VP advirtió que si fracasa diálogo con el Gobierno regresarán a las calles
El partido opositor Voluntad Popular advirtió este miércoles que si las negociaciones en República Dominicana con el Gobierno de Nicolás Maduro no vislumbran una pronta solución a la crisis que padece en Venezuela, abandonarán el proceso para “estar en la calle defendiendo los derechos de la gente”.
“Esto lo advertimos, insisto, con sinceridad y humildad porque nos preocupa, porque nuestro interés no es ocupar un cargo, no es otro que poder atender esta crisis. Esta emergencia humanitaria que está afectando a todo el país”, manifestó en rueda de prensa el dirigente de la tolda naranja, diputado Juan Andrés Mejía.
El parlamentario afirmó que su organización acudió al diálogo “a pesar de las críticas (…) con la convicción plena (…) de que era ese el mejor camino para dar una respuesta al país”. Remarcó que ante el elevo índice de desabastecimiento de alimentos y medicinas concretar la apertura de un canal humanitario se ha convertido en “una necesidad”.
Pero, “pareciera indicar en el ambiente que no vamos a poder avanzar en esa supuesta negociación (…) quienes están Miraflores no quieren reconocer el desastre en el que estamos todos los venezolanos.”, lamentó el parlamentario.
Las negociaciones políticas entre buena parte de la oposición y el gobierno venezolano se reaunudarán este 11 y 12 de enero en Dominicana, bajo la mediación del presidente de ese país, Danilo Medina, el exmandatario español, José Luis Rodríguez Zapatero y los cancilleres de Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Chile y México. Este último aun no confirma si participará en los encuentros.
El antichavismo ha reiterado que sus exigencias dentro del proceso parten, principalmente, por acordar condiciones electorales «justas» de cara las próximos comicios presidenciales (todavía sin fecha) y la aceptación del Ejecutivo de ayuda internacional para recibir alimentos y medicamentos.
De las próximas reuniones, dijo Mejía, «esperamos hubiese una disposición real, manifestada por las partes, corroborada por los observadores (…) de que este año habrá un proceso electoral justo, con condiciones claras conocidas por todos los actores» y «sobre todo que se le van tomar acciones concretas para solventar la crisis humanitaria».
Mejía resaltó que la advertencia de su organización no significa que «enterrar» las conversaciones con el oficialismo, sin embargo, VP no continuará acompañando «eternamente un proceso que no dé resultados al pueblo» y que tampoco suscribirán acuerdos que representen una «claudiación a nuestra lucha».
«Lo que no vamos a hacer es aceptar la sumisión, aceptar el chantaje, las presiones que intentan ejercer para que nosotros convalidemos una farsa electoral, que lo que pareciera está planteado con unas elecciones que pretenden convocar en cuestión de semanas», arguyó.
«Inhabilitaciones» de la Constituyente
Preguntado sobre la decisión de la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de inhabilitar y exigir que nuevamente se relegitimen los partidos que no concurrieron a las elecciones municipales de diciembre pasado, el opositor indicó que esta es una prueba de la vacilación del Gobierno en el diálogo.
«¿Cómo planteas tú condiciones en una mesa y por el otro lado estás atacando a esas organizaciones que buscan una solución acordada a la crisis humanitaria?», se cuestionó Mejía.
Aseveró que en el seno de Voluntad Popular, una de las toldas afectadas por la medida, aun no se ha dado la discusión sobre si volverán a validarse, pero que la respuesta «definitiva» la darán cuando se oficialice la iniciativa de la ANC. «Por ahora eso es una amenaza», dijo.
En las negociones de este jueves y viernes, la MUD también exige las liberaciones de todos los presos políticos detenidos en cárceles del país, cifrado en 214 personas (según datos del Foro Penal Venezolano) y la devolución de las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora.
A su vez, la administración del presidente Nicolás Maduro reclama el reconocimiento de su Constituyente, desconocida por buena parte de la comunidad internacional y la oposición, así como la anulación de las sanciones económicas internacionales en contra del Gobierno.
