, Norcorea y Siria, texto S. 1048.
Con ellos, buscaban determinar «el impacto de las sanciones sobre la legislación de Irán y en relación con la acción antimonopolio contra la OPEP, incluyendo la producción no petrolera en Irán y Corea del Norte, y la Ley de Consolidación de Sanciones a Siria de 2011».
Caso Posada Carriles
El Estado venezolano también utilizó fondos para pedir la extradición de Luis Posada Carriles. Para ello contrató a la firma Pertierra y Toro PC desde el 13 de febrero de 2006.
El Gobierno de Venezuela le pagó en los últimos siete años al abogado cubano José Pertierra 525.618,75 dólares a fin de hacer relaciones públicas ante congresistas estadounidenses, diera ruedas de prensa y asesorará a venezolanos en el tema migratorio y de extradición.
Pertierra niega haber hecho lobby o relaciones públicas como consta en los documentos del Departamento de Justicia, pero reconoce haberse inscrito en dicha institución para representar legalmente a Venezuela en el caso de Posada Carriles.
Para este trabajo se intentó hablar con representantes de Caracas en Washington, pero no hubo respuesta.
