AN condena «medidas intervencionistas arbitrarias» contra Polar, Coposa y Plumrose
Durante la sesión ordinaria de este martes, los parlamentarios condenaron las «medidas intervencionistas arbitrarias» y ocupaciones ilegales en contra de las empresas productoras de alimentos de Venezuela, como Polar, Coposa y Plumrose; ejecutadas esta semana por la administración de Nicolás Maduro, a las que calificaron como amenazas a la propiedad privada, pretensión de impedir la producción y garantizar seguridad alimentaria a sus ciudadanos, generando más hambre en el país.
El diputado Carlos Paparoni, al tomar su derecho de palabra, indicó que después del rotundo fracaso de la confiscación de las Empresas Kellogg´s y las recientes intervenciones de las empresas Polar, Coposa y Plumrose que fueron tomadas por la revolución, el entorno de Maduro «sigue apostando a la destrucción del aparato productivo, a la importación de alimentos y a la corrupción; por encima, de la producción nacional, la cual constituye la única solución para el hambre de los venezolanos».
Detalló que más de 6.700 fundos y empresas productivas venezolanas como: Agroisleña, Lácteos Los Andes, Hacienda Bolívar, fueron expropiados por el llamado «gobierno revolucionario», y actualmente producen por debajo del 0.3% de lo que producía cuando fueron confiscadas.
Recordó que desde el año 2016, la Asamblea Nacional viene denunciando la crisis del sector agrícola y defendido anualmente la producción nacional, y advirtió que hasta hace 15 días de comenzar el ciclo de siembra más importante del país, “hoy vemos como la falta de combustible repuestos e insumo agrícolas se intensifica, lo cual causa bajas en la producción de alimentos”.
Paparoni acusó a Nicolás Maduro de seguir llenándose los bolsillos de dinero proveniente de la corrupción, y apostar en el control absoluto social y económico.
Hambruna generalizada
La diputada Larissa González rechazó la expropiación, intervención y control de las Empresas Polar, Coposa y Plumrose; tomando en cuenta que la primera, aseguró, distribuye o comercializa 60% de los productos de primera necesidad de la canasta básica venezolana.
González exhortó el cese a las ocupaciones a las empresas productivas en el país, ya que «con estas acciones nada beneficia a la gravísima situación alimentaria que afrontan los venezolanos».
Alertó el incremento de los índices de desnutrición que afecta a niños y jóvenes en su desempeño escolar.
Rememoró que en el reciente informe de la Organización Naciones Unidas, señala a Venezuela entre los 10 países con el peor desempeño en materia alimentaria, como consecuencia, a «fórmulas retrogradas y obsoletas que el régimen se ha empeñado en mantener durante los últimos 20 años en detrimento de millones de venezolanos que padecen una situación de inseguridad alimentaria y hambruna generalizada insoportable que detonaría en una explosión social».
Mercado negro
Prosiguió el parlamentario José Simón Calzadilla, quien afirmó que las intervenciones y controles aplicados por Nicolás Maduro empeoran la situación alimentaria argumentando que «el régimen» utiliza estas maniobras para evadir responsabilidades y aparentar que tiene el control cuando existe un evidente desabastecimiento de alimentos, sumado a que podrá incrementarse la escasez de los 27 productos regulados.
Rechazó que se autorice poner el precio de los productos básicos al precio nominal del dólar, según la tasa oficial del BCV, lo cual, a su criterio, provocará más escasez y hambre, “porque los comerciantes no tienen acceso al dólar preferencial, y deben optar por comprar insumos y productos a precio de dólar paralelo”.
Culpó a Nicolás Maduro de tener el control del monopolio de la gasolina, que está siendo manejada por organismos de seguridad del Estado y aun así, Calzadilla afirmó que Maduro: “no ha podido evitar el surgimiento del mercado negro del combustible que tiene un precio de hasta 2 dólares por litro, siendo la más costosa del mundo”.
Salarios de hambre
La diputada Mauligmer Baloa rechazó el reciente aumento del sueldo integral de 800.000 bolívares que no alcanza para adquirir la canasta básica alimentaria, menos el combo de CLAP que tiene un precio de 1.000.000 de bolívares en el estado Amazonas.
