Cámara Inmobiliaria: Gobierno viola derecho de propiedad en Club Caraballeda
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela exhorta a los ciudadanos a defender los valores y principios del Estado de derecho, la propiedad privada, el deporte, el trabajo y el desarrollo sostenible.
Estos están amenazados una vez más en Venezuela por la toma de los terrenos del Caraballeda Golf &Yatch Club, que por décadas ha sido el lugar de trabajo de decenas habitantes de Vargas, así como un promotor del turismo y de beneficios para la comunidad.
El miércoles 14 de febrero de 2018 el ciudadano gobernador del estado Vargas, Jorge García Carneiro, anunció que se había decretado “de utilidad pública un espacio de 52 685 M2 en los campos de golf de Caraballeda para dar paso a la construcción de la ciudad educativa José María España y beneficiar a más de 5000 niños”.
Los directivos del club han denunciado que este acto viola su derecho de propiedad y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela se solidariza con ellos en la defensa ese principio constitucional que debe ser preservado por el bien de todos los ciudadanos.
El Caraballeda Golf &Yatch Club mantiene decenas de empleos directos e indirectos que no podrán ser reemplazados. Por otra parte, el golf es un deporte que en 2016 volvió a estar presente en los Juegos Olímpicos y Venezuela históricamente ha fomentado todas las disciplinas deportivas, el derecho al deporte está inclusive en la Constitución (artículo 111).
Por si todo esto fuera poco, hay que recordar que la terrible crisis económica y humanitaria que padece Venezuela ha sido causada por las políticas erradas del gobierno en contra la propiedad privada, las cuales ahuyentan las inversiones que podrían generar nuevas fuentes de trabajo y de ingresos para la nación.
Las autoridades regionales deben reconsiderar esta toma violatoria de derechos constitucionales si tienen entre sus aspiraciones el desarrollo sostenible de Vargas.
Además, los terrenos que se usaron para estos emblemáticos campos de golf tienen unas características geológicas que complican y elevan los costos de cualquier otro tipo de construcción. Estas parcelas formaron parte de un plan de desarrollo local debidamente estudiado y autorizado.
En nuestro país vemos que la ciudadanía corre desesperada a otras naciones buscando condiciones mínimas de subsistencia. Si queremos empezar a revertir la anomia, el caos y la desesperanza, tenemos que respetar el Estado de derecho y construir juntos un país de prosperidad, trabajo y desarrollo sostenible.
