BCV, la Inflación y la Ley de Costos y Precios Justos
En el preciso consejo de ministros cuando se aprobó y refrendó la Ley de Costos y Precios Justos se transfirieron 1.500 millones de dólares de las reservas internacionales al FONDEN y se cancelaron 109 millones de bolívares por ganancias cambiarias del BCV al Tesoro Nacional. Adicionalmente, el ente emisor ha realizado préstamos a entes públicos que terminan significando emisión de dinero inorgánico. Ante estos graves episodios, podríamos afirmar que las declaraciones del presidente del BCV sobre la supuesta pertinencia de la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos, constituye un claro ejemplo de captura del ente emisor por parte del Ejecutivo Nacional y la pérdida de su autonomía –para no asomar la posibilidad de desconocimiento económico por parte de quienes están administrando responsabilidades de orden público que requieren conocimiento técnico y académico-.
Sin embargo, el BCV ha sugerido aplicar la Ley a 50 productos por considerarlos “los ítems más dinámicos de la inflación” (El Mundo, 22-12-2011). De nuevo, se norma y se instrumenta sobre los efectos y no sobre las causas. Sin embargo, más adelante en las declaraciones del responsable del BCV se reconoce el desatino al asegurar que “la Ley es una herramienta, pero la inflación es un problema complicado” (El Universal, 26-12-2011).
Resulta falaz que el control de la inflación sea “decretable” –tal hipótesis resulta banal y sin microfundamentos-. La insistencia en este desatino de política pública y regulatoria, generará distorsiones como la escasez y el desabastecimiento de productos, por el simple hecho de perseguir un congelamiento momentáneo de los rubros que poseen mayor peso relativo y variabilidad sobre el índice o la cesta referencial para calcular la inflación. Esta miopía regulatoria y su interés estrictamente electoral, generará distorsiones que si bien no se reflejarán necesariamente en la variación del índice ponderado de precios, implicará desabastecimiento, escasez y destrucción de eficiencia económica, de excedente del consumidor, de alternativas de productos y del bienestar social.
Más allá, mientras se congelen los precios creando pinzamientos de márgenes, generando reducción en la variedad y el abastecimiento de los productos regulados, continuarán las presiones inflacionarias sobre los productos no regulados, así como la formación de mercados paralelos y negros donde se arbitre entre precios y disponibilidades de pago –sobre aquellos productos regulados-. Paralelamente, el Ejecutivo Nacional continuará con su política de importaciones y desarrollo de una red oficial de distribución y comercialización de productos importados, profundizándose la destrucción del aparato productivo nacional y financiando la actividad privada capitalista en el extranjero. Por lo general, los controles de precios constituyen un problema político producto de querer dar solución política a un problema económico. Hay quienes reformulan la idea anterior afirmando que el problema de la inflación es un problema estrictamente político por constituir la ausencia de políticas de estabilización y de responsabilidad fiscal, condenando a la sociedad al más perverso de los impuestos, el inflacionario. En otras palabras, un divorcio entre del “deber ser” o lo normativo y lo que realmente termina articulándose por medio de una deficiente administración de las instituciones públicas y regulatorias.
Así las cosas, los controles de precios suelen venir acompañados de una política de racionamiento, dependiente del poder político de turno –Mercal, Pdval, etc.-. Una vez que se sabe sobre los efectos perniciosos de los controles de precios –desabastecimiento y escasez- se requiere intentar aminorar el impacto, estricta y exclusivamente negativo de los controles de precios, por medio de la administración gubernamental de entrega de alimentos.
En la medida que la política de control de precios –ergo la Ley de Costos y Precios Justos y su administración- destruya actividad económica nacional, no expanda la demanda al crear desabastecimiento y escasez; y no garantice la concreción de un mayor excedente del consumidor; se estará destruyendo valor y bienestar social. Una política de esta naturaleza y con estos resultados, no podría sino ser considerada un crimen a la sociedad y al país.
Economista. Master in Industrial Organization and Markets. Master en Regulación de Competencia y Regulación de Mercado. Profesor de Regulación Económica y Regulación de Competencia.
