La ruta verde, por Javier Ignacio Mayorca
Bongo no es una mascota callejera adoptada por los sargentos de la Guardia Nacional que están en Clarines. Este perro tradicionalmente tranquilo puede ponerse como loco cuando se acerca a una droga ilegal. No importa si es un cargamento de grandes dimensiones o una dosis personal: el animal entrará en un estado de excitación e intentará romper con sus patas los envoltorios donde la hayan ocultado.
El primer teniente Birzavit González aparentemente no esperaba que el “semoviente canino” (como llaman a Bongo en la jerga antidrogas) lo delataría. El oficial aparentaba hacer un viaje más a Margarita al mando de su Toyota 4Runner modelo 2013. En la isla él es plaza del Comando de Zona 71 del mismo componente militar de los guardias del puesto de carretera que intentaba cruzar, el lunes a las 7 am.
Pero el can no sabe de compañerismos. Nada de: “Pase Ud, mi primer teniente”. De inmediato, apuntó a unos implementos de orden público que iban en la cabina de la camioneta. Allí, ocultas, estaban 65 panelas de cocaína. El hombre, además, tenía 15.000 dólares en efectivo, según la minuta redactada por los sargentos.
González ni siquiera había alcanzado los cinco años de servicio en la Guardia Nacional y ya estaba al volante de una camioneta de “alta gama”. Aún así, es solamente un caso más en una sucesión de expedientes que involucra a militares activos en el transporte de drogas.
El día anterior, a las 2:20 am los guardias del puesto Punta de Piedra de Barinas apresaron al sargento primero del Ejército Isidro Charlis Pernía, adscrito a la 21 Brigada de Infantería de San Cristóbal cuando circulaba hacia Caracas en un Toyota Corolla, junto a una mujer y una niña de 4 meses de nacida, hija de ambos. Al lado de la niña, guardados en dos bolsos, hallaron 58 kilos de cocaína.
Sucesos como éste ocasionarían escándalo en cualquier lugar del planeta, menos en Venezuela. En un puesto vial de Mérida cayó un mayor del Ejército con aproximadamente 550 kilos de cocaína, escondidos bajo la plataforma de un camión de uso militar, y las autoridades desde el ministro de la Defensa hacia abajo desde entonces parecen más preocupadas por las noticias divulgadas a través de los medios que por el hallazgo en sí mismo. Ordenaron investigar cuál teléfono tomó la foto que luego apareció en las cuentas de las redes sociales, pero no cuál fue la red delictiva con ramificaciones en los cuarteles que logró captar al oficial Juan José Sorja para que transportara la droga.
Todos estos casos que involucran a militares activos son la consecuencia directa de por lo menos tres factores. En primer lugar, uno bastante mencionado en los discursos oficiales: Venezuela es uno de los principales territorios de paso de la cocaína producida en Colombia, Perú y Bolivia. Por el país corre aproximadamente el 27% de la producción mundial de esta sustancia. Esta cifra surge del cruce de los estimados anuales de la Organización de Naciones Unidas y del Departamento de Estado estadounidense.
Pero las drogas ilegales no pasan por un país sin dejar su impronta de corrupción y deterioro institucional. El caso venezolano, de acuerdo con el expresidente de la Conacuid Bayardo Ramírez, es un ejemplo de selectividad represiva, pues las autoridades solamente atacan los cargamentos que intentan llevar grupos ligados a las llamadas “bandas criminales” que surgieron tras la disolución del cartel colombiano del Norte del Valle. De acuerdo con Ramírez lo que lleve el sello de las FARC y del ELN no se toca. Y efectivamente, si revisamos la historia reciente, los casos de drogas investigados en el país que involucran a estos grupos guerrilleros se cuentan apenas con los dedos de una mano (José María Corredor, Yesid Ríos y Gentil Alvis Patiño, alias Chiguiro).
El tercer factor tiene que ver con la militarización plena de las actividades contra el tráfico de drogas en el país. Las policías civiles, incluida Cicpc, juegan un papel complementario a partir de la reforma a la legislación de esta materia, implantada en 2010.
Pero los controles externos a la institución castrense son prácticamente nulos. En Venezuela existe una larga tradición según la cual los miembros de la FAN resienten que cualquier civil se inmiscuya en sus asuntos. Y los civiles cayeron en ese juego. De manera que ahora los uniformados, amparados en la ausencia de supervisión externa y en una impunidad rampante han conformado varios grupos dedicados directamente al traslado de drogas.
En otros términos, para los militares ya no se trata solamente de decidir -previo pago- qué pasa y qué no pasa, lo que se conoce técnicamente como “rol regulador”. Ya fueron más abajo en la cadena de esta industria ilegal. Muchas más personas se han involucrado. Lo que implica además que los procesos de corrupción han llegado hasta la base de la jerarquía militar. Basta con pensar que cada kilo de polvo blanco manejado por el mayor Sorja le dejaría alrededor de 150 dólares, si hubiese llegado al destino. Es difícil creer que esto sucedería sin contar con la anuencia de uno o varios oficiales en la cadena de mando.
Estas son las cosas que debería investigar Padrino. No quién fue el militar que se indignó y puso a rodar las fotos del traficante detenido.
