Alternativa para una nueva política comercial
No hay duda de que las medidas de protección temporal a la industria nacional, anunciadas recientemente por el gobierno venezolano, como parte de su nueva política económica, producirán un repunte de las actividades económicas del país a partir de los próximos meses. Con ello mejorarán, pari passu, las variables macroeconómicas, especialmente las que se relacionan con el crecimiento del producto (PIB) y el empleo en el sector formal de la economía. No obstante, esa nueva época de «bonanza» estará condenada a ser tan efímera como improvisada ha sido su concepción y como lo promete ser su próxima instrumentación.
La afirmación anterior se fundamenta en dos razones principales, a saber: en primer lugar, una protección basada en la obligación para que todos los organismos de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, privilegien la adquisición de bienes nacionales, en forma indiscriminada y sin que dicha preferencia esté claramente reglamentada y condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos básicos de calidad, precio y tiempo de entrega, constituirá una fuente renovada de abusos, corrupción y aumento acelerado del índice inflacionario, además de propiciar la evasión de responsabilidades, a todos los niveles ejecutivos, de los organismos públicos y empresas del Estado. En segundo lugar, una medida de este tipo, adoptada por nuestro gobierno en forma general, unilateral y para todo tipo de bien, violentará el proceso complejo de consultas previas entre las partes contratantes, previsto al efecto en los acuerdos multi y plurilaterales, como en el caso del GATT/OMC, Comunidad Andina y Grupo de Tres, de los cuales Venezuela es signataria. Ello derivará en severas repercusiones y dificultades en nuestras relaciones con los países que resulten afectados por las restricciones impuestas a sus exportaciones a nuestro país, además de dañar peligrosamente nuestra imagen y posición frente a los organismos multinacionales de financiamiento como el FMI, BM y BID.
No obstante, un análisis objetivo nos obliga también a reconocer que la adopción de medidas tendentes a revitalizar nuestra economía se ha transformado actualmente en una necesidad inaplazable. Pero la nueva política debe ser concebida sobre bases sólidas y con visión de mediano y largo plazo, sin perder de vista, así no estemos completamente de acuerdo con ella, que la «globalización» es un hecho real. Ella nos ha sido impuesta con el concurso de todos los países industrializados y no disponemos de los medios para impugnarla. Parafraseando a Wolfenson, presidente del Banco Mundial, la globalización es como la lluvia, ella simplemente existe y, así no nos guste, no podemos evitarla, mas sí podemos tratar de minimizar sus efectos negativos y aprovechar al máximo las, tal vez, pocas ventajas que ofrece, por ahora, a los países pobres. Al tratarse de nuestro país, creemos que por ser un importante productor de petróleo y seguro suministrador estratégico de los Estados Unidos, nos encontramos en una situación privilegiada para sacarle mayor provecho a esta modalidad. Ello se nos presenta así gracias a nuestra ubicación geográfica y a nuestras enormes reservas probadas de hidrocarburos. Esta posición, de instrumentarse la política sugerida en nuestro artículo anterior, «Un proyecto hacia una Venezuela Post-Petrolera», podría alcanzar niveles de mucha mayor trascendencia antes de finalizar la presente década.
Luce evidente que en las medidas proteccionistas anunciadas por el Gobierno nacional existe el claro peligro de recaer en un proceso involutivo que nos retrotraiga a la fracasada política de sustitución indiscriminada de importaciones aplicada, como un fin en sí mismo, en la América latina de los años 60 y cuyos resultados son ampliamente conocidos. Por el contrario, una política económica, en consonancia con la visión de mediano y largo plazo, tal como proponemos, debería basarse en el establecimiento de una protección arancelaria, temporal y decreciente, durante un número preestablecido de años. Ese trato preferente sería aplicado selectivamente a algunos bienes nacionales, siendo sus únicos beneficiarios, los sectores industriales los cuales, como el metal mecánico, son susceptibles de mejorar suficientemente su productividad, al punto de poder competir abiertamente en los mercados internacionales, una vez expirado el plazo otorgado.
