El asalto al Parlamento, por Javier Ignacio Mayorca

El domingo 23 de octubre ocurrió un hecho sin precedentes en la historia democrática del país: una turba de hombres y mujeres tomó por asalto las instalaciones del Parlamento, en cuyo hemiciclo se llevaba a cabo una sesión para debatir la ruptura del orden constitucional.

En esta irrupción participó un grupo de aproximadamente 250 personas, algunas de ellas armadas, según testimonios concurrentes de periodistas que laboran en varios medios de comunicación, víctimas incluso de agresiones y del robo de sus equipos de trabajo. El primer objetivo fue la toma del salón protocolar en el sector norte, donde antiguamente operaba el Senado. Posteriormente irrumpieron en el recinto donde debatían los diputados. Quien escribe estas líneas estaba allí, en el palco del primer piso destinado a los periodistas.

De todo lo visto en esos momentos y de la información recopilada antes y después del suceso se pueden desprender algunas premisas:

*No fue un acto espontáneo: ya desde la mañana, grupos afectos al oficialismo se aglutinaron en los alrededores de la Asamblea Nacional, gritando consignas e insultos contra los actores políticos de la oposición que lograban reconocer. Estaba anunciado que durante la sesión del domingo 23 de octubre serían debatidos problemas claves, relacionados con la aparente ruptura del hilo constitucional del país, a propósito de la postergación “hasta nuevo aviso” del proceso revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. La ausencia de espontaneidad en la acción de estos grupos, paradójicamente, previno un resultado más lamentable que el de los tres lesionados conocidos hasta el momento. Sabían cómo “administrar” la violencia.

*Hubo una brecha de seguridad: en la fase previa a la sesión, datos extraoficiales indican que hubo agresiones contra efectivos de la Policía Nacional. Aún así, no se ordenó el refuerzo del dispositivo de vigilancia, lo que hacía relativamente sencillo trasponer la única barrera tendida por los cuerpos de seguridad en el perímetro del Parlamento. Las rejas de esta sede permanecieron abiertas hasta el inicio de la sesión, y prácticamente cualquiera podía pasar. Desde luego, en contextos de normalidad institucional los parlamentos deberían operar con las puertas abiertas. Pero sabemos que ese no es el caso venezolano.

En resumen, solo había un anillo de seguridad muy endeble y prácticamente sin áreas de transición que permitieran una reacción efectiva del mermado cuerpo de vigilancia interna del Poder Legislativo.

Cuando entraron los grupos para interrumpir la sesión parlamentaria, los efectivos de la Guardia Nacional se desentendieron de su tarea. Es posible que la presencia activa del alcalde de Libertador y miembro de la Dirección Nacional del Psuv, Jorge Rodríguez, haya propiciado esta actitud de los uniformados. En fin de cuentas, se trata de uno de los exponentes más poderosos del actual régimen. Ningún uniformado de la FAN “revolucionaria” osaría plantársele, so pena de ser arrestado y procesado.

*En el asalto participaron miembros de colectivos: los análisis posteriores a este evento, aunque muy recientes, indican que actuaron integrantes de grupos como el 5 de Marzo (con nueva dirección) y Che Guevara, así como también algunos militantes radicales traídos desde Falcón y posiblemente funcionarios de cuerpos de seguridad, quienes incluso monitoreaban la situación en el interior del recinto. Esto explicaría la utilización de cascos y chalecos de kévlar, antibalas, por algunos participantes en la arremetida. Para ellos, se trataba de una “toma simbólica”, que por ende tiene la finalidad de transmitir un mensaje.

*Esta acción no contó con el respaldo de todo el oficialismo: algunos parlamentarios del Psuv, con Héctor Rodríguez a la cabeza, participaron en la contención a los grupos que irrumpieron en el hemiciclo. Esto refleja por lo menos una ausencia de consenso entre ellos sobre la táctica a seguir en ese momento. Otra vez, este factor contribuyó a evitar daños mayores. Pensemos sólo por un momento en la magnitud del destrozo si los diputados oficialistas hubiesen faltado a la sesión o hubiesen abandonado el hemiciclo antes del ataque.

Las contradicciones se hicieron patentes cuando retornó la normalidad. Llama la atención que, una vez reiniciada la sesión parlamentaria, el diputado Elías Jaua no rechazara la acción violenta contra la institución parlamentaria. Por el contrario, en su intervención intentó retorcer las cosas hasta el punto de sugerir que este asalto era una consecuencia de la iniciativa opositora contra Nicolás Maduro, cuyo liderazgo Jaua atribuyó al presidente de la AN Henry Ramos.

*El silencio del Ministerio Público: hasta ahora la Fiscalía ha intentado pasar agachada frente a este bochornoso suceso. Estas líneas son escritas el lunes en la tarde y  no se ha producido un pronunciamiento de la titular del despacho Luisa Ortega, ni una nota de prensa para anunciar el inicio de una investigación. En estos casos como en los demás de investigación judicial y policial opera el principio: “Tiempo que pasa, evidencia que huye”. Mucho más si esa evidencia guarda relación con importantes operadores políticos.

Esta omisión de la Fiscalía en poco contribuye al rescate de la institucionalidad, y refuerza la noción –ya señalada en otros trabajos- sobre la “selectividad” con la que operan en ese despacho. Es decir, muy diligentes y dura lex cuando el afectado es un funcionario o exfuncionarios del régimen (caso Gabriela Ramírez, diciembre 2014), y en cambio toda la lenidad posible cuando los afectados son periodistas u opositores, aun cuando estos tengan una investidura parlamentaria.

De mantenerse la situación como está, lo más probable es que en los próximos días ocurran hechos aún más graves en ese mismo ámbito.