Misión de la ONU confirmó crímenes de lesa humanidad en Venezuela
La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, dio a conocer este martes 15 de octubre su más reciente reporte en el que confirma que en Venezuela se ha incurrido en crímenes de lesa humanidad.
En el reporte de 158 páginas, la misión concluyó que “algunos de las graves violaciones a los derechos humanos investigadas durante el período que abarca el informe (01 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024), representan una continuación de la misma línea de conducta caracterizada como crímenes de lesa humanidad en los informes anteriores de la misión”.
Las violaciones incluyen “detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual cometidos como parte de una política discriminatoria, equivalente al crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, sobre la base de la identidad de las víctimas como real o percibida opositores del Gobierno, o simplemente como críticos del Gobierno”.
El período cubierto por la investigación de la misión se caracterizó “por actos de represión en el período previo a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, protestas masivas tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral sobre la victoria del Presidente Maduro, y la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados alineados con el Gobierno”, indica el documento.
Explicó que tras el anuncio de los resultados electorales, “las autoridades lanzaron una campaña sin precedentes de detenciones masivas e indiscriminadas”. Indicó la Misión que las detenciones, según cifras reportadas por las propias autoridades, se cuentan por miles, alcanzando niveles comparables solo a las protestas de 2014, 2017 y 2019.
Entre el 28 de julio y el 1 de septiembre 2024, la misión pudo documentar 143 detenciones, con base en información de al menos dos fuentes creíbles, “conscientes de que esto sólo representa una muestra de un universo mucho más grande”. Añadió que muchas de las detenciones en el período postelectoral se llevaron a cabo dentro del en el marco de la Operación Tun Tun, “que sirvió para amenazar y atemorizar a la población”.
Explicó que se desplegaron fuerzas de seguridad en los domicilios de las personas que habían participado en las protestas o que hubieran expresado opiniones críticas contra el Gobierno, para poder detenerlos.
Además, durante el período postelectoral, la misión obtuvo información sobre la detención de 158 niños (130 niños y 28 niñas) durante o después de las protestas, que fueron acusados de delitos graves como el terrorismo. “Se trata de un nuevo fenómeno que preocupa especialmente a la misión”, indica el reporte.
Detalla que las detenciones y los procedimientos judiciales que siguieron adolecieron de graves violaciones sistemáticas al debido proceso. “En la mayoría de los casos, las detenciones se llevaron a cabo sin una orden judicial, sin una base legal clara, y/o sin informar al detenido del motivo de su detención. El plazo de 48 horas para llevar a los detenidos ante un tribunal de control a menudo no se respetaba y las audiencias se celebraban sin publicidad, sin abogados de la elección de los detenidos, y por la tarde o primeras horas de la mañana. Después de las elecciones , las audiencias ante los tribunales de terrorismo se celebraban generalmente por videoconferencia, y a menudo eran sumarios y colectivos”.
Agregó que “en la mayoría de los casos investigados por la misión, la Fiscalía General imputó delitos graves como terrorismo o traición a la patria, que fueron previamente anunciados por el Fiscal General, sin iniciar ninguna investigación conducente a la individualización y establecimiento de hechos relacionados con aquellos cargos”.
Metodología
La misión indicó que realizó sus investigaciones de acuerdo con metodologías establecidas y mejores prácticas reconocidas por las Naciones Unidas, teniendo en cuenta una perspectiva de género. ”La misión trabaja según los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia, integridad y el principio de no hacer daño”, explicó.
Explicó que algunas personas no dieron su consentimiento a que la misión publicara los detalles de su caso, y otros retiraron su consentimiento posteriormente. No obstante, para preparar el documento, la misión realizó 366 consultas remotas o entrevistas cara a cara con 383 personas (203 hombres y 180 mujeres).
También realizó cuatro visitas de investigación a tres países. La misión agradeció la colaboración para la operación extendida por las autoridades de dichos países.
