AES y la EDC: más vale pájaro en mano que mil volando

El Gobierno y la Electricidad de Caracas cerraron un acuerdo de venta de acciones que asciende a un monto de US$739 millones. La venta equivale a la compra del 82,14% del capital, garantizándose la preservación de los accionistas minoritarios.

Por su parte, AES ha dicho que esta empresa ha invertido US$2,3 mil millones en EDC desde que la compro en 2000 (pagó US$1,7 mil millones en el 2000 por las acciones y ha invertido desde entonces unos US$600.000 más).

Aun cuando deberíamos tener mucha más información para opinar con absoluta certeza sobre el valor pagado, como los planes de inversión, de recuperación de inversiones, los flujos de caja, la generación de ingresos y beneficios esperados en el futuro de la empresa, así como la gestión de negocio hasta la fecha (amortización, dividendos, etc.), una interesante situación puede haberse presentado en esta negociación.

En este punto hemos de reconocer que el gobierno ha cumplido lo prometido. Pagó el valor de cotización en bolsa (valor de mercado) y aún un poco más. De acuerdo al número de acciones que se registran en la Bolsa de Valores de Caracas, la Electricidad de Caracas tiene un valor en libros de US$ 842,19 millones, correspondiendo el 82,14% de dicho valor a la cifra de US$ 691,7 millones. No obstante, AES recibió US$ 739 millones, lo que indica un 6,8% por encima de su valor en la bolsa. O lo que es lo mismo, el valor de las acciones se pagó a Bs. 587 y no 550 bolívares que fue el cierre del día jueves 8 de enero, fecha en que se firmó el memo de entendimiento entre el gobierno y AES.

A pesar de lo señalado debemos aclarar una serie de aspectos en este sentido. En el supuesto de que un agente (por ejemplo, el Gobierno) desee comprar una empresa de cotización pública, es decir una empresa que mueve parte de sus acciones por medio de una bolsa de valores, la lógica es que el comprador lance una oferta de compra (o vaya adquiriendo las acciones en la bolsa de valores). Ahora bien, el valor de las acciones debería reflejar la capacidad de generación de ingresos y de beneficios de la empresa en el futuro. Así las cosas, y lamentablemente para AES, las inversiones realizadas recientemente y hasta la fecha, al menos ante este proceso de negociación, constituyen costos hundidos (costos no recuperables). Es decir, estos “costos” o inversiones son difíciles de trasladar a aplicaciones alternativas o ser movilizados fuera del país.

Aunado a lo anterior, se encuentra el hecho de que unos inversionistas extranjeros que ven la decisión del Estado (en este caso del Gobierno ante la inexistencia de fronteras entre el Ejecutivo y el resto de las instituciones del Estado en Venezuela) y ante una posición clara y definida de nacionalización, entre sus argumentos por razones estrategicas, les terminará dominando una especie de lógica resumida en un dicho venezolano: “es mejor pájaro en mano que mil volando”. Así, de no llegarse a un acuerdo y ante la absoluta indefensión de lo privado ante lo público (encarnado por el Ejecutivo), resultará preferible liquidar posiciones ante posibles mayores riesgos y con frágil certidumbre sobre los negocios (esto no implica que de tener éxito y no encontrar trabas administrativas y políticas no se conquisten importantes rentas, especialmente en la coyuntura de boom consumista por el que estamos atravesando, el problema radica en los beneficios esperados y el incremento en la probabilidad de los riesgos). Por otro lado, es preferible liquidar posiciones y no quedarse y exponerse a regulaciones que puedan incrementar el déficit tarifario, por ejemplo cuando se obligue a los accionistas a tener que financiar y capitalizar una empresa que sea operada, por imposiciones regulatorias, como una empresa pública (una especie de «winner curse» en las subastas o parecido a lo que les ocurre a las empresas pequeñas en el sector farmacéutico, que una vez aprobados los registros, patentes y permisos de comercialización de algún medicamento, adicionalmente se restringe legalmente la salida del mercado de algunos medicamentos. Esta configuración regulatoria e institucional, aunado a un escenario en el que la pequeña farmacéutica a partir de un momento en el tiempo del ciclo de vida comercial del medicamento incurre en pérdidas, sus accionistas se verán obligados a subsidiar a la demanda llevándolos a la quiebra por generaciones).

Con seguridad y al margen de preciosismos numéricos, estos argumentos pueden haber jugado un papel fundamental a la hora de la negociación. Esta negociación no es de igual a igual. El Gobierno por medio del juego político, por medio de presiones y anuncios sobre la toma de CANTV y “después veremos si pagamos y cuanto pagamos” (palabras de Chávez), o por medio de quedar comprometidos ante sus adeptos más radicales al ofrecer la estatización irreversible, despliega lo que se conoce en teoría de la organización industrial y en la teoría de juegos como un “compromiso estratégico” (strategic commitment). Lo que el Ejecutivo está jugando es a quedar lo suficientemente comprometido con cumplir sus amenazas de estatización, lo que le resulta una ventaja en la negociación, y la contraparte se adapta o acepta las condiciones, so pena de acciones más perjudiciales (este tipo de estrategia se conoce como Top Dog y lo que pretende es que un agente al ser lo suficientemente agresivo, claudique a su adversario en la negociación, quien pensará ser complaciente o de lo contrario el primero arremeterá).

Accionistas minoritarios:

Por otra parte, el caso de los accionistas minoritarios resulta incluso más contradictorio: ¿cuál es el atractivo de poseer acciones de una empresa pública, que como ha reiterado voceros gubernamentales cambiará sus objetivos de generación de beneficios y eficiencias en costos, por otros objetivos que determinarían una expansión del déficit tarifario? Obviamente el Ejecutivo tendrá que diseñar una formula para remunerar a estos inversionistas (posiblemente una transformación de las acciones en títulos de renta fija toda vez que los dividendos no parecen ser la razón de ser de la nueva empresa y por tanto se convertirían en poseedores de títulos de deuda de la empresa, más aun si no van a tener peso relativo en la Junta y esta última obrará por sus intereses políticos y no por los intereses de los pequeños accionistas).

Economista. Master en Economía Industrial. Especialización en Economía de las Telecomunicaciones. Especialización en Economía del Sector Energía.