Para el logro inequívoco de ese objetivo, las industrias seleccionadas, por presentar ventajas comparativas y potencialmente competitivas, deberán someterse a la ejecución de programas ad hoc de modernización y eventual expansión de sus procesos productivos. Estos programas deberán ser formalmente elaborados y acordados, caso por caso, con los organismos oficiales competentes, como resultado de un estudio previamente realizado por un equipo de expertos designado a tal fin. Las organizaciones con vocación internacional, como la ONU y el BID podrían ser invitadas a colaborar con el envío de los expertos antes aludidos. Adicionalmente, para que los empresarios seleccionados puedan realizar las inversiones necesarias a los fines propuestos, el Gobierno Nacional ofrecerá créditos a largo plazo, supervisados, los cuales beneficiarán de tasas preferentes de interés. Un plan de fuerte expansión de nuestra producción y refinación petrolera, realizable en el transcurso de la presente década, permitiría la «sustentabilidad» del programa antes descrito.
Alertamos, no obstante que este programa estará también condenado al fracaso, a menos que el Estado venezolano sepa utilizar sabia y eficazmente los enormes ingresos originados por la renta petrolera adicional. Nos referimos a la creación de nuevas infraestructuras físicas y a la modernización de las actualmente obsoletas, a la reforma de nuestro sistema judicial para que la seguridad jurídica devuelva el nivel de confianza al país, elemento esencial para atraer las inversiones directas extranjeras (IDE). Por último, el Estado deberá instrumentar políticas sanas en materia presupuestaria, fiscal y monetaria, condición indispensable para alcanzar y mantener los equilibrios necesarios y permitir que nuestro índice de precios al consumidor propenda a crecer a un ritmo no muy diferente al de nuestros principales socios comerciales. Un tal comportamiento económico evitará la sobrevaluación crónica de nuestra moneda, así como las devaluaciones periódicamente necesarias, sin las cuales nuestras empresas perderían fatalmente competitividad frente a la competencia foránea. De igual modo, los ingresos imprevistos o eventualmente percibidos en exceso por el Estado, es decir, los que no puedan ser absorbidos eficientemente por la economía, deberán ser represados. Esa medida evitará que su incorporación a la masa monetaria presione sobre la tasa de cambio y neutralice, de ese modo, los esfuerzos tendentes a mantener la estabilidad monetaria y de tasa de cambio.
Una última observación dirigida a los académicos reacios a aceptar soluciones no acordes irrestrictamente con los postulados neo-clásicos de competencia pura y perfecta y el Optimo de Pareto. El propio GATT, actualmente vigente a través de la OMC, en su artículo XIX prevé una solución satisfactoria, a situaciones tales como la que afecta a nuestro país . Ella consiste en la adopción de medidas temporales de salvaguarda del tipo antes sugerido. Por lo demás, es menester recordar que la propia Unión Europea, valiéndose de argumentos análogos, continúa protegiendo sus productos agrícolas mediante subsidios directos, cuyo monto agregado supera los 50 Millardos de dólares anuales, sin contar otros beneficios indirectos que alcanzan una suma similar. Es también ampliamente conocido que algunos miembros de la U.E., como Francia e Italia, no permiten el libre acceso de vehículos de fabricación japonesa a sus mercados. En efecto, hasta fines de los 90, dicha limitación sólo abarcaba unas miles de unidades por año. Otra protección es aplicada por la U.E. al acero y a diferentes productos «sensibles». En cuanto a los Estados Unidos y al Japón, lejos de reducir, estos países han aumentado los cuantiosos subsidios a sus agricultores. Igual situación ocurre a nivel de barreras no arancelarias y arancelarias, a través de las cuales protegen abiertamente a sus industriales cuando la situación, a su solo juicio, lo requiere.
Lo anterior nos sugiere que Venezuela o cualquier otro país que se encuentre en una situación similar a la que atraviesa actualmente nuestro país, no tiene porque avergonzarse en el caso de recurrir a medidas temporales de salvaguarda que protejan adecuadamente sus intereses. Pero en caso de optar por esa solución, hagámoslo bien de una vez por todas. El tiempo para improvisar y correr la arruga se agotó. Nuestro país requiere con urgencia de soluciones estructurales, no simplemente coyunturales, para los grandes problemas económicos y sociales que lo
