Universidades venezolanas entre déficit y reajustes económicos
Las universidades privadas intentan paliar la crítica situación económica con ajustes de matrículas para el próximo periodo académico, mientras que las universidades públicas reducen aún más la operatividad en sus áreas para garantizar servicios mínimos ante la situación de déficit presupuestario que las afecta, así lo indican diversos representantes del sector universitario público y privado.
La universidad metropolitana comunicó recientemente el ajuste de la matricula para el primer trimestre 2016 y 2017 que corresponde a un incremento de 130%. La Universidad Católica Andrés Bello también comunicó el reajuste en las distintas matrículas de sus respectivas carreras y precisó el aumento de recursos tecnológicos e internet, así como de mantenimiento en 1.000%.
“Las universidades públicas desde hace muchos años obtienes el grueso de su financiamiento del presupuesto fiscal y las universidades privadas exclusivamente de las matrículas que pagan los estudiantes. La educación de calidad es lo suficientemente cara como para que ningún estudiante pueda pagarla. Si nosotros le cobráramos a los estudiantes de la universidad metropolitana el valor de los servicios educativos y de conocimiento que ofrecemos, no habría estudiantes que pudieran pagar”, explicó Benamín Sharfiker, rector de la Universidad Metropolitana y ex rector de la Universidad Simón Bolívar, en una entrevista radial a propósito de la situación actual de las casas de estudios.
Por su parte, el secretario de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte, precisó que en el caso de las universidades públicas la situación es mucho más crítica. Concretamente, en la Universidad Central de Venezuela el déficit y la crisis presupuestaria se refleja en todas las actividades académicas.
“La situación real es que apenas podemos sobrevivir por el esfuerzo de nuestros profesores. Hay una crisis terrible, no hay capacidad económica para financiar investigaciones, trabajos de campo, salas clínicas; es decir, todo lo que tiene que ver con e el día a día está obstaculizado. Igual pasa con los servicios estudiantiles, todo lo que sirve para proteger a los estudiantes, como la salud, el comedor, trasporte. Para eso no hay recursos. A pesar de eso, las universidades, en su conjunto, siguen produciendo conocimiento”.
Fidel Jaramillo, secretario de reclamos y convención colectiva de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Universidad Central de Venezuela, enfatizó la urgencia de reajustar los salarios, que en el caso de los profesionales que conforman el gremio de la UCV, ronda lo 30 mil bolívares.
“El año pasado se firmó la segunda convención de manera unilateral y no resumió las expectativas de de los trabajadores, porque solo se logró un aumento de 20% desde 2015, cuando tuvimos una inflación de 180%, según el Banco Central de Venezuela”.
Según Jaramillo, la operatividad de la casa de estudios ha disminuido de manera considerable por la reducción del presupuesto.
“La operatividad de la universidad se ha reducido un 80% para el desarrollo de investigaciones y el funcionamiento administrativo. La mayoría de nuestros profesionales ocupan cargos que tiene que ver con labores técnicas, ejercicios en laboratorios y también en el area administrativa, todas áreas se han visto afectadas porque no disponemos de los recursos que debería garantizar el Estado para el funcionamiento de la universidad”.
Modelo para reformar
Los trabajadores del sector universitario publico, así como las autoridades de las casas de estudios privadas, coinciden en la necesidad de un cambio de modelo de financiamiento que garantice la continuidad de presupuestos y financiamientos estables, que permitan mejorar la calidad de vida de trabajadores, el desarrollo de labores en los campus universitarios y que garanticen el acceso a los servicios dentro de las universidades.
«Una de las propuestas que esperamos presentar en septiembre, en la tercera convención, es la que tiene que ver con la asignación de un presupuesto de para la UCV que garantice una mayor operatividad y financiamiento. Nuestros esfuerzos también están enfocados en discutir las tablas salariales y garantizar la correspondencia con los índices inflacionarios a partir de 2017”, destaca Jaramillo.
El problema de fondo, según Belmonte, radica en las mejoras socioeconómicas de profesores y trabajadores. “Solo somos un objetivo político, nos ven simplemente como una especie de laboratorio o de institución para transformarla en un aparato ideológico y no para lo que debe ser: para producir conocimiento”.
Según Sharifker, es necesario un modelo de financiamiento distinto de las universidades, tanto públicas como privadas.
“Tenemos que buscar forma de financiamiento que hagan sostenible la educación. Las universidades oficiales no puede depender del presupuesto fiscal ni las privadas pueden depender solamente de las matrículas. Tenemos que ir hacia un modelo en donde el verdadero beneficiario de lo que se hace en la universidad, que es la sociedad, consiga los mecanismos de financiar la universidad”.